España se posiciona como el mejor país europeo en derechos LGTBI+

España se posiciona por primera vez en lo más alto de Europa en derechos LGBTI+, destronando a Malta, que había liderado el ranking durante una década en el Mapa Arcoíris anual de ILGA-Europe, el índice que evalúa a 49 países europeos según sus leyes y políticas en materia de igualdad LGBTI+. Sin embargo, este liderazgo convive con una realidad mucho más compleja en el día a día.

El informe destaca que España alcanza una puntuación del 88,70% tras cumplir buena parte de los compromisos asumidos en los últimos años, especialmente los vinculados a las leyes LGBTI y trans de 2023. Entre los avances destacados figuran la adopción de planes de acción para la igualdad de derechos LGBTI y trans, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la implementación plena de la despatologización de las personas trans dentro del sistema sanitario.

Sin embargo, el propio informe advierte de que una buena posición en el Mapa Arcoíris solo refleja marcos legales y políticas públicas, no necesariamente la realidad cotidiana. En España, como en otros países europeos, la brecha entre el progreso normativo y la experiencia vivida sigue siendo significativa. Las agresiones contra personas LGBTI han aumentado un 15% desde 2024, según un informe reciente de la Federación Española LGTBI+, un dato que se relaciona con el crecimiento de discursos de odio que alimentan la violencia contra los colectivos más vulnerables.

Desde ILGA-Europe, la subdirectora Katrin Hugendubel subraya que “el primer puesto de España es un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando un gobierno decide deliberadamente impulsar la igualdad en lugar de retroceder”. Añade además que, aunque aún queda trabajo por hacer, el caso español demuestra que “la valentía política es una elección, y que los gobiernos que la ejercen pueden resistir con eficacia”.

Un mapa de contrastes en Europa

Por otra parte, el informe sitúa a Malta en segundo lugar con un 88%, tras perder el liderazgo que mantenía durante una década. Aunque este descenso se debe al ascenso de España, también refleja cierto estancamiento en las reformas maltesas, donde sigue pendiente un marco integral contra la discriminación bloqueado desde 2019. Le siguen en el ranking Islandia y Bélgica, con un 85%.

En el extremo opuesto del ranking se encuentran Rusia con un 2%, Azerbaiyán con un 2% y Turquía con un 5%. Dentro de la Unión Europea, Rumanía ocupa la posición más baja con un 19%, seguida de Bulgaria con un 20% y Polonia con un 22%, lo que evidencia las profundas diferencias que aún persisten en el continente en materia de derechos LGBTI+.

España lidera, pero ¿qué necesita mejorar?

El Mapa Arcoíris evalúa a los países mediante un sistema de indicadores agrupados en distintas categorías que conforman una escala del 0 al 100%, las cuales se construyen a partir de criterios específicos con ponderaciones diferentes dentro del cálculo final. Cuando un país cumple un criterio, total o parcialmente, el sector correspondiente se refleja en los gráficos, disponibles en la web oficial del informe.

España obtiene resultados altos en varias áreas: en familia, espacio de la sociedad civil y asilo alcanza el 100%, mientras que en igualdad y no discriminación llega al 97,91%. En reconocimiento legal de género obtiene un 88,57%. Las áreas donde presenta mayores desafíos son delitos de odio y discursos de odio, con un 66,79%, e integridad corporal intersexual, con un 50%.

Para mejorar la situación jurídica y política de las personas LGBTI en España, ILGA-Europe recomienda reforzar las políticas de lucha contra el discurso de odio, actualizar el marco legal de reconocimiento de género para incluir opciones no binarias o de tercer género y garantizar mecanismos eficaces que eviten intervenciones médicamente innecesarias en menores intersexuales.

El informe dibuja una realidad ambivalente: España encabeza el avance legislativo europeo en derechos LGBTI+, pero el reto sigue estando en transformar esas normas sobre el papel en una protección real y efectiva en la vida cotidiana, de modo que los derechos reconocidos se traduzcan en seguridad, igualdad y libertad para las personas en su día a día.