
Leire Díez intentó recabar pruebas incriminatorias contra uno de los fiscales anticorrupción más importantes de este país, José Grinda González, que desde finales del año trabaja en Bolivia. La bautizada como ‘fontanera’ del PSOE recurrió a un ex alto cargo del Gobierno venezolano, Nervis Villalobos, para que una menor que había denunciado al fiscal por un delito sexual acudiera a la sede socialista para relatar su caso. Leire le dijo a la joven que “estaba preparando cosas contra el tiparraco” (en alusión a Grinda), una joven que incluso se llegó a reunir con Santos Cerdán, ex secretario de Organización.
Esta información aparece en el auto de la Audiencia Nacional que avaló este miércoles el requerimiento de documentación y registro de la sede socialista en la calle Ferraz. El juez Santiago Pedraz ha imputado al propio Cerdán y a la gerente del partido, Ana Fuentes, por ordenar pagos y la elaboración de facturas falsas que financiaron el trabajo de Leire, que, según el magistrado, montó una estructura para boicotear procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y a familiares de Pedro Sánchez (los de su mujer y hermano). También están siendo dos abogados muy próximos al PSOE, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, un ex capitán de la UCO y el empresario Javier Pérez Dolset.
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El auto, que se centra en muchas de las estrategias de Cerdán y Leire para desbaratar los procedimientos judiciales que salpican al PSOE, se detiene también en el episodio del fiscal Grinda. Un episodio oscuro en el que hay que poner contexto. Grinda es un fiscal que se ha ganado muchos enemigos durante su carrera. “Grinda lo tiene que pagar” ha dicho Leire de él en una grabación. “A Grinda hay que matarlo”, le comentó María Dolores de Cospedal al comisario Villarejo en otra grabación. La mafia rusa ha intentado asesinarlo. También la mafia georgiana. Grinda ha llevado importantes causas en España, una de ellas llevó al banquillo de los acusados a Pérez Dolset, amigo de Leire, víctima de Villarejo y que asegura que le crearon cuentas falsas en el extranjero. Una causa, la de Dolset, que lleva muchos años sin avanzar.

Leire sabía que una joven llamada Miriam había denunciado a Grinda por un delito contra la intimidad sexual. Los hechos se remontan al año 2009. La madre de la chica, que entonces tenía 15 años, denunció ante la Guardia Civil que su hija “había establecido contacto con una persona por Internet, a través de Messenger, quien por medio de una cámara le había mostrado vídeos de contenido pornográfico y le había pedido que se desnudara”. Se supone que ese adulto era Grinda. El caso fue sobreseído provisionalmente en 2013 y terminó siendo archivado de forma definitiva en 2017 al considerarse prescrito el delito. Grinda quedó exonerado.
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Un asunto que llegó al Constitucional
La joven intentó reabrir el caso, pero la Audiencia Provincial de Jaén (provincia donde se denunciaron los hechos) le denegó el acceso al expediente completo de la investigación contra el fiscal. ¿Por qué? La Fiscalía argumentó que existían “riesgos” de que las copias de las actuaciones terminasen siendo divulgadas “con el propósito” de lesionar “la dignidad” del fiscal por unos hechos de los que había sido exonerado, según publicó el periodista Alberto Sierra en The Objective. La joven recurrió entonces al Tribunal Constitucional, que en septiembre de 2022 falló que se había vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva. El tribunal señaló que nunca le fue notificada a la joven el archivo de la investigación contra el fiscal, por lo que nunca pudo oponerse al cierre de la causa.
En toda esta historia es cuando entra el abogado Ismael Oliver (que fue uno de los primeros letrados contratados por Koldo García, asesor de José Luis Ábalos). La Audiencia Nacional acusa ahora a Oliver de canalizar pagos, a través de su despacho, para financiar las ‘cloacas’ de Leire. Dinero que procedía del PSOE. Oliver fue también el abogado de Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía en el Gobierno venezolano de Hugo Chávez. Villalobos ha estado investigado en varias causas de corrupción. Y el fiscal en algunos de esos casos era Grinda. El auto de juez Pedraz señala, sin dar más detalles, que Leire intentó ayudar al abogado Oliver para que su cliente Villalobos obtuviera la nacionalidad española. Se menciona una reunión producida en la sede del PSOE el 25 de octubre de 2024 “con el número tres del partido”, en alusión a Cerdán.
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En ese pacto para beneficiar a Villalobos, aparece la joven Miriam, que al parecer el abogado Oliver puso en contacto con Leire como favor por el otro favor (la nacionalidad de Villalobos). Los mensajes incautados a Leire reconocen que Miriam se reunió con Cerdán y que Leire no solo se lo agradeció a Oliver, sino también al propio Nervis (que aparece con el nombre de Gerardo) por facilitar el encuentro con la joven que denunció a Grinda. Este fiscal no solo era ‘enemigo’ de Dolset, sino que Leire y su grupo lo consideraban un “medio para obtener información que afectase al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón”. Desde el PSOE siempre han considerado a Luzón un fiscal muy próximo al PP.
El auto del juez Santiago Pedraz relata que la trama liderada por Leire y Cerdán intentó que Grinda archivara varias causas que él investigaba o que aportara información sobre Luzón, ofreciéndole para ellos 300.000 euros. En una de las agendas intervenidas a Leire, aparece una anotación que recoge: “300 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor”. Pedraz señala que este ofrecimiento económico le llegó a Grinda el 27 de octubre de 2025 a través de un conocido periodista catalán. Grinda denunció semanas después este intento de soborno. El auto no afirma que el dinero llegara a abonarse. El juez Pedra ha pedido a la UCO que recabe del PSOE todos los gastos que haya podido asumir (viajes hospedajes) a favor de la joven Miriam.
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