Andalucía tarda un año y medio en atender a las personas dependientes, 451 días más que Castilla y León: el lugar donde vives decide tu dignidad

En España existe el derecho a cuidar y ser cuidado con dignidad. Y depende de dónde vivas tienes acceso a él antes o después. Un estudio demuestra que el lugar de residencia determina de forma decisiva el acceso a la atención pública para las personas en situación de dependencia en España. Mientras en Andalucía el proceso desde la solicitud hasta el acceso efectivo a una prestación alcanza los 565 días, en Castilla y León ese mismo trámite se resuelve en 114, mientras que en Ceuta son solo 65 días. Son datos del informe elaborado por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y otras universidades españolas, promovido por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) y que demuestra que el lugar en el que vives decide tu futuro, tu vida y tu dignidad.

El estudio, titulado El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España y publicado recientemente, analiza el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el mecanismo público creado en 2006 para garantizar atención a quienes no pueden valerse por sí mismos. El sistema está dirigido a cualquier persona en situación de dependencia, independientemente de su edad: mayores, personas con discapacidad, enfermos crónicos o menores que necesitan apoyos. Sus conclusiones revelan que las diferencias entre comunidades autónomas no son marginales: afectan al tiempo de espera, a la cantidad de dinero que recibe cada persona, a los servicios disponibles y a la calidad de la atención prestada.

El plazo legal máximo para resolver una solicitud de dependencia es de seis meses. El propio informe lo califica de “excesivamente extenso”. La realidad, sin embargo, lo supera con creces: la media nacional roza el año, y en Murcia el proceso se extiende hasta los 562 días, cifra similar a la de Andalucía.

Un derecho que no llega igual a todos

El SAAD se diseñó como un sistema universal: el acceso debía depender de la necesidad de cada persona, no de dónde viviera. La Ley de Dependencia de 2006 estableció criterios comunes de valoración en todo el territorio. Pero la gestión del sistema recae sobre las comunidades autónomas, y esa descentralización ha generado modelos de atención muy distintos según la región.

El gasto público por persona beneficiaria en 2024 oscila entre los 4.132 euros anuales en Aragón y los 7.445 euros en La Rioja. País Vasco destina 6.707 euros por beneficiario; Castilla-La Mancha, 6.526. Las diferencias en financiación se traducen directamente en diferencias en cobertura, en intensidad de los servicios y en los tiempos que una persona debe esperar para recibir ayuda.

El informe calcula la llamada “brecha de cuidados” por comunidad autónoma, es decir, la proporción de personas con necesidades de atención que no reciben apoyo público suficiente. Canarias, Cataluña, la Comunidad de Madrid y La Rioja presentan las brechas más altas del país, tanto en términos de personas sin ningún tipo de atención como en términos de insuficiencia de los apoyos recibidos. En el extremo opuesto se sitúan Asturias, Castilla y León y el País Vasco, con brechas sistemáticamente por debajo de la media nacional.

Las diferencias se aprecian también en el porcentaje de personas atrapadas en el “limbo de la dependencia”, es decir, aquellas que ya tienen reconocido un grado de dependencia pero aún no reciben ninguna prestación efectiva. En Castilla y León ese porcentaje alcanza el 15,3% de las personas con derecho a prestación pendientes de resolución. En País Vasco, apenas el 0,1%.

El peso de los copagos

Otro factor que varía según el territorio es el copago, la cantidad que la persona dependiente debe abonar por los servicios que recibe. Aunque existe un acuerdo del Consejo Territorial con criterios comunes, su aplicación práctica difiere de forma sustancial entre comunidades autónomas. En la atención residencial, los copagos pueden superar el 70% del coste total del servicio, lo que convierte el acceso en una barrera económica para los hogares con menos recursos.

Las prestaciones económicas vinculadas al servicio residencial que abona el SAAD tienen una cuantía media mensual de 568 euros para personas con el grado más alto de dependencia. El precio medio de concertación de una plaza residencial para personas mayores en España es de 1.922 euros mensuales, lo que obliga a las familias a asumir la diferencia.

El informe reconoce avances en los últimos años. El Plan de Choque en Dependencia, aprobado en 2021, impulsó un aumento sostenido de la financiación estatal y permitió reducir el llamado “limbo de la dependencia” en más de un 70% entre 2015 y 2025: de 384.000 personas sin prestación efectiva a 107.000. A finales de 2025, el SAAD atendía a 1.610.266 personas con un total de 2.274.461 prestaciones, de todas las edades y perfiles.

Pese a esa mejora, tres de cada cuatro personas mayores de 65 años con alguna limitación en su vida diaria siguen sin recibir atención efectiva del sistema, un colectivo que concentra la mayor parte de la demanda pero que no agota el universo de quienes necesitan apoyos. Entre quienes sí reciben atención, el 28% considera que los apoyos son insuficientes para cubrir sus necesidades reales.

La asistencia personal, casi inexistente fuera del País Vasco

Una de las prestaciones con mayor potencial para mejorar la autonomía de las personas dependientes —de cualquier edad— es la asistencia personal, que permite a quien la recibe contratar apoyo para desarrollar su proyecto de vida. Su implantación en España es marginal: solo 11.932 personas la reciben en todo el país. De ellas, 7.621 —el 64%— viven en País Vasco, principalmente en Gipuzkoa, una provincia que representa apenas el 1,5% de la población española.

El informe atribuye esa concentración a que la Diputación Foral de Gipuzkoa reguló esta prestación y la abrió a personas de cualquier edad, mientras que en el resto del territorio su desarrollo ha sido prácticamente nulo.

Para alcanzar la cobertura universal de la dependencia en 2030, el estudio estima que el gasto público en el SAAD tendría que crecer desde el 0,71% del PIB actual hasta el 1,29%, y que el sector necesitaría incorporar entre 400.000 y 600.000 trabajadores adicionales.