El informe de la UDEF señala a Zapatero como líder de una red que gestionó ayudas públicas a Plus Ultra por 53 millones de euros

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, al que ha tenido acceso Infobae, señala al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como líder de una red que gestionó ayudas públicas a Plus Ultra y otros clientes. La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción ha documentado la existencia de una red organizada bajo la dirección de Zapatero, dedicada al ejercicio de influencias ilícitas con el propósito de obtener fondos públicos para la aerolínea.

De acuerdo con el informe, la estructura jerárquica identificada sitúa a Zapatero en la cúspide, secundado por Julio Martínez Martínez y Manuel Aaron Fajardo García, quienes coordinaban la actividad de gestores administrativos. La organización habría orientado sus acciones hacia la consecución de ayudas públicas para Plus Ultra, por un importe superior a 53 millones de euros. Las vías de influencia, según la UDEF, habrían sido dos. La primera, a través del abogado Miguel Palomero de Juan y el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, mediada mediante Koldo García Izaguirre. La segunda vía conecta a los directivos de la aerolínea con Zapatero, a través de Fajardo García y Martínez Martínez.

El núcleo de la operativa giraba en torno a la formalización de contratos de asesoría ad hoc y el uso de intermediarios cuya misión era trasladar la influencia a las esferas ministeriales y la dirección de la SEPI. La red mantenía comunicaciones privilegiadas y una interlocución directa tanto con responsables públicos como con directivos bancarios desde marzo de 2020 hasta la resolución favorable de la ayuda.

Las transferencias económicas desde Plus Ultra hacia el entorno de la red se producían a través de un entramado de sociedades pantalla. Según el informe de la UDEF, Julio Martínez Martínez controlaba la recepción de pagos directos de Plus Ultra (por al menos valor de 598.910 euros) así como de pagos que llegaban mediante empresas interpuestas. Sin embargo, la investigación no ha hallado personal ni evidencias materiales que acrediten la prestación real de los servicios alegados.

La investigación policial sitúa a Zapatero y su familia como los principales beneficiarios

Según la documentación recabada por la UDEF, el esquema contemplaba la constitución y puesta en marcha de sociedades offshore y filiales extranjeras como instrumento para entorpecer la trazabilidad de los fondos hacia Zapatero. Las informaciones desglosadas en el informe de la UDEF se han recabado con la intervención de numerosas conversaciones que dan cuenta de las gestiones empresariales con distintas instituciones políticas y bancarias, así como el analísis de correos electrónicos y cuentas bancarias.

El amigo personal de Zapatero Julio Martínez Martínez figuraba como administrador de diversas sociedades y fondos radicados en jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas. En el auto de imputación del expresidente consta que Martínez controló un entramado de 39 mercantiles entre 2020 y 2024. De ellas, 20 se encuentran inactivas, bien porque figuran dadas de baja o porque no presentan declaración de Impuesto de Sociedades o el importe neto de la cifra de negocios es nulo.

En todos los casos, la Policía detecta movimientos sobre cuentas bancarias en el extranjero alimentadas por fondos procedentes de la misma operativa comercial, según el informe consultado por este diario. No obstante, la investigación sitúa entre los principales beneficiarios económicos a José Luis Rodríguez Zapatero y su familia directa.

La sociedad WhaTheFav, administrada por las hijas del expresidente (Laura y Alba Rodríguez Espinosa), recibió al menos 239.755 euros de Análisis Relevante S.L.; además de transferencias adicionales por más de 561.000 euros provenientes de Inteligencia Prospectiva, así como importes directos de Gate Center y Thinking Heads. La justificación de dichos flujos ante Hacienda y el sector bancario se basaba únicamente en el conjunto de contratos y facturas generados por la propia red, sin constancia de actividad o contraprestación real que respaldara los pagos recibidos.

La ayuda de 53 millones a Plus Ultra sorteó la deuda que la compañía tenía con la Seguridad Social

Los expedientes revisados desvelan la canalización sistemática de fondos desde Plus Ultra hacia la estructura de la red, blanqueando ingresos mediante contratos ficticios y practicando una facturación diseñada específicamente para este fin. La UDEF describe mecanismos como la triangulación de pagos o la modificación de conceptos en las propias facturas adaptando su contenido “sobre la marcha”, así como la intervención de administradores formales sin otra función que actuar como prestatarios o testaferros.

Por otro lado, el informe detalla cómo Plus Ultra accedió a la ayuda pública a pesar de no reunir los requisitos exigidos, presentando certificaciones y documentación contradictoria en lo relativo a su deuda con la Seguridad Social. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) certificó la existencia de una deuda relevante en el momento de la solicitud y emisión de los certificados, en discordancia con los documentos exhibidos ante la SEPI. Las pesquisas corroboran la existencia de posibles alteraciones materiales en los expedientes, como carpetas vacías, incoherencias documentales, diferencias entre archivos presentados desde distintos organismos; y la utilización de datos falsos para intentar satisfacer criterios indispensables.

Todo esto ocurrió en un contexto donde Plus Ultra habría recibido negativas previas de distintas entidades financieras para la concesión de créditos ICO, impulsando la intervención de la red de influencia para revertir la evaluación desfavorable ante los órganos públicos, según recoge el informe.

La red no circunscribía su actividad a Plus Ultra. Extendió sus mecanismos de influencia y canalización de retornos a otras compañías, sin una relación operativa aparente con la aerolínea, cursando transferencias de varios cientos de miles de euros sin que existiera una justificación documental o volumen de operaciones proporcional a esos pagos.