El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

El Tribunal Supremo ha fijado un criterio de gran relevancia para los consumidores al declarar abusiva la imposición de seguros de vida de prima única vinculados a la contratación de una hipoteca cuando el cliente no puede elegir libremente la aseguradora. La resolución supone un importante respaldo a los prestatarios y establece una doctrina que podría tener consecuencias para otros casos similares, al reforzar las exigencias de transparencia que deben cumplir las entidades financieras durante la concesión de préstamos hipotecarios.

La sentencia resuelve el recurso presentado por un cliente de Banco Popular, entidad posteriormente integrada en Banco Santander. Aunque el afectado obtuvo inicialmente una resolución favorable en primera instancia, una audiencia provincial revocó esa decisión. Finalmente, el Tribunal Supremo ha dado la razón al consumidor al considerar que la cláusula incluida en el préstamo hipotecario incumplía los requisitos de transparencia y generaba un desequilibrio importante entre las partes.

El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando el cliente firmó una hipoteca con un plazo de amortización de 40 años y un capital superior a los 151.000 euros. Sin embargo, dentro de esa cantidad se incorporó una prima única de 24.467 euros destinada a financiar un seguro de vida que cubría el pago del préstamo en caso de fallecimiento del titular.

Según explica la resolución judicial, ese seguro tenía como tomador al propio banco y era comercializado por una aseguradora perteneciente al mismo grupo empresarial. Para el Alto Tribunal, el consumidor no tuvo una capacidad real para negociar esa condición ni para contratar una póliza equivalente con otra compañía, pese a que la normativa europea contempla esa posibilidad.

Uno de los aspectos que más peso ha tenido en la decisión es la falta de transparencia. Los magistrados han considerado que la escritura del préstamo hipotecario no recogía de forma clara la existencia del seguro de vida, pese a que sí aparecía reflejado en otros documentos entregados durante la operación. Esa circunstancia impedía al cliente conocer con exactitud el coste total de la financiación que estaba asumiendo.

El banco ocultaba el gasto al cliente

Además, el Supremo ha considerado que el importe de la prima debía haberse integrado correctamente en el cálculo del coste global del préstamo y, por tanto, en la Tasa Anual Equivalente (TAE). Al no hacerlo, el consumidor no podía valorar adecuadamente cuánto iba a pagar realmente por la financiación, lo que generaba un importante desequilibrio contractual.

La Sala de lo Civil ha destacado también que la prima única representaba más del 16% del capital inicial del préstamo, una cifra que considera especialmente relevante. A juicio de los magistrados, tras una aparente operación financiera se ocultaba un gasto de gran importancia que incrementaba notablemente el importe del crédito concedido sin que el prestatario pudiera apreciar con claridad su verdadero impacto económico.

Otro de los argumentos utilizados por el Alto Tribunal se centra en la libertad de contratación. La sentencia recuerda que la legislación permite a los bancos exigir determinadas garantías para proteger el reembolso de los préstamos hipotecarios, entre ellas la contratación de un seguro de vida. Sin embargo, esa posibilidad no autoriza a imponer una aseguradora concreta ni un determinado modelo de pago cuando existen alternativas en el mercado.

En este caso, el Supremo concluye que el banco obligó al consumidor a contratar un seguro con una entidad perteneciente a su propio grupo empresarial y mediante una modalidad de prima única, financiada además con el propio préstamo hipotecario. Esa práctica, señala la resolución, beneficiaba exclusivamente a la entidad financiera y no respondía al interés del cliente.

La sentencia recuerda igualmente que la Dirección General de Seguros ya había advertido desde hace años sobre este tipo de productos. El organismo consideraba inadecuado e incluso abusivo obligar al prestatario a financiar mediante el préstamo una póliza de vida correspondiente a toda la duración de la hipoteca, una práctica que incrementaba considerablemente el endeudamiento del consumidor.