La Guardia Civil detiene a seis personas, entre ellas la concejala de Comercio, tras registrar el Ayuntamiento de Soria por presunta organización criminal y blanqueo

La Guardia Civil ha detenido a seis personas, cuatro de ellas en Soria y dos en la Comunidad de Madrid, en el marco de una operación judicial que ha incluido el registro del Ayuntamiento de la capital soriana y de dos viviendas particulares relacionadas con la investigación. Entre los arrestados figura la concejala de Comercio, Yolanda Santos, según han confirmado fuentes conocedoras de la investigación a EFE. Las actuaciones están vinculadas a presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Según ha informado el instituto armado a EFE, la operación se desarrolla bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Soria. Las diligencias permanecen abiertas y se encuentran bajo secreto de sumario, por lo que no han trascendido las identidades de los detenidos ni más detalles sobre su posible implicación en los hechos investigados. La Guardia Civil tampoco descarta que puedan producirse nuevas detenciones en el transcurso de las pesquisas.

Los registros comenzaron a primera hora de la mañana de este martes en distintas dependencias municipales del Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, la investigación judicial se centra en el área de Comercio del Consistorio.

El foco de la investigación, en el área de Comercio

Según ha adelantado elDiario.es, la investigación afecta al entorno de la concejala de Comercio, Yolanda Santos, integrante del equipo de gobierno municipal socialista. Santos poseía un tercio de la empresa de actividades deportivas Biosfera Soria hasta 2019, año en el que se incorporó al equipo de gobierno del entonces alcalde Carlos Martínez como responsable de Turismo y Comercio. Tras su entrada en política, vendió sus participaciones en la sociedad y, desde 2020, la administradora única de la empresa es Ángela Blázquez.

La normativa vigente impide que los concejales, tanto del gobierno como de la oposición, posean más del 10% de una empresa. Según las informaciones publicadas, Santos dejó de formar parte de la mercantil antes de asumir responsabilidades políticas.

No obstante, la empresa continuó contratando con distintas administraciones. Entre 2023 y 2025, el Ayuntamiento de Soria adjudicó a Biosfera Soria diversas actividades por un importe aproximado de 55.000 euros. Además, la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, dependiente de la Junta, destinó otros 75.000 euros a un proyecto vinculado a un aula en un bosque soriano.

Fuentes del sector empresarial de la provincia sostienen a elDiario.es que las cuantías adjudicadas podrían estar justificadas por los servicios prestados, aunque señalan que el principal debate radica en la compatibilidad de esas contrataciones con la condición de concejala de quien había sido socia de la empresa.

En el marco de la operación desarrollada este martes, además del Ayuntamiento, la Guardia Civil registró dos inmuebles particulares vinculados a la investigación. Según ha explicado el exalcalde Carlos Martínez a El País, uno de ellos corresponde a la vivienda que también sirve como sede de la pequeña empresa vinculada a la socia de la concejala, mientras que el otro es el domicilio de esta última.

El Ayuntamiento pide prudencia mientras crece la presión política

El Ayuntamiento de Soria emitió un comunicado durante la jornada en el que aseguró que está colaborando con la autoridad judicial y facilitando toda la documentación e información requerida por los investigadores. “Al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse”, señaló el Consistorio. La institución municipal también hizo un llamamiento a la prudencia y al respeto a los procedimientos judiciales mientras se desarrollan las actuaciones.

El actual alcalde de Soria es Javier Antón, senador socialista que asumió la Alcaldía después de que Martínez abandonara el cargo, que ocupaba desde 2007, para concurrir como candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y pasar posteriormente a liderar la oposición socialista en las Cortes autonómicas.

Desde la oposición, el Partido Popular reclamó explicaciones públicas tras conocerse el alcance de la operación. Un portavoz de la formación aseguró que las informaciones conocidas durante la jornada son “muy graves” y sostuvo que Carlos Martínez debe ofrecer explicaciones a los ciudadanos de Soria y de Castilla y León tanto en su condición de secretario general del PSOE autonómico como por su etapa al frente del Ayuntamiento y como portavoz del grupo socialista en las Cortes.