El PSOE blinda sus controles internos tras los casos de Zapatero, Ábalos o Leire Díez: más vigilancia patrimonial y expulsión por consumo de prostitución

El PSOE quiere cerrar una de las etapas más turbulentas que ha atravesado en los últimos años reforzando sus propios mecanismos de control. Tras meses marcados por polémicas que han golpeado de lleno a la organización, la dirección socialista aprobará el próximo 27 de junio una batería de medidas destinadas a aumentar la vigilancia sobre sus dirigentes, endurecer las exigencias éticas y reforzar los controles internos para evitar que determinadas decisiones vuelvan a quedar en manos de una sola persona.

La reforma llega en un contexto especialmente sensible para el partido. Por un lado, la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a colocar el foco sobre la necesidad de reforzar la transparencia y el control patrimonial de quienes ocupan responsabilidades públicas y orgánicas. Por otro, las informaciones que durante los últimos años han rodeado al exministro José Luis Ábalos han terminado de empujar a Ferraz a endurecer su Código Ético hasta el punto de establecer la expulsión directa por consumo de prostitución.

No son las únicas razones que explican este movimiento. La dirección socialista también busca pasar página de la crisis provocada por distintas denuncias de acoso sexual dentro del partido y del desgaste causado por las últimas polémicas vinculadas a presuntas irregularidades, entre ellas el denominado ‘caso Leire Díez’. El resultado es un paquete de reformas que afecta prácticamente a todos los niveles de la organización: desde el patrimonio de los dirigentes hasta la gestión de gastos, pasando por los procedimientos disciplinarios o la estructura de la propia Secretaría de Organización.

Aunque algunas de estas iniciativas ya fueron anunciadas hace un año, durante el Comité Federal del 5 de julio, necesitaban el desarrollo reglamentario de los estatutos para poder aplicarse. Ese paso llegará previsiblemente a finales de este mes y permitirá que entren en vigor de manera definitiva.

Más control sobre el patrimonio de los dirigentes

Una de las principales novedades será el refuerzo de las obligaciones de transparencia patrimonial. La dirección socialista considera que el seguimiento de la situación económica de quienes ocupan puestos de responsabilidad debe convertirse en una herramienta permanente de control y no limitarse a momentos concretos.

Por ello, los miembros de las ejecutivas federal, autonómicas y provinciales estarán obligados a presentar una declaración de bienes al inicio y al final de sus mandatos. La exigencia también alcanzará a los cargos públicos electos y a quienes desempeñen funciones en empresas públicas.

Sin embargo, el control será aún más estricto para la cúpula del partido. Los integrantes de la Ejecutiva Federal deberán actualizar anualmente esa información para reflejar cualquier variación patrimonial que se haya producido durante el año o, en caso contrario, ratificar que su situación permanece inalterada.

Los candidatos que no presenten la declaración exigida podrán ser apartados de las listas electorales y la ocultación o falsedad de datos será considerada una falta muy grave. A ello se sumará una herramienta adicional de supervisión: la Comisión Federal de Ética y Garantías podrá solicitar de manera aleatoria declaraciones patrimoniales a afiliados que desempeñen cargos de responsabilidad.

Doble firma, consumo de prostitución y menos dinero en efectivo

Si hay una medida que refleja la voluntad de Ferraz de evitar errores del pasado es la implantación de la doble firma para determinadas decisiones orgánicas y económicas. La reforma nace con un objetivo evidente: impedir que decisiones relevantes puedan adoptarse sin controles internos suficientes. A partir de ahora, determinadas autorizaciones requerirán la validación de al menos dos responsables de la Secretaría de Organización.

El endurecimiento del Código Ético constituye otra de las piezas centrales de la reforma. El PSOE ya aprobó el pasado año la modificación necesaria para incorporar la expulsión por consumo de prostitución, pero ahora la medida quedará plenamente integrada en el nuevo marco normativo del partido.

La reforma también llega a la gestión económica cotidiana del partido. Ferraz pretende reducir al mínimo el uso de dinero en efectivo y aumentar la trazabilidad de todos los gastos realizados por trabajadores y responsables de la organización. Para lograrlo, ha impulsado un sistema digital mediante el cual deberán registrarse tickets, facturas y justificantes de cualquier desembolso adelantado.

Junto a ello, la organización acelerará la tramitación de expedientes relacionados con casos de corrupción. El nuevo reglamento fijará un plazo máximo de 30 días para resolver expedientes informativos y disciplinarios, una medida con la que la dirección pretende evitar procesos prolongados y reforzar la capacidad de reacción ante cualquier sospecha de irregularidad.

El conjunto de reformas dibuja una organización mucho más reglada, con mayores exigencias para sus dirigentes y con más controles sobre cada decisión económica, patrimonial o disciplinaria. Un blindaje interno que Ferraz presenta como una respuesta a las lecciones aprendidas durante los últimos meses y como una forma de reforzar la confianza en la estructura del partido.