Imputan al vicepresidente de la SEPI por presunta prevaricación en el rescate de 475 millones a Air Europa

Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha sido este lunes imputado por el magistrado José María Escribano por presunta prevaricación en el préstamo de 475 millones de euros que la entidad concedió a Air Europa en noviembre de 2020 tras la pandemia del covid.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular de la Plaza 49 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid admite a trámite la querella presentada por el PP y Vox y acuerda que la declaración de Lora tenga lugar el próximo 3 de julio a las 9.30 horas.

La decisión del juez que instruye la causa sobre presuntas irregularidades en el rescate está basada en el análisis que los hechos que se investigan “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa”.

Pide también detalles del rescate

Al mismo tiempo que cita al vicepresidente de la SEPI, el juez ha acordado requerir a la entidad más detalles de todos los protagonistas e implicados

Escribano acuerda, asimismo, requerir a la SEPI para que identifique al secretario del consejo gestor, los vocales con voz y voto en las sesiones del consejo gestor, los invitados a las sesiones del consejo gestor sobre el rescate de Air Europa, los técnicos instructores del expediente y el autor del informe de la Abogacía del Estado que dio luz verde al préstamo, “todo ello a fin de ser citados en la forma que corresponda” tras la declaración de Lora.

De la misma forma, el magistrado reclama a la SEPI el expediente íntegro relativo al préstamo, las actas íntegras, borradores, anexos y documentación distribuida a los vocales y la presidencia en las reuniones en las que se trató el expediente, los listados de los asistentes a las reuniones, la consulta formulada de los antecedentes remitidos y el informe completo emitido, “especialmente sobre deudas o impedimentos y su interpretación”.

También los informes de fiscalización o control sobre la operación, las observaciones, reparos, recomendaciones y respuestas de SEPI y el consejo gestor al respecto, además de correos electrónicos, notas internas, minutas, informes ejecutivos y comunicaciones con gabinetes ministeriales relativos al expediente entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

El magistrado instructor pide la agenda del presidente del consejo gestor y las convocatorias relacionadas, el contrato de financiación, el acuerdo de apoyo público temporal, los acuerdos de gestión y anexos, la estructura en tramos con la justificación técnica y legal, los umbrales considerados y las notas sobre control europeo.

Y también solicita a la SEPI las escrituras, cambios estatuarios o de objeto, los órganos de administración y las relaciones intragrupo, además de las cuentas anuales de 2019 y 2020 del grupo y de la ‘holding’ receptora formal, como también los acuerdos de reparto del dividendo y su reflejo contable.

*Información elaborada por Europa Press