La Inspección de Trabajo ha enviado más de 20.000 comunicaciones a empresas de toda España este mes de junio para advertirles de posibles irregularidades en sus contratos temporales y de fijos discontinuos, según la información difundida este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Las afectadas tienen un plazo de un mes para regularizar su situación antes de que se abran expedientes.
Se trata del I Plan de Choque contra el Fraude en la Contratación, la primera iniciativa de este tipo que ha puesto en marcha la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en 2026. El plan busca detectar empresas que utilizan contratos temporales o de fijos discontinuos cuando la relación laboral debería ser indefinida u ordinaria, respectivamente.
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Concretamente, el plan actúa sobre dos tipos de contratación. Por un lado, persigue el uso de contratos temporales en puestos que, por su naturaleza, deberían cubrirse con una relación laboral indefinida. Por otro, apunta a los contratos de fijos discontinuos que encubren empleos fijos ordinarios. El criterio de detección en este caso apunta a los trabajadores que hayan permanecido al menos 10 meses y medio en alta en una misma empresa durante los últimos 12 meses.
Las cifras del operativo
En total, la ITSS cursó 20.149 comunicaciones que afectan a 31.545 contratos en todo el país. El desglose por tipo de contrato muestra que 9.076 de los avisos corresponden a contratos temporales, con 14.071 relaciones laborales afectadas. Las 10.973 restantes se dirigen a empresas con contratos de fijos discontinuos bajo sospecha, e involucran a 17.474 contratos.
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Las empresas que recibieron la comunicación de la Inspección disponen de un mes para corregir las irregularidades detectadas de forma voluntaria. Transcurrido ese plazo sin que se acredite la regularización, la ITSS iniciará las actuaciones inspectoras que correspondan, lo que puede derivar en sanciones administrativas.
Un cambio de reglas que viene de 2022
El origen de este plan está en la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021 y en vigor desde marzo de 2022. La norma impulsada por la ministra Yolanda Díaz restringió el contrato temporal a dos supuestos concretos: circunstancias de la producción o sustitución de un trabajador. La figura del contrato fijo discontinuo quedó entonces reservada para actividades intermitentes o estacionales. Cualquier empresa que use estas modalidades para cubrir necesidades estructurales y permanentes incumple la ley.
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La reforma también endureció el régimen sancionador. Las multas, que oscilan entre 1.000 y 10.000 euros, se imponen por cada trabajador afectado, no por empresa. Eso significa que una compañía con diez contratos irregulares puede enfrentarse a una factura de hasta 100.000 euros si no regulariza antes de que actúe la Inspección.
Los precedentes del plan
La Inspección de Trabajo repite así una estrategia que ya desplegó dos veces en 2025, en mayo y en noviembre, pero el alcance de este primer plan este año es, por el momento, inferior al de los anteriores. El II Plan de Choque de 2025, ejecutado en noviembre, envió 37.114 comunicaciones que afectaban a 77.210 contratos, más del doble que el actual.
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Los datos de 2024 ilustran que la estrategia de avisar antes de inspeccionar funciona para el fraude en los contratos. De los 301.450 contratos analizados ese año, la gran mayoría se regularizó de forma voluntaria: solo 5.281 acabaron en infracción formal, con multas que totalizaron algo más de 5,2 millones de euros y una cuantía media situada en el tramo más bajo, alrededor de 1.000 euros por contrato.
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