Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Los socios de Sánchez comienzan a bajar el dedo a José Luis Rodríguez Zapatero. Si el martes cerraron filas y llegaron a insinuar una cacería judicial porque “la derecha le tenía ganas”, ahora el escenario que se abre después de analizarse los detalles del auto genera, como mínimo, dudas. El auto de la Audiencia Nacional es muy contundente, está bien argumentado y expone “múltiples evidencias” —por el momento solo indicios— que sitúan al expresidente como líder de una red de tráfico de influencias.

En ninguna de las 88 páginas se recoge una conversación con Zapatero, pero sí se exponen las de otras personas que decían actuar en su nombre y coincidencias en las cifras que el propio Zapatero reconoció. La investigación se encuentra en su fase inicial y se desarrolla bajo secreto sumarial, pero solo el hecho de que la mayor parte de las conversaciones telefónicas todavía esté por salir ya es un motivo de preocupación para los aliados de Sánchez.

La versión del lawfare ha quedado atrás, incluso, para los que fueron más contundentes en las ruedas de prensa, como Podemos. El auto “pinta feo”, reconoció la líder de la formación morada, Ione Belarra, a su llegada al Pleno.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tampoco se han mostrado más optimistas. El portavoz republicano Gabriel Rufián reconoció estar “jodido” porque el señalado no es baladí, sino una de las figuras más reconocidas en el espacio progresista, incluso, fuera del PSOE. Aun fuera de la primera línea, el rol de Zapatero ha seguido siendo importante para mantener estable al Gobierno cuando las cosas se han tambaleado. “Yo, lo reconozco, hoy estoy jodido. Reconozco que no soy objetivo, le tengo un enorme afecto a Zapatero, pero también tengo ojos en la cara [...] Si esto es verdad, es una mierda”, afirmó en su turno de intervención.

Desde Sumar ya no hablan de las actuaciones de “algunos de sus señorías” (en referencia a los jueces), sino de que es el momento de regular “bien” todas las actividades del presidente del Gobierno.

“Si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, es un delito”, afirmó el portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, de Izquierda Unida. Por su parte, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Águeda Micó, pidió prudencia, ir hasta el fondo del asunto y hacer recaer “todo el peso de la Justicia” si existe delito. “Parece que ya no está tan claro el lawfare”, añadió.

El PSOE sigue mostrando una defensa férrea de su expresidente y esa fue la idea que quiso mostrar Pedro Sánchez: Patada hacia delante. El líder del Ejecutivo resucitó la idea del lawfare y deslizó que la oposición manejaba información judicial bajo secreto sumarial. “¿Qué información le pasan a usted? ¿La misma que le pasan a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, con sus famosos pa’ lantes?“, afirmó.