El Congreso aparca la concordia que pide el papa y retoma la bronca política en la sesión de control a Pedro Sánchez

PP y Vox volverán a la carga contra el Gobierno exponiendo los indicios policiales en las causas que salpican al PSOE. Los socios del Gobierno pedirán a Sánchez algo a lo que agarrarse para aguantar la legislatura

El papa León XIV es flanqueado por Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados de España y Pedro Rollán Ojeda, presidente del Senado, en un acto en el Congreso de los Diputados. (Alessandra Tarantino/Pool vía REUTERS)
El papa León XIV es flanqueado por Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados de España y Pedro Rollán Ojeda, presidente del Senado, en un acto en el Congreso de los Diputados. (Alessandra Tarantino/Pool vía REUTERS)
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El papa no llegó a Madrid con promesas de milagros, pero el lunes logró rozar algo que hasta ahora parecía inimaginable: silenció el bronco hemiciclo para unirlo en una larga ovación a izquierda y derecha. No obstante, su llamado al respeto y al diálogo, a “la firmeza” sin el “desprecio”, y a “la discrepancia” sin “humillación” chocará, con toda probabilidad, con la realidad cotidiana de la Cámara Baja, que en los últimos años se ha convertido en sede de la crispación política, de los gritos e incluso los insultos contra el adversario político.

Es la realidad que esperan las filas socialistas, que se preparan para volver a ver a un Partido Popular y Vox dando por acreditados los indicios policiales en las distintas causas abiertas que afectan al partido. Desde el PP, las fuentes consultadas por Infobae aseguran que la hoja de ruta no cambia porque “la actualidad sigue” y, a pesar de haber estado el papa, “aquí han sucedido cosas”.

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El partido de Alberto Núñez Feijóo saldrá en tromba a exponer la declaración como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la imputación del vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, en el marco de una investigación sobre el uso de cloacas por parte del PSOE para boicotear investigaciones judiciales. No será el único asunto, pues este mismo mes se conocerá la sentencia del caso mascarillas y la que afecta al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Todo ello, para centrar la narrativa en que el reguero de tramas converge en una misma figura, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Esto es un único caso de corrupción institucionalizada. El PSOE se ha reído de todos, nos ha mentido a todos. A los españoles, a los socios y a los periodistas”, criticó la portavoz popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz.

El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017, ha quedado este martes visto para sentencia. (Fuente: Europa Press/Audiencia Provincial Badajoz)

El PP ha abandonado la idea de presionar a los socios del Gobierno para que apoyen una moción de censura. Tampoco lo hará Vox, que hasta ahora había sido el partido más insistente con ello, consciente de que presionar al PP solo supone dar alas a Sánchez. En su lugar, la estrategia de la oposición volverá a ser la de reclamar un adelanto electoral ante una legislatura que consideran “agotada”. “Esto solo tiene una salida: decencia y elecciones”, reclamó Muñoz.

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Los socios piden motivos para seguir la legislatura

Desde el lado del Gobierno, los socios volverán a pedir al Gobierno que explique los motivos para aguantar los 13 meses que quedan de legislatura sometido al bloqueo legislativo de Junts per Catalunya, que desde hace meses permanece en la oposición ante los “incumplimientos del Gobierno”. Aliados como el PNV ya han dado por muerta la legislatura y desde el socio minoritario lamentan que el PSOE es incapaz de reponerse del “shock” judicial.

Será la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurua, quien formule la pregunta, que será respondida por el presidente del Gobierno, previsiblemente, recurriendo al anuncio de los presupuestos generales del Estado —que no tiene posibilidades de salir adelante— y otra serie de medidas sociales, entre ellas, el plan de 400 millones de ayudas en eficiencia energética de colegios y hospitales.

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