La Audiencia Nacional condena a Francisco Granados a dos años y medio de cárcel por amañar contratos públicos en favor de una empresa de festejos del ‘caso Púnica’

La Audiencia Nacional ha condenado al ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados a dos años y medio de prisión por favorecer la adjudicación de contratos públicos a la empresa Waiter Music en el marco de la pieza del ‘caso Púnica’ centrada en la organización de festejos en distintos municipios madrileños. La Sala de lo Penal le considera autor de un delito continuado de fraude y otro continuado de prevaricación, por el que además le impone ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La sentencia, correspondiente a la pieza separada número 7 de la macrocausa Púnica, concluye que Granados desempeñó un papel clave para facilitar el funcionamiento del sistema de adjudicaciones, pese a no intervenir formalmente en la tramitación administrativa de los contratos. Según los magistrados, actuó como “elemento impulsor y facilitador del sistema” gracias a su posición de poder político y a la influencia que mantenía sobre los responsables de adoptar las decisiones.

El tribunal sostiene que esa capacidad de influencia permitió favorecer de forma continuada a la empresa Waiter Music, propiedad del empresario José Luis Huertas, fallecido antes de que pudiera ser juzgado. A cambio, añade la resolución, Granados recibió prestaciones en especie consistentes en la organización de eventos privados sufragados por el empresario, sin que estos fueran abonados.

Los hechos juzgados abarcan un periodo comprendido entre 2007 y 2014 y se refieren a contratos para la organización de fiestas patronales, carnavales, cabalgatas de Reyes y otros eventos festivos en varios municipios madrileños gobernados por el PP.

Un sistema de adjudicaciones predeterminado

La sentencia considera acreditado que Waiter Music trabajó durante años para distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gracias a un sistema en el que los expedientes administrativos estaban orientados para que los contratos acabaran siendo adjudicados a esa empresa o a otras sociedades controladas directa o indirectamente por José Luis Huertas.

Según los hechos declarados probados, la compañía prestó servicios para el Ayuntamiento de Valdemoro entre 2004 y 2013 y también organizó festejos entre 2007 y 2011 en municipios como Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de En Medio.

La Audiencia Nacional explica que esa relación comercial respondía a un esquema estable. Por un lado, Waiter Music organizaba los festejos públicos contratados por los ayuntamientos y, por otro, ofrecía servicios adicionales que beneficiaban directamente a responsables políticos. Entre esos servicios figuraban actuaciones extraordinarias durante las fiestas, actos organizados para agrupaciones locales del PP o celebraciones privadas de algunos de sus dirigentes. Según recoge el fallo, esos trabajos no eran facturados a quienes los recibían.

La resolución añade que José Luis Huertas asumía directamente el coste de algunos de esos servicios y, en otros casos, incrementaba el importe de las facturas correspondientes a los contratos públicos para absorber ese gasto. El objetivo, según el tribunal, era mantener el favor de los responsables municipales y asegurar la continuidad de las adjudicaciones.

La responsabilidad atribuida a Granados

Los magistrados destacan que la responsabilidad de Francisco Granados no deriva de haber firmado personalmente los expedientes administrativos, sino de la influencia política que ejercía sobre quienes sí tenían capacidad para adoptar las decisiones. Asimismo, considera probado que “mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa”, lo que permitió favorecer las adjudicaciones a Waiter Music. La Sala añade que esa influencia iba acompañada de un beneficio personal para Granados mediante la recepción “sistemática de prestaciones en especie no retribuidas”, consistentes en eventos privados sufragados por el empresario.

El tribunal subraya además que la propia dinámica de los hechos revela que las adjudicaciones se desarrollaban en un contexto en el que la relación política y personal entre Granados y el empresario facilitaba la obtención de decisiones favorables para la compañía, aunque sin necesidad de que existiera una intervención directa en cada procedimiento administrativo.

Además de Granados, la sentencia condena a los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza, a cuatro años de prisión, y José Miguel Moreno, a dos años. También impone dos años de cárcel a la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera y al exalcalde de Moraleja de En Medio Carlos Alberto Estrada. Por el contrario, el tribunal absuelve a quienes fueron alcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo, así como a otros dos acusados que también estaban siendo juzgados en esta pieza separada.

La resolución supone la primera gran condena por corrupción impuesta a Francisco Granados dentro de los procedimientos derivados del ‘caso Púnica’. La macrocausa, abierta en 2014, fue dividida en más de una decena de piezas separadas para investigar distintas líneas de actuación relacionadas con presuntas adjudicaciones irregulares y otros delitos de corrupción.

Granados ya había sido condenado anteriormente dentro del ‘caso Púnica’. En 2017 recibió una pena de dos años de prisión por haber recibido un aviso de un guardia civil sobre la investigación que se estaba desarrollando en su contra. Aquella condena fue posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. En ese procedimiento no se le juzgó por el desvío de fondos públicos ni por las adjudicaciones irregulares que constituyen el núcleo de la investigación, sino exclusivamente por el chivatazo recibido antes de que estallara la operación policial.