El Supremo obliga a Interior a facilitar los datos de la nacionalidad de los migrantes internados en los CIE: “Es un avance hacia la transparencia”

El Tribunal Supremo ha ordenado a la Dirección General de la Policía que facilite los datos de la nacionalidad de las personas internadas en los diferentes Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay repartidos por toda España, lo que supone un avance importante en favor de la transparencia, según ha destacado el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), organización que impulso la demanda hace más de tres años.

“La resolución supone un importante avance para la transparencia y el derecho de acceso a la información pública y resulta especialmente relevante en un momento en el que la Unión Europea avanza hacia un endurecimiento de sus políticas migratorias en las que la privación de libertad de personas migrantes deja de ser un último recurso, excepcional y sujeto a la proporcionalidad de este tipo de medidas, para convertirse en una herramienta central para la gestión migratoria“, señala el SJM en un comunicado.

La sentencia del Supremo anula la resolución de la Dirección General de la Policía que impedía conocer datos clave sobre el funcionamiento de los CIE, establecimientos de carácter no penitenciarios donde ingresan las personas que se encuentran en situación irregular en España por no tener los papeles en regla. El fallo deja claro que la Administración no puede rechazar solicitudes de información pública con el argumento de que podría suponer un perjuicio para las relaciones exteriores de España con los países afectados.

En concreto, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska argumentaba que esto podría dificultar en el futuro la labor de las diferentes embajadas y consulados a la hora de documentar a los ciudadanos extranjeros en situación de irregularidad, lo que “afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones”. Sin embargo, a partir de ahora, será necesario demostrar un perjuicio real y específico para limitar el acceso a estos datos.

Tanto el SJM como otras organizaciones sociales llevan años denunciando la falta de transparencia en torno a estos centros. Sus informes anuales advierten que la opacidad dificulta el análisis riguroso sobre temas como la vinculación entre nacionalidad y privación de libertad, la efectividad de las expulsiones o el impacto de las políticas de control fronterizo. Con esta sentencia, el acceso a información sobre la nacionalidad de las personas internadas permitirá un mayor control y evaluación pública de las prácticas en estos centros.

Una administración “más abierta”

Para el SJM, la sentencia representa un avance hacia una administración más abierta, donde la información sobre el funcionamiento de los CIE sea accesible para cualquier ciudadano. “Es gracias al trabajo sostenido de personas voluntarias de los equipos de visita a CIE que podemos alzar la voz sobre las vulneraciones de derechos en estos centros y conocer el perfil de las personas internadas. Con esta sentencia podremos acceder además a información útil para el acompañamiento y la incidencia”, explica Iván Lendrino Tejerina, coordinador del Programa CIE del SJM.

Por su parte, Javier Ignacio Moreno Gómez, abogado del SJM, añade que el derecho a la información pública “no solo es un pilar fundamental del principio de transparencia y del derecho a una buena administración, sino que también, en tiempos de desinformación, tiene un carácter relevante, ya que la opacidad institucional no es neutral: alimenta la estigmatización, valida estereotipos nocivos y perpetúa el sesgo racista en el diseño de las políticas públicas que impactan directamente en las vidas de las personas migrantes y racializadas”.