Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

El agricultor catalán Pere Puigbert enfrenta una sanción de 10.000 euros por colocar carteles de su frutería cerca de la carretera, una situación que ha desatado su frustración. “Me he puesto a llorar, dan ganas de cerrar el negocio”, ha comentado el propio Puigbert en la radio catalana Rac 1.

La administración afirma que los carteles incumplen la prohibición de instalar cualquier elemento que pueda distraer a los conductores en zona rústica. “Me han dicho que tengo diez días hábiles para quitar los cuatro carteles, que están a 30 centímetros de la zona urbana, diciendo que en zona rústica está completamente prohibido poner nada que pueda distraer al conductor”, cuenta Puigbert.

En el centro del conflicto está la interpretación de la ley, que prohíbe cualquier tipo de anuncio que pueda generar distracción al volante en zonas rurales, aunque para Puigbert la medida carece de lógica y no responde a una amenaza real. Según su testimonio, recogido en el programa Versió RAC1, la situación de Puigbert es un reflejo de la presión administrativa que sufren los pequeños productores rurales, obligados a cumplir una normativa que consideran poco coherente: “Una gasolinera tiene el cartel junto a la carretera. Por delante de ella los coches pueden ir a 90 por hora. Por delante de mi casa pasan a 50”.

En cualquier caso, el agricultor catalán deberá retirar los anuncios de su tienda y ya acumula 18.000 euros en sanciones previas. Si todas las multas se ejecutaran, la cifra podría superar los 30.000 euros. Según Puigbert, la respuesta de la administración fue contundente: “Me han dicho que vendrán con una grúa y me lo quitarán”.

Más allá de los carteles: otras sanciones y la vida rural

Los problemas de Pere Puigbert no terminan con la publicidad. El agricultor también se expone a otra sanción, esta vez de 20.000 euros, por vender fruta “tocada” o considerada de segunda categoría a los vecinos del pueblo. “Sé que no puedo vender manzanas de segunda, feas, pero la gente del pueblo lo hemos hecho toda la vida. Vinieron unos inspectores y me encontraron varias infracciones. ¿Y ahora qué? ¿Por qué no puedo vender esas manzanas? Tienen que ir a la basura, o bien para hacer zumo. Eso dice la ley”, explicó durante la entrevista.

La legislación vigente no permite la comercialización directa de fruta imperfecta, aunque históricamente sea una práctica habitual en entornos rurales. Puigbert también ha denunciado la amenaza de una nueva multa de 10.000 euros por el uso de cajas recicladas para la venta de manzanas, una costumbre que, según relata, siempre ha formado parte del saber rural transmitido de generación en generación: “Aprovechas lo que me han enseñado toda la vida. Eso tampoco se puede hacer. Y yo ya lo sabía, porque esas son normativas de la Comunidad Europea que nunca se habían aplicado aquí, pero ahora sí. Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”.

La suma de sanciones, las dificultades para cumplir con las exigencias legales y la sensación de desamparo han generado en Pere Puigbert una profunda frustración, compartida por otros agricultores y ganaderos, que ven en el exceso de burocracia un obstáculo creciente para el desarrollo de sus actividades.

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