
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y Agroseguro para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados, el sistema con el que el Estado ayuda a agricultores, ganaderos, acuicultores y propietarios forestales a proteger sus explotaciones frente a daños provocados por fenómenos meteorológicos, enfermedades u otros riesgos propios de la actividad agraria.
La medida se enmarca en el 47º Plan de Seguros Agrarios Combinados, correspondiente a 2026, que cuenta con una dotación de 315 millones de euros para subvencionar parte del coste de las pólizas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que esta cantidad supone “un 50% más” que la disponible en 2020 para esta política.
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Planas ha defendido que el seguro agrario es “probablemente uno de los instrumentos más importantes” de la política agraria en España y lo ha definido como “un mecanismo de gestión de riesgos” para responder a los problemas que afrontan agricultores y ganaderos, especialmente los vinculados a los fenómenos climáticos extremos y al cambio climático. El objetivo es que el seguro sirva como apoyo económico ante pérdidas que, en muchos casos, pueden comprometer la continuidad de una explotación.
Qué son los seguros agrarios combinados
Los seguros agrarios combinados son pólizas diseñadas para cubrir los riesgos que afectan a la agricultura, la ganadería, la acuicultura y las explotaciones forestales. Forman parte de un sistema público-privado en el que intervienen el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la ENESA, las comunidades autónomas y Agroseguro, la agrupación de entidades aseguradoras que gestiona estas pólizas.
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Su función es permitir que los productores aseguren sus cosechas, animales o instalaciones frente a daños que no dependen de ellos. Entre los riesgos cubiertos se encuentran episodios como sequías, heladas, pedriscos, inundaciones, incendios, vientos fuertes, enfermedades del ganado o accidentes que puedan afectar a la producción.
El sistema se revisa cada año mediante un plan anual, que fija las líneas de seguro disponibles, los periodos de contratación, las condiciones de cobertura y las subvenciones que pueden recibir los asegurados. De esta forma, las coberturas se adaptan a las necesidades de cada sector y a la evolución de los riesgos.
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Cómo funciona la ayuda pública
La principal ventaja para el campo es que el Estado asume una parte del coste de la póliza. Es decir, el agricultor o ganadero no paga íntegramente el seguro, sino que recibe una subvención que se aplica directamente en el momento de contratarlo. Esto permite reducir el precio final y facilita que más explotaciones puedan protegerse.
Después, ENESA compensa a Agroseguro por la parte subvencionada, de acuerdo con los convenios y procedimientos aprobados para cada ejercicio. En la práctica, este mecanismo permite que la ayuda pública llegue al productor de forma directa, sin que tenga que adelantar la parte bonificada del seguro.
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En el plan de 2026, el Ministerio de Agricultura mantiene una dotación de 315 millones de euros, la misma cifra que en el ejercicio anterior. Según la información publicada por el departamento, las ayudas pueden cubrir una parte muy relevante del coste de la póliza, especialmente en el caso de agricultores profesionales, jóvenes agricultores y titulares de explotaciones prioritarias.
En algunos módulos, la subvención estatal mínima se sitúa entre el 45% y el 50% del coste del seguro. Además, estas ayudas pueden incrementarse con las aportaciones de las comunidades autónomas, hasta alcanzar en determinados casos el 70% del precio de la póliza.
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Una red de seguridad ante el clima extremo
Los seguros agrarios combinados han ganado importancia en los últimos años por el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Sequías prolongadas, olas de calor, tormentas intensas, heladas fuera de temporada o episodios de pedrisco pueden arruinar una cosecha en cuestión de horas y provocar pérdidas difíciles de asumir para muchas explotaciones.
Para el campo, este sistema funciona como una red de seguridad. No evita el daño, pero sí ayuda a compensar económicamente las pérdidas y a mantener la actividad. Esto resulta especialmente relevante en un sector muy expuesto al clima y con márgenes ajustados, en el que una mala campaña puede afectar a los ingresos de un año y a la capacidad de invertir, pagar deudas o preparar la siguiente temporada.
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El peso de este sistema se refleja también en el volumen de producción protegida. Según Luis Planas, el valor asegurado al cierre de 2025 se situó en torno a los 19.000 millones de euros en el conjunto de la producción agraria y ganadera.
Qué daños pueden cubrir estas pólizas
El beneficio no se limita a las grandes catástrofes. También puede cubrir pérdidas parciales que reducen la producción, deterioran la calidad de los cultivos o encarecen la actividad, situaciones que afectan de forma directa a la rentabilidad de una explotación.
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La protección también alcanza a la ganadería, donde los seguros pueden cubrir accidentes, enfermedades, retirada de animales muertos, pérdida de pastos o problemas derivados de determinadas situaciones climáticas. En el caso de la acuicultura y las explotaciones forestales, el sistema incluye líneas específicas adaptadas a sus propios riesgos.
El peso de este sistema se refleja también en el volumen de producción protegida. Según Luis Planas, el valor asegurado al cierre de 2025 se situó en torno a los 19.000 millones de euros en el conjunto de la producción agraria y ganadera.
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Además, el seguro permite dar una respuesta más ordenada ante los daños. En lugar de depender únicamente de ayudas excepcionales aprobadas después de una sequía, una helada o una tormenta, ofrece una cobertura contratada de antemano y con condiciones conocidas. Para las explotaciones, esto supone más previsibilidad y una mayor capacidad para afrontar campañas marcadas por la incertidumbre climática.
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