Once amigos ayudaron a morir a Ramón Sampedro, el último gesto de amor de Ángel hacia María José y la lucha de Noelia Castillo contra su familia: las historias de valentía de los pioneros de la eutanasia

El 4 de abril de 2019, los telediarios de toda España mostraron en pantalla a María José Carrasco y Ángel Hernández. Era un vídeo casero del matrimonio en el que se veían los últimos momentos de vida de la mujer. “¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte?”, preguntaba él. “Sí”, respondía ella.

María José padecía desde hacía 30 años esclerosis múltiple y deseaba poner fin a su sufrimiento pero, por aquel entonces, la eutanasia no era más que un proyecto en España y todavía debía esperar dos años para aprobarse en el Congreso de los Diputados. Hernández fue detenido por ayudar a su mujer a ejercer un derecho hoy reconocido en España: la muerte digna.

Hubo que esperar hasta el 25 de junio de 2021 para que la eutanasia entrase en vigor en el país. Desde entonces, 1.668 personas se han acogido a esta prestación, que todavía hoy afronta retos importantes para llegar a hacerse efectiva.

Ramón Sampedro

La lucha por la eutanasia en España puede remontarse a 1983, cuando el doctor Miguel Ángel Lerma envió una carta al director del diario El País con la idea de montar una asociación que reivindicase el derecho a la libre disposición de la vida en España. Esta asociación, conocida hoy como Derecho a Morir Dignamente, tardaría un año más en establecerse.

A sus puertas llegó en 1992 Ramón Sampedro. Este marinero y escritor gallego se partió el cuello con 25 años después de un accidente en la playa de As Furnas. El hombre quedó tetrapléjico y postrado en una cama el resto de su vida. Sampedro escribió a Derecho a Morir Dignamente 24 años después de su accidente, pidiendo cianuro, una solicitud que desde DMD no pudieron atender.

Sí le ofrecieron la asesoría legal suficiente como para acudir a la Justicia. Sampedro pidió a los tribunales en 1994 que permitiesen a su médico de cabecera que le ayudase a morir. CITA. La demanda le llevó hasta el Tribunal Constitucional, pero Sampedro nunca llegó a ver el final de su deliberación: el 12 de enero de 1998, murió por envenenamiento de cianuro.

Sampedro encargó a 11 amigos diferentes colaborar en su propia muerte, cada uno con tareas que, en sí mismas, no constituían un delito, y que le permitieron consumir la dosis letal. “Él había diseñado, desde la clandestinidad, su propia muerte. Un proceso calculado minuciosamente donde la acción se apoyó en diferentes manos, reduciendo así al máximo la posible responsabilidad penal de las personas implicadas“, recuerda Gené Gordó i Aubarell, acompañante y amiga de Sampedro en sus últimos años de vida, en un artículo de DMD.

La historia de Sampedro revolucionó España e inspiró años después la película Mar adentro, dirigida por Amenábar.

Eskarne, la primera eutanasia de España

El 18 de marzo de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Fueron 202 votos a favor y 141 en contra, con dos abstenciones, los que convirtieron a España en el séptimo país del mundo y cuarto en Europa en reconocer este derecho.

Habían pasado 23 años de la muerte de Ramón Sampedro y, durante el camino, muchos otros habían terminado por recurrir al suicidio para poner fin a su sufrimiento. En 2007 fue Madeleine Z, en 2016 el profesor Antonio Aramayona, en 2017 lo hizo José Antonio Arrabal y en 2019, fue Ángel Hernández el que ayudó a María José Carrasco a acabar con su vida. Otros, como Inmaculada Echevarría (2007), Pedro Martínez (2011) o José Luis Sagües (2014) optaron por rechazar sus tratamientos o recurrir a la sedación.

La eutanasia entró en vigor el 25 de julio de 2021 y, menos de un mes después, Eskarne se convirtió en la primera beneficiaria. Falleció a los 86 años en su propio domicilio, rodeada de sus familiares y con asistencia médica. La mujer había dejado clara su voluntad en un testamento vital registrado años antes, en el que expresó que la autonomía y calidad de vida eran para ella fundamentales. Con los años, su estado de salud se fue resintiendo, hasta ser incapaz de levantarse de la cama por su propio pie. Los médicos evaluaron esta situación como irreversible y sin alternativas terapéuticas, lo que le permitió acceder a la muerte asistida.

Noelia Castillo y el derecho de las familias

La LORE cumple cinco años desde su entrada en vigor, pero la eutanasia todavía afronta retos en su implantación en el país. El más reciente lo han personificado Noelia Castillo y su padre, que consiguió retrasar dos años la muerte de su hija por vía judicial.

Noelia Castillo vivía con una paraplejia desde el año 2022 que le provocaba un sufrimiento intenso y constante. Las autoridades reconocieron su derecho a la eutanasia en 2024, pero su padre recurrió el proceso ante la justicia. El hombre, de profundas convicciones cristianas, alegaba que su hija no estaba capacitada para tomar la decisión, ya que padecía enfermedades mentales. Su demanda pasó por varias instancias hasta llegar al Tribunal Constitucional, que permitió, casi dos años después, que Noelia cumpliese su deseo. La joven falleció el 26 de marzo de 2026, a los 25 años, siendo una de las más jóvenes del país en recibir la eutanasia.

Su legado no terminó aquí. Tras conocer su caso y otros similares, como el de Francesc Augé, el Tribunal Supremo reconoció el derecho de personas con una “vinculación particularmente estrecha” al solicitante de eutanasia a recurrir la prestación ante los tribunales. La sentencia, adelantada a finales de mayo y hecha pública el 23 de junio, ha generado una “profunda preocupación” entre los colectivos defensores de la muerte digna. “Nadie, excepto la propia persona interesada, está legitimada para solicitar la eutanasia, o revocar su solicitud en cualquier momento, y nadie debe poder interferir en su voluntad”, valoraron desde DMD.

La judicialización de la eutanasia se une a otros retos. Actualmente, menos de la mitad de los solicitantes de la muerte asistida consiguen recibirla y se debe, en gran parte, a la lentitud del proceso. En 2025, 374 solicitantes murieron antes de poder recibir la eutanasia. De ellos, 91 ya habían recibido un informe favorable para lograr la prestación. En España, los pacientes tardan, de media, 73 días desde su solicitud hasta conseguir la muerte asistida, un mes más del que marca la ley.