No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

El PP abona el terreno para una victoria legítima o una derrota que haga saltar las alarmas en las próximas elecciones generales. El argumento no es tanto la ley de nietos, aprobada en el Congreso de los Diputados en el marco de la Memoria Democrática, incluso avalada por el Alberto Núñez Feijóo presidente de Galicia, como por una posterior reinterpretación que ha dado lugar a que un mayor número de personas quepa en la norma, o una ampliación del plazo inicialmente previsto para el trámite, o un refuerzo en el número de empleados en embajadas y consulados para facilitarlo, especialmente en los países con una alta demanda de solicitudes, casos de Argentina, Cuba, Brasil o México.

La oposición suma uno más uno y le sale que Pedro Sánchez está alterando el censo para dar un vuelco en las generales. Que hace “ingeniería electoral” para sumar escaños en provincias clave, vía voto CERA, es decir el de los compatriotas que residen en el extranjero, a fin de mantenerse en el poder. Que sin esos votos “fabricados”, las tiene perdidas. Para el Gobierno, se trata de una reparación histórica por fin resuelta.

Según el INE, cada mes somos en torno a 16.000 españoles más. Desde julio de 2023, última vez que pasamos por las urnas, el padrón exterior ha crecido en 375.027 inscritos, un 16,1% más, y para las próximas generales, previstas para 2027, ese incremento se acercará a los 600.000 votantes adicionales, con un total que rozará los tres millones de inscritos. Detrás de esa cifra está la llamada ‘ley de nietos’.

Llamada porque no existe como tal en el ordenamiento jurídico. Es, en realidad, la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que salió adelante en 2022 con 173 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y PDeCAT), 159 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP) y 14 abstenciones (ERC y BNG).

La norma entró en vigor el 21 de octubre de aquel año y abrió la puerta a que hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero pudieran obtener la nacionalidad si sus ascendientes la perdieron o renunciaron a ella por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco, sin necesidad de haber residido nunca en territorio español.

Lo que vino después

El texto original de la ley exigía acreditar que el ascendiente sufrió una persecución política concreta. Poco después de su aprobación en el Congreso, una instrucción administrativa del Ministerio de Justicia eliminó en la práctica ese requisito. A partir de entonces, bastaba con ser descendiente de un español que hubiera salido del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de demostrar que el motivo fue el exilio político. El efecto fue inmediato: el universo de potenciales beneficiarios se amplió de forma sustancial, y las solicitudes empezaron a llegar en volúmenes que ninguna previsión administrativa había contemplado.

El plazo para presentar solicitudes se fijó inicialmente en dos años desde la entrada en vigor de la norma, con la posibilidad de una prórroga adicional de un año por acuerdo del Consejo de Ministros. Esa prórroga se activó, y el plazo definitivo se cerró el 22 de octubre de 2025. A esa fecha, el Ministerio de Asuntos Exteriores había registrado 2,4 millones de peticiones de cita para presentar la documentación. De ellas, 1,2 millones ya habían pasado por las oficinas consulares. La tasa de denegación del proceso se sitúa apenas en un 2%.

La tramitación del proceso recae en la red consular española en el exterior, compuesta por 180 oficinas repartidas por todo el mundo. Es allí donde el solicitante presenta su expediente y acredita el vínculo familiar mediante actas de nacimiento, partidas de matrimonio, pasaportes o, en los casos de exilio político, certificados de partidos o pensiones de exiliado. Una vez aprobada la solicitud, el interesado presta juramento de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución, y su nacimiento queda inscrito en el Registro Civil Consular. Desde ese momento es legalmente español, pero aún no figura en el censo electoral.

Para votar necesita un paso más: registrarse como residente en la demarcación consular. En la práctica, la mayoría de los consulados gestionan ambos trámites en la misma cita. El interesado firma el alta en el Registro de Matrícula Consular y cumplimenta el formulario del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que declara el municipio español al que queda adscrito a efectos electorales. El formulario ofrece varias opciones de justificación -municipio de última residencia, de mayor arraigo propio o de mayor arraigo de los ascendientes- y una cuarta casilla: “Otros motivos”. No existe un mecanismo de verificación establecido para esa última opción. Cuando el nuevo ciudadano no puede acreditar arraigo en ninguna provincia concreta, queda adscrito por defecto a la Comunidad de Madrid.

“Argentina, la tercera provincia”

El volumen de solicitudes desbordó con rapidez la capacidad de la red consular. El cónsul general en Buenos Aires, José María Ridao, reconoció que al ritmo administrativo habitual haría falta más de un siglo para resolver todos los expedientes acumulados en su demarcación. Los consulados españoles en Argentina concentran alrededor del 40% de todas las solicitudes presentadas, y la capital argentina acumula 640.000 de ellas. Argentina es el país con más inscritos en el CERA: 505.168 electores, el 18,8% del total del censo exterior. De ahí que dirigentes como Isabel Díaz Ayuso exclamen que “Argentina será la tercera provincia de España en las elecciones generales”.

