El fiscal César de Rivas sostiene que Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, participó en el “operativo parapolicial delictivo” Kitchen. Según De Rivas, la finalidad de esta operación no era obtener fondos de Luis Bárcenas en el extranjero, sino apoderarse de documentos y grabaciones vinculados al caso Gürtel que podían implicar al PP y a sus principales dirigentes, por lo que pide para él 15 años de prisión. También ha pedido cárcel para el comisario Villarejo, con un total que asciende a los 19 años.
Ante la Audiencia Nacional, el fiscal ha argumentado que la operación Kitchen no constituyó una acción de inteligencia legal, sino un dispositivo ilícito diseñado para retirar documentación a Bárcenas. De Rivas solicita una condena de 15 años de prisión para Fernández Díaz, integrante del primer gabinete de Mariano Rajoy. Entre los materiales que el operativo pretendía obtener figuran grabaciones a las que Bárcenas hacía referencia en sus conversaciones con el entonces presidente del Gobierno.
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El fiscal solicita la misma pena de 15 años de prisión para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Guardia Civil; y Andrés Gómez Gordo, inspector jefe. Para Sergio Ríos, el antiguo chófer de Luis Bárcenas que colaboró como confidente, la acusación reclama una condena de 12 años y medio de prisión.

Acusación sobre Fernández Díaz
El fiscal remarcó que “se ha acreditado en el plenario la participación, ya desde el momento de la captación de Sergio Ríos –chófer de Bárcenas–, tanto de Francisco Martínez, secretario de Estado, como de Jorge Fernández Díaz, en su condición de ministro del Interior”. Esta afirmación se apoya en los mensajes incriminatorios que el propio exnúmero dos de Interior registró ante notario y que, según la acusación, evidencian el conocimiento y la implicación de ambos altos cargos en el inicio y desarrollo del operativo Kitchen.
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Según sus palabras, “desde el momento en que fue concebido el operativo, ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo”. De Rivas ha explicado que el propósito no era colaborar con la investigación del caso Gürtel, sino obtener documentos y pruebas que pudieran implicar al PP y a sus principales responsables. El fiscal ha detallado que antes de acciones como la captación de Sergio Ríos o las vigilancias sobre Rosalía Iglesias, los acusados ya buscaban información sensible que Bárcenas podía tener en su poder.
Esa documentación, relacionada con Gürtel, incluía grabaciones sobre Mariano Rajoy y Javier Arenas que, según Bárcenas, podrían resultar comprometedoras. La preocupación por este material quedó reflejada en los diarios y agendas de José Manuel Villarejo, quien según De Rivas, “cuando escribía en sus agendas no se engaña a sí mismo y redactaba exactamente lo que estaba viviendo”.
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Además, el fiscal ha rechazado que se tratara de un operativo de inteligencia legal, señalando que los acusados nunca mantuvieron contacto con el juez instructor ni con la UDEF, responsable de la investigación oficial de Gürtel. Por tanto, mantiene las exigencias preestablecidas y solicita penas de hasta las casi dos décadas para Villarejo.
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