Eliminar la tarifa regulada eléctrica PVPC como propone Bruselas es una “decisión precipitada”, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido este miércoles de que la propuesta de la Comisión Europea de eliminar la tarifa regulada de la luz en España, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), es “una decisión precipitada” que podría encarecer en un 15% la factura de 8 millones de hogares en todo el país.

El comunicado de la organización se produce después de que Bruselas haya solicitado a España y a otros Estados Miembros con tarifas eléctricas reguladas una hoja de ruta para transitar a un mercado de tarifas libres que impulse la competencia. La Comisión Europea plantea de este modo que, en el caso español, la tarifa PVPC, quede limitada como una herramienta de protección para consumidores determinados como vulnerables.

La tarifa regulada PVPC es un sistema destinado a consumidores domésticos con una potencia contratada de hasta 10 kW. Su principal característica es que se configura como un precio dinámico indexado al mercado mayorista de electricidad, por lo que varía cada hora, según explica en su web el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La OCU ha señalado que en un contexto como el actual, con tarifas eléctricas “difíciles de comparar” y un mercado “poco transparente”, la tarifa regulada PVPC “sigue siendo esencial como índice de referencia y mecanismo de protección” para ocho millones de suministros que representan al 29% de los hogares españoles.

Cómo afectaría esta medida a los hogares españoles, según la OCU

La OCU considera que, aunque el mercado libre ofrece las tarifas más baratas, actualmente la mayoría son “bastante más caras” que la tarifa regulada. Así, para un hogar con 4,6 kW de potencia y un consumo de 3.500 kWh al año, el PVPC tiene un coste de 708 euros, mientras que la mejor oferta del mercado libre se sitúa en 659 y la más cara alcanza los 1.027. Es decir, se percibe una diferencia de hasta 368 euros al año.

Por ello, la organización de consumidores defiende que eliminar la tarifa regulada supone “exponer a sus ocho millones de clientes a un encarecimiento del 15% de su factura”, sobrecoste medio de las tarifas libres.

Además, señala el comunicado, la tarifa regulada PVPC desempeña un “papel clave” en situaciones de crisis energética, ya que permite aplicar con rapidez medidas regulatorias y fiscales, y sirve como referencia común para evaluar el funcionamiento del mercado.

“Limitar el PVPC únicamente a consumidores vulnerables dejaría fuera a millones de hogares que, sin cumplir los requisitos del bono, también tienen dificultades reales para desenvolverse en el mercado libre”, indica la organización.

Por estas razones, antes de plantearse la eliminación de la tarifa PVPC, la OCU exige garantizar a los usuarios una “comparación clara y sencilla” de los precios, plazos y condiciones de las tarifas libres, sean fijas o indexadas.

La petición de la Comisión Europea

El Ejecutivo europeo publicó a principios de mayo un informe sobre precios minoristas de electricidad, competencia efectiva y remuneración de la flexibilidad, en el que señalaba que España, Francia, Hungría, Bulgaria, Lituania y Eslovaquia, han comunicado intervenciones en precios para hogares vulnerables o microempresas durante una fase de transición hacia los mercados libres.

Sin embargo, el informe apuntaba a que no todos estos Estados Miembros “han fijado fechas claras para la revisión de sus regímenes”. Para Bruselas, la tarifa regulada puede debilitar las señales de precio, reducir los incentivos a la eficiencia energética y perjudicar la competencia entre comercializadores, por lo que planteó a los países con precios intervenidos definir una hoja de ruta con plazos definidos para transitar a un mercado de tarifas libres.

Al ser preguntada por la petición de la Comisión Europea, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, aseguró que “en este momento no hay ninguna previsión de eliminar” la tarifa regulada de la electricidad.

Según indicó Aagesen, España entiende que “las condiciones actuales del mercado no son las adecuadas para decir que el PVPC pueda desaparecer”, por lo que defendió su continuidad tanto para los consumidores vulnerables como para “todos y cada uno de aquellos consumidores que quieran acogerse a esa tarifa regulada”.