
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, ha reclamado que la futura Ciudad de la Justicia de Palma incluya viviendas para los funcionarios judiciales, muchos de los cuales, ha alertado, no pueden hacer frente al elevado coste de vida del archipiélago.
Ha sido durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament para presentar la Memoria Judicial de 2025, cuyos datos se conocieron semanas atrás, ante los diputados.
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Gómez también ha sometido a las preguntas de los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, quienes le han cuestionado acerca de diversas cuestiones relacionadas con la administración de Justicia.
Uno de ellos ha sido la problemática a la que, como muchos otros colectivos laborales, se enfrentan los funcionarios judiciales a la hora de trasladarse a Baleares.
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El magistrado ha explicado que el 58% de los funcionarios de la administración de Justicia destinados en el archipiélago son interinos, una cuestión que agrava todavía más su situación.
Gómez ha recordado el caso de una trabajadora de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJIB, donde él desempeña sus funciones, que tuvo que abandonar el archipiélago debido a que no podía hacer frente al elevado coste de la vida con su salario, que oscilaba entre los 1.200 y los 1.300 euros mensuales.
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Esta realidad, ha concedido, "no tiene una sola solución", pero una de ellas podría ser que la futura Ciudad de la Justicia, cuyo proyecto de urbanización ya ha salido a concurso pero que todavía tendrán que pasar varios años para que sea una realidad, incluya viviendas reservadas para los funcionarios judiciales.
"Eso ya se habló y cada vez que viene el secretario de Estado de Justicia le digo que se tendrían que poner estas viviendas. El solar permite un edificio para esto. Lo tenemos que mirar más adelante. Es una idea positiva que se tiene que intentar conseguir", ha subrayado.
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Otra de las vías en las que se está trabajando para mejorar las condiciones de los trabajadores de la administración de Justicia, ha proseguido, es en la equiparación del plus de insularidad con Canarias.
De hecho, ha afirmado, la Sala de Gobierno del TSJIB ya ha solicitado a sus dos vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que les organicen una reunión con el Ministerio de Justicia para abordar este asunto.
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"Es necesario que nos equiparen con Canarias, de otro modo no saldremos de esta. Estamos encima y en todos nuestros informes hacemos referencia al coste de la vida. No sé si lo conseguiremos o no, pero estamos encima", ha dicho.
Gómez, preguntado por ello, ha descartado la posibilidad de que a Baleares se le aplique un tratamiento especial para que sus jueces puedan hacer frente al incremento de trabajo derivado de la población flotante que visita el archipiélago durante los meses de verano.
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Es una cuestión, ha explicado, que no viene recogido en ninguno de los preceptos de la ley orgánica del poder judicial "como tal". El único refuerzo que se hace en verano es en Eivissa, pero por otros cauces.
También relacionado con la mayor de las Pitiusas, el magistrado ha lamentado que el nuevo edificio judicial de la isla, aunque el actual se encuentre en buen estado, "todavía no esté acabado". "Las obras están licitadas y son carísimas. Está en trámite, pero impugnado ante el tribunal administrativo", ha añadido.
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EL USO DEL CATALÁN ENTRE LOS JUECES
El uso que hacen los jueces del catalán ha sido otro de los temas de debate durante la comparecencia de Gómez. Aunque no hay datos oficiales que lo avalen, su percepción personal es que "se usa muy poco".
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"De los 146 jueces que somos, diría que uno y medio redactan las sentencias en catalán", ha dicho. En cualquier caso, se ha comprometido a intentar reforzar el programa para incentivar el uso de la lengua propia de Baleares, que lleva algunos años en marcha.
"Igual hay que poner más carteles para que la gente se anime a hablar catalán. Hay que hacer un esfuerzo y yo no me desanimaré", ha concluido.
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