Para hacer frente a la situación, el Ministerio de Asuntos Exteriores autorizó en 2025 la contratación de 657 nuevos efectivos de personal laboral en el exterior, un 43% más que el año anterior, con refuerzo específico en las oficinas de Argentina, Cuba y México. En diciembre de 2025 se implantó en todos los consulados el llamado Escritorio Único de Tramitación, una aplicación informática para gestionar los expedientes de forma electrónica. El Ministerio de Justicia adjudicó en abril de 2026 un contrato de 1,7 millones de euros a la empresa Neoris España para reforzar los sistemas informáticos de tramitación de nacionalidades. Exteriores firmó, a su vez, un contrato de 1.131.295 euros con el Grupo Empresarial Palco para aportar personal al consulado de La Habana.

A 31 de marzo de 2026, el Exteriores cifró en 544.722 las solicitudes aprobadas, con 306.500 inscripciones practicadas en el Registro Civil Consular. Estos últimos son los únicos con derecho efectivo a voto en ese momento.

Las tres preocupaciones del PP

El PP ha anunciado que está encima del proceso, vigilante ante un posible fraude. Las dudas que el partido traslada giran en torno a tres puntos: la dificultad de verificar los antecedentes familiares, la asignación de circunscripciones a los nacionalizados sin arraigo demostrable en ninguna provincia española y la existencia de esa casilla de “otros motivos” en el formulario de adscripción electoral.

Díaz Ayuso fue más directa y advirtió de que “cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no le pertenece, ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Vox ha pedido directamente que no haya voto CERA en las próximas elecciones.

Elma Saiz, portavoz del Gobierno, ha calificado estas acusaciones como una “irresponsabilidad mayúscula” y recuerda que la ley de nietos responde a “principios de reparación y justicia” hacia quienes tuvieron que abandonar España durante la dictadura, o que se trata de una norma similar a la de otros países de nuestro entorno. También, que el PP aceptó durante la tramitación parlamentaria un mecanismo de acceso a la nacionalidad para descendientes de exiliados y que en su recurso de inconstitucionalidad no solicitó la derogación de estaa disposición.

Respecto a la regularización extraordinaria de migrantes, otro de los frentes los últimos meses de esta legislatura, y cuyo plazo de solicitud concluyó el 29 de junio con más de 1,2 millones de peticiones, no hay lugar a la duda, pese a las que se pretendieron imponer durante semanas: la regularización da derecho a residir, pero no a votar.

Madrid y la adscripción por defecto

El incremento del CERA no se reparte de forma uniforme. Madrid ha pasado de 379.961 inscritos en el exterior en julio de 2023 a 486.223 en mayo de 2026, un aumento de más de 106.000 nuevos electores con una tasa de crecimiento del 28%, casi el doble de la media nacional. La provincia es la circunscripción que más diputados reparte en el Congreso y la única en la que el voto exterior modificó el reparto de escaños en las generales de 2023, cuando un acta pasó del PSOE al PP. Ese crecimiento desproporcionado se explica en parte por la norma de adscripción por defecto ya mencionada.

El escrutinio del 23-J ofrece un antecedente que sitúa mejor el debate, o quizá que lo enciende. En esas generales, el PP fue la fuerza más votada entre los españoles en el exterior, con 66.422 sufragios frente a los 58.973 del PSOE, según las actas oficiales. El partido de Núñez Feijóo se impuso en el voto CERA de siete comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Galicia y Andalucía. En Madrid, el PP obtuvo 19.006 votos frente a los 10.411 del PSOE, resultado que determinó el traspaso del escaño en disputa. La participación exterior pasó del 6,85% en las generales de 2019 al 10% en 2023, tras la eliminación del voto rogado.

El comportamiento electoral de los nuevos nacionales incorporados al censo por la ley de nietos es, por el momento, una incógnita. No hay encuestas sobre su orientación política ni estudios que permitan anticipar hacia dónde se decantarán sus papeletas. Lo que sí registran las cifras oficiales es que, con un CERA que se acercará a los tres millones de inscritos, el peso del sufragio exterior sobre el resultado final de las próximas generales será mayor que en cualquier elección anterior. Las próximas elecciones generales serán la primera vez en que ese voto, por su volumen, podría no solo alterar el reparto de escaños en varias circunscripciones, sino determinar qué partido o bloque alcanza una mayoría.