El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado sentencia firme obligando a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su papel en el rescate de Air Europa durante la pandemia. La resolución llega tras un largo litigio iniciado por el Partido Popular, que denunció la supuesta incompatibilidad derivada de los vínculos empresariales de la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, con la compañía aérea.
La notificación, remitida la semana pasada al departamento dirigido por el ministro Óscar López, concede un plazo de diez días a la Oficina para acusar recibo y confirmar que cumplirá el fallo. Esto implica que, tras años de negativas, la institución tendrá que abrir formalmente una investigación sobre las decisiones del Consejo de Ministros que aprobaron la ayuda de 474 millones de euros para salvar a la aerolínea del grupo Globalia en 2020.
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Un recurso del PP que acaba en sentencia firme
El caso tiene su origen en marzo de 2024, cuando el PP presentó una demanda contra Sánchez por no haberse inhibido en las reuniones del Consejo de Ministros en las que se autorizó el rescate. Según los populares, la existencia de relaciones profesionales entre Begoña Gómez y la compañía —extremo negado desde Moncloa— obligaba al presidente a apartarse de la decisión.
La denuncia fue archivada de inmediato por la propia Oficina de Conflictos de Intereses, que alegó, apoyándose en un informe de la Secretaría General de la Presidencia, que Gómez no mantenía relación laboral o profesional “que implicara el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración” en Air Europa ni en su matriz, Globalia. Por lo tanto, concluía, no existía motivo de abstención.
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Sin embargo, el PP recurrió la resolución y, en junio, el TSJM ya emitió una primera sentencia en la que dejó claro que la Oficina estaba obligada a investigar antes de descartar la existencia de conflicto. El fallo de ahora, firme y definitivo, ratifica aquella decisión y fuerza a la Administración a retomar el caso.
Los magistrados subrayan que la OCI “no realizó actividad indagatoria alguna” y que “los hechos denunciados requerían una actividad mínima de investigación”. Esta falta de diligencia es lo que, en última instancia, ha llevado al tribunal a ordenar de nuevo que se examine si el rescate de Air Europa estuvo condicionado por las relaciones empresariales de la esposa del presidente.
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El PP exige la dimisión de Sánchez
El Partido Popular ha celebrado la resolución como una victoria judicial. “De nuevo, el Gobierno recibe un requerimiento judicial ante las sospechas de la comisión de delitos en el seno de La Moncloa”, señalan fuentes de Génova. El entorno de Alberto Núñez Feijóo añade que esta decisión se suma a un “rosario de problemas judiciales” que afectan al círculo más cercano de Sánchez: “En apenas una semana hemos visto el procesamiento de su fiscal, una nueva declaración de su mujer ante el juez y la causa abierta en Badajoz contra su hermano. Ahora la guinda es la investigación al propio presidente”.
El discurso del PP va más allá y acusa a Sánchez de haber dirigido “un Gobierno para su gente, no para la gente”. En palabras de dirigentes populares, “ha beneficiado a familiares y a comisionistas amigos de sus cargos de confianza. Hasta ahora eran ellos los investigados, pero le ha llegado su turno”. Feijóo y los suyos reclaman abiertamente la dimisión del jefe del Ejecutivo y apelan a los partidos socios del PSOE para que se desmarquen. “No sólo la oposición debería exigir su marcha. Es una cuestión de higiene democrática que debería asumir el propio PSOE y sus aliados parlamentarios”, insisten.
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Las dudas sobre el rescate de 2020
La polémica gira en torno al rescate de Air Europa aprobado en noviembre de 2020, en plena crisis del coronavirus, con un crédito de 475 millones de euros procedentes del fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la SEPI. Documentos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco del ‘caso Koldo’, han señalado contactos entre el exCEO de Globalia, Javier Hidalgo, y Begoña Gómez en septiembre de aquel año, cuando la operación aún no estaba cerrada.
Según los informes, Hidalgo habría recurrido a Gómez como intermediaria en un momento de bloqueo de la negociación. En un mensaje interceptado, el empresario informó al entonces asesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, de que “acaba de llamar a Begoña” para tratar de desencallar la ayuda. Estos indicios, nunca investigados por la Oficina de Conflictos de Intereses, son ahora parte del material que deberá examinarse.
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