El PSOE, a un año de las elecciones autonómicas: el desgaste de 2026 y la ineficaz apuesta por ministros lastrarán su intento de recuperar el terreno perdido

Dentro de un año, una docena de comunidades autónomas, si no hay adelantos, acudirán a las urnas. El curso electoral de 2026 a priori ha concluido. El PSOE ha perdido representación por casi todo el mapa peninsular, en Extremadura, Aragón y Andalucía, con la única excepción de Castilla y León, mientras que el PP ha logrado victorias, pero sin las mayorías absolutas ansiadas, obligado a pactar con un Vox que presume de sus ascensos. Cataluña, País Vasco y Galicia tienen otro ciclo de comicios, pero el resto de comunidades están citadas para el 23 de mayo de 2027. Dos meses después están previstas las elecciones generales.

En mayo de 2023, el PSOE encajó un “mal resultado sin paliativos” en las últimas elecciones autonómicas y municipales, con pérdidas de poder en la mayoría de los territorios y una gran parte de las comunidades virando hacia el PP, apoyado en pactos con Vox. Hoy, en 2026, aquel momento funciona como antecedente. Lejos de recuperar terreno, los socialistas no afrontan mejores predicciones. El desgaste por las polémicas nacionales, la última el caso Plus Ultra y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, unida a la apuesta por ministros elegidos por Pedro Sánchez para que sean cabeza de lista en varias regiones, una estrategia hasta ahora ineficaz, deja un panorama poco positivo para el PSOE.

No obstante, el partido sigue teniendo sus cartas favorables. Una de sus principales armas electorales será la defensa de lo público, que puede desembocar en una mayor movilización a su favor. Ha sido el principal argumento de María Jesús Montero en Andalucía, pero allí no ha terminado de calar. La oposición a Isabel Díaz Ayuso, encabezada por el ministro Óscar López, también es un reto difícil y parece una batalla perdida de antemano, pues las encuestas vuelven a darle mayoría absoluta a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

La caída de 2026 con ministros como candidatos

La vía de “ministros candidatos” no está funcionando. Ni la implicación de Pedro Sánchez en las campañas ni la exposición mediática de miembros del Consejo de Ministros han conseguido revertir la tendencia de derrotas encadenadas. María Jesús Montero ha quedado asociada al peor resultado histórico del partido en la comunidad, con 936.000 votos y 28 escaños, dos menos que en 2022. En Aragón, Pilar Alegría bajó de los 23 escaños del PSOE en 2023 a 18, firmando también el mínimo histórico regional.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ya está en el foco como el elegido para la complicada oposición a Ayuso en Madrid. También Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Hace unos días aseguró que su “prioridad política es ser presidenta de la Comunidad Valenciana”. Sin embargo, los precedentes no auguran un futuro muy esperanzador.

Mientras tanto, varias formaciones regionales están demostrando que es posible impulsar una mayor movilización a la izquierda, como Adelante Andalucía, que ha logrado ocho escaños en Andalucía, por delante de Por Andalucía, la alianza de Sumar, Izquierda Unida y Podemos. Por otra parte, Emiliano García-Page, que no ha confirmado que se presente para ser reelegido en Castilla-La Mancha, continúa con una crítica interna constante a Pedro Sánchez y podría aspirar a ser de los pocos candidatos socialistas con posibilidades de victoria en su región.

Defensa de lo público y frenar a la extrema derecha

En las elecciones autonómicas recientes, el PSOE ha centrado su campaña en dos argumentos principales: la defensa de los servicios públicos (especialmente sanidad, educación y vivienda) y la necesidad de frenar a la extrema derecha. La protección de la sanidad pública y la denuncia de la privatización bajo gobiernos de derechas han sido los ejes de su mensaje, usando las campañas para alertar sobre el deterioro de estos servicios y pedir el voto por el PSOE para evitar su “abandono”.

El otro pilar ha sido advertir contra la posibilidad de pactos entre PP y Vox, sosteniendo que representan un peligro para los derechos sociales y los servicios públicos, y subrayando la “indistinguibilidad” de sus políticas. Así, el PSOE se ha presentado como la contención frente a la extrema derecha. Esta idea ha cobrado peso con la polémica “prioridad nacional” aprobada en Aragón y Extremadura, que establece preferencias de cara a recibir ventajas públicas si se “demuestra el arraigo” en el lugar de residencia, en una medida diseñada para perjudicar a los migrantes.