“Tenemos la suficiente experiencia como para concluir que nada de lo que hace Pedro Sánchez es por ingenuidad. Aquí hay una ingeniería electoral que consiste en un espacio muy corto de tiempo, un año o año y medio, incrementar en dos millones y medio el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español. (...) 640.000 en la ciudad de Buenos Aires, que se convertirá en una de las grandes ciudades españolas”. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho esta denuncia en esRadio, entrevistado por Federico Jiménez Losantos, refiriéndose a la regularización extraordinaria de migrantes pero también o sobre todo a la llamada ley de nietos.
Su compañera de filas y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho esta misma denuncia en un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, señalando que “la tercera provincia en número de votos en las próximas elecciones será Argentina”. Para la dirigente, se estarían alterando las “reglas del juego” de cara a las generales, previstas en 2027. “El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria, según donde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño”, ha defendido la dirigente, quien también ha advertido: “Cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece estaría haciendo algo ilegal”.
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Las claves de la ley de nietos
La ley de nietos es el nombre con el que se conoce una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. Su objetivo original era reparar una deuda histórica: permitir que los descendientes de españoles que se vieron forzados al exilio durante la Guerra Civil y la dictadura franquista pudieran recuperar la nacionalidad española. En concreto, la norma abre esa posibilidad a hijos, nietos y bisnietos de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad por razones políticas, ideológicas, de creencia o de identidad sexual. También se benefician las hijas de mujeres que perdieron el pasaporte español al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.
La aplicación práctica de la ley ha resultado mucho más amplia de lo previsto. Una instrucción administrativa firmada poco después de su aprobación en el Congreso eliminó en la práctica la obligación de acreditar una persecución política concreta. A partir de entonces, bastaba con ser descendiente de un español que hubiera salido del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de demostrar que el motivo fue el exilio. Eso abrió la puerta a millones de descendientes de emigrantes económicos de finales del siglo XIX y principios del XX, especialmente en América Latina.
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Argentina, a la cabeza
Los datos más recientes, correspondientes a junio de 2026, sitúan en 2,62 millones el número de personas que han iniciado algún trámite para acogerse a la ley. De ellas, los consulados han recibido presencialmente 1,2 millones de expedientes y ya se han entregado 557.709 pasaportes. El plazo para solicitar la nacionalidad venció en octubre de 2025, pero los números siguen creciendo a razón de unas 100.000 nuevas solicitudes al mes, a medida que los consulados van procesando el atasco acumulado.
Y, en efecto, Argentina encabeza el volumen de peticiones con diferencia: los cinco consulados españoles en el país registran 462.815 expedientes, con más de 645.000 citas aún por tramitar. Al ritmo actual de resolución -unos 10.000 casos al año-, el cónsul general en Buenos Aires ha advertido que harían falta más de un siglo para ponerse al día. Tras Argentina, los principales países de origen de los solicitantes son Cuba, Brasil y México.
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Díaz Ayuso ha asegurado que su gobierno estará muy pendiente de este proceso, además del papel de “cónsules y funcionarios”, temiendo por la limpieza de las próximas y cruciales elecciones generales. Para Núñez Feijóo, se trata simple y llanamente de “fabricar votantes”.
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