Las claves de la polémica con la llamada 'ley de nietos'

Madrid, 4 jul (EFE).- La llamada 'ley de nietos' se ha situado esta semana en primera línea del debate público después de que Alberto Núñez Feijóo hablara de "ingeniería electoral" y desatara los ataques del PSOE por cuestionar un proceso que se aprobó en 2022 para que los hijos y nietos de exiliados puedan acceder a la nacionalidad española.

Un total de 2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista han solicitado la nacionalidad española a través de esta vía, incluida en la Ley de Memoria Democrática, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.

Las claves de esta nueva polémica política son las siguientes:

Fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien originó la polémica al declarar el lunes, en una entrevista en EsRadio, que Sánchez pretende hacer "ingeniería electoral" y "fabricar votantes" a través de la 'ley de nietos', al afirmar que en un año y medio se iba a incrementar en 2,5 millones el número de votantes.

Feijóo explicó que el PP está preocupado por cómo se están ejecutando las nacionalizaciones y alertó de que los consulados -o empresas externas contratadas para agilizar el proceso- tienen la potestad de asignar una provincia cuando los solicitantes no tienen arraigo en ninguna.

Ante el aluvión de críticas, el partido ha negado insinuar cualquier posible fraude electoral, reconociendo que apoyaron que la ley otorgara la nacionalidad a los exiliados, pero rechazan que se beneficien los demás descendientes de españoles.

Además han denunciado falta de transparencia en el procedimiento y por eso han solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y otras iniciativas sobre la tramitación de los expedientes.

Vox rechaza la 'ley de nietos' por creerla una vía de concesión "masiva", "arbitraria" y "descontrolada" de nacionalidades en un intento del Gobierno de "alterar" el censo electoral, denuncia "pucherazo" electoral y mantiene una ofensiva jurídica y parlamentaria en España y la Unión Europa.

El partido ya recurrió en 2023 la Ley de Memoria Democrática ante el Tribunal Constitucional y el mes pasado solicitó ante la Secretaría de Estado de Justicia declarar nula la instrucción que regula la aplicación de la norma, exigiendo su paralización cautelar, aparte de pedir a la Junta Electoral Central suspender el voto por correos de residentes en el extranjero y las inscripciones en el censo exterior.

Ante la Comisión Europea ha denunciado la norma esta semana, alegando que la concesión de nacionalidades vulnera el derecho de la UE y pone en riesgo el espacio europeo de seguridad, y ha exigido en el Congreso explicaciones al Gobierno sobre el incremento de trabajadores en los consulados para reforzar la tramitación de nacionalidades.

Los socialistas, que defienden que el procedimiento tiene todas las garantías, han cargado contra el PP por cambiar ahora su posición para seguir los pasos de Vox, intentando generar dudas sobre el sistema electoral y miedo entre la ciudadanía.

"A veces no sabemos quién copia a quién; habitualmente, Abascal dispara y Feijóo compra el relato", ha señalado esta semana la portavoz del partido, Montse Mínguez, quien ha pedido expresamente a Feijóo que deje de mentir sobre este asunto.

La portavoz cree que si el PP toma este camino de cuestionar el funcionamiento del sistema electoral es porque "demasiado bien no le va" y ha acusado a Feijóo de tener "ignorancia y mala fe" por mezclar la 'ley de nietos' con la regularización de migrantes y el voto exterior.

La ley para que los judíos sefardíes pudieran obtener la nacionalidad española, que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy como una "reparación histórica" con estos judíos expulsados por los Reyes Católicos en 1492, salió adelante el 11 de junio de 2015 en el Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Los solicitantes tuvieron que acreditar su origen y su especial vinculación con España a través del conocimiento de la lengua y la cultura, aunque no tuvieran residencia legal en el país.

Según los datos actualizados en junio del Ministerio de Justicia, a lo que ha tenido acceso EFE, se ha concedido la nacionalidad por la vía sefardí a 74.499 personas, quedan pendientes de resolver otras 7.879 solicitudes y se han denegado 5.857 expedientes.

El voto exterior en las últimas generales de 2023 benefició al PP, que ganó un escaño por Madrid en detrimento del PSOE y pasó de 136 a 137 diputados.

Se emitieron un total de 233.688 sufragios, un 10,04 % de los 2,3 millones de inscritos en el censo de españoles residentes en el extranjero (voto CERA). EFE