
Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia, ha negado este martes en el Tribunal Supremo cualquier intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa durante la pandemia. “No”, ha respondido de forma escueta cuando se le ha preguntado directamente si la esposa del presidente del Gobierno había influido en la concesión de la ayuda pública.
La declaración como testigo del ex consejero delegado se ha producido durante la séptima sesión del juicio por el ‘caso mascarillas’, una pieza separada de la investigación del denominado ‘caso Koldo’. Aunque el objeto de la causa no es el rescate en sí, buena parte del interrogatorio ha girado en torno a las circunstancias en las que la aerolínea del grupo recibió en noviembre de 2020 un préstamo de 475 millones de euros con cargo al fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la SEPI.
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El nombre de Begoña Gómez ha sido vinculado en reiteradas ocasiones al rescate, pese a que hasta ahora no constan en la causa elementos probatorios que acrediten su participación directa. Su aparición en este asunto responde a una sucesión de declaraciones e hipótesis de investigación que, con el paso del tiempo, han alimentado la controversia en el plano político y mediático más que en el estrictamente judicial.
Relaciones, mensajes y versiones
El origen de esa controversia se sitúa en los meses más duros de la pandemia, cuando Air Europa —tercera aerolínea española por número de pasajeros— atravesaba una crisis sin precedentes que amenazaba su continuidad. El rescate aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en noviembre de 2020, por un total de 475 millones de euros, evitó la quiebra de la compañía, pero abrió un foco de sospechas que se mantiene hasta hoy.
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Es en ese contexto donde emerge el nombre de Gómez. Diversos testimonios dentro de la investigación han apuntado a una supuesta cercanía personal entre Hidalgo y la esposa del presidente, relación que, según esas versiones, habría sido utilizada para facilitar la tramitación de la ayuda. El propio exministro José Luis Ábalos llegó a afirmar públicamente que el empresario recurrió a Gómez en busca de apoyo, asegurando que así se lo trasladó el propio Hidalgo.
En esa misma línea, Koldo García sostuvo que, a su juicio, Gómez “sí intervino”, basándose en la cercanía que observó entre ambos en encuentros privados. Más allá fue el empresario Víctor de Aldama, señalado como intermediario en la trama, cuyos mensajes incorporados a informes de la Guardia Civil reflejan referencias directas a esa posible vía de contacto. En uno de ellos, llegó a afirmar: “Está jodido el tema (…) acaba de llamar a Begoña”, en alusión a Hidalgo.
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A estos elementos se añade el contexto de relaciones previas. Gómez dirigía entonces el IE África Center, una iniciativa vinculada al Instituto de Empresa que había contado con el patrocinio de Globalia antes del rescate. Además, consta que mantuvo reuniones en la sede del grupo en fechas próximas a la negociación de la ayuda, lo que ha alimentado las interpretaciones sobre su eventual papel.
El rescate
El plan aprobado por el Ejecutivo se articuló a través de la SEPI en dos tramos: un préstamo participativo de 240 millones de euros y otro ordinario de 235 millones. A esa cifra se sumaba un crédito adicional avalado por el ICO por valor de 141 millones. El objetivo del fondo era sostener empresas estratégicas para la economía española gravemente afectadas por la pandemia.
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La ayuda incluía condiciones estrictas: ajuste de costes, supervisión financiera reforzada y una participación temporal del Estado en la toma de decisiones. Desde el Gobierno se ha defendido reiteradamente que el proceso se ajustó a criterios técnicos, con control de Bruselas y supervisión de organismos independientes.
La posición de la Justicia y la Fiscalía
En el plano judicial, las sospechas sobre la implicación de Begoña Gómez no han prosperado. La Audiencia Provincial de Madrid llegó a frenar una línea de investigación que pretendía profundizar en esa relación al considerar que se sustentaba en “meras sospechas sin el más mínimo indicio”. Esa decisión cerró la puerta, por el momento, a nuevas diligencias sobre el rescate en esa dirección.
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No obstante, la Fiscalía Anticorrupción sí ha introducido matices en su análisis. En su escrito, el fiscal jefe Alejandro Luzón apuntó a la existencia de indicios de delito en el proceso y a una “intervención relevante” del Ministerio de Transportes en favor de la operación, en un contexto en el que también situó la actuación de la trama investigada.
El desmentido de Hidalgo y el Gobierno
En este escenario, la declaración de Hidalgo cobra especial relevancia. El exdirectivo no solo ha negado cualquier intervención de Gómez, sino que se ha desmarcado de las versiones que le atribuyen haber recurrido a ella. Su respuesta en el Supremo se ha producido, además, en la recta final del interrogatorio, cuando el nombre de la esposa del presidente —esperado desde el inicio de la sesión— ha sido finalmente introducido en sala.
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Con un simple “no” ha descartado cualquier gestión en ese sentido. También ha restado importancia a otros episodios que han sido objeto de especulación, como el viaje a San Petersburgo en el que coincidió con Gómez. “No sé qué se cuenta de San Petersburgo”, ha afirmado.
La posición del empresario coincide con la mantenida por el Ejecutivo. El propio Pedro Sánchez ha defendido públicamente que su esposa “nada tuvo que ver” con el rescate y ha apelado a los informes disponibles para sostener esa afirmación. Desde Moncloa se insiste en que la operación respondió a criterios de interés general: proteger un sector estratégico, preservar miles de empleos y garantizar la conectividad aérea del país.
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