
El Parlamento Europeo quiere establecer una definición única de violación en todos los países de la Unión Europea, con el objetivo de que el consentimiento libre, informado y revocable sea el elemento clave para tipificar este delito, dejando de lado legislaciones que solo consideran la violencia o la fuerza como base para una condena. En un informe aprobado el pasado martes con 447 votos a favor, 160 en contra y 43 abstenciones, los eurodiputados urgen a la Comisión Europea a presentar “sin demora” una nueva propuesta legislativa para unificar este criterio en todos los Estados miembros y lo adapten así a las normas internacionales y al Convenio de Estambul, ratificado por la UE en 2023.
Entre los puntos esenciales, los eurodiputados insisten en que el silencio, la falta de resistencia o la ausencia de un “no” no deben interpretarse como consentimiento. Tampoco lo deben ser el consentimiento previo, la conducta sexual pasada o cualquier relación, actual o anterior, entre las partes implicadas.
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“Es moral y jurídicamente inaceptable que las mujeres no estén protegidas por leyes de ‘sólo sí es sí’ en toda la UE. Llevamos años pidiendo una definición europea común de violación, y aunque el Consejo impidió que se incluyera en la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, cada vez más gobiernos reconocen la necesidad de este enfoque”, explicó la eurodiputada socialdemócrata sueca Evin Incir, ponente de la comisión de Libertades Civiles, que destacó que desde 2023 países como Francia, Finlandia, Luxemburgo y Países Bajos han introducido leyes basadas en el consentimiento. Cabe también recordar que España aprobó en 2022 la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del “solo sí es sí”, poniendo el consentimiento en el centro de la norma y ampliando la protección para las víctimas de violencia sexual.
“Ha llegado el momento de ofrecer una definición europea común de violación basada en la ausencia de consentimiento libremente otorgado y revocable”, añadió Incir, según un comunicado del Parlamento Europeo.
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Un enfoque centrado en las víctimas
Los eurodiputados sostienen que el consentimiento siempre debe analizarse según las circunstancias de cada caso. Señalan que no puede considerarse válido si hay violencia, amenazas, abuso de poder, miedo, intimidación o situaciones en las que la víctima está inconsciente, bajo los efectos de sustancias, dormida, enferma, con discapacidad o en condición de vulnerabilidad. También piden que la ley y los jueces tengan en cuenta las reacciones que puede tener una persona ante un trauma, como quedarse inmóvil o actuar de forma inesperada. Además, insisten en que la violencia de género debe ser reconocida como delito en toda la Unión Europea.
El Parlamento Europeo cree que solo una ley que ponga el consentimiento en el centro puede asegurar justicia para las víctimas. Por eso, plantea que la Unión Europea debe ofrecer atención médica inmediata, servicios de salud sexual y reproductiva, aborto seguro, apoyo psicológico, ayuda legal y centros de crisis gratuitos y disponibles las 24 horas para quienes han sufrido una violación.
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Por su parte, la socialista polaca Joanna Scheuring-Wielgus, ponente de la comisión de Derechos de la Mujer, recordó que “una de cada tres mujeres en la Unión ha sufrido violencia de género y una de cada veinte ha sido víctima de violación”. En ese sentido, destacó el papel de Gisèle Pelicot, cuyo testimonio ha ayudado a visibilizar la necesidad de cambios en la legislación, si bien subrayó que muchas víctimas aún no acceden a la justicia.
No basta con cambiar la definición legal
Amnistía Internacional celebra la iniciativa de la Eurocámara, ya que marca un paso relevante en la armonización de las leyes de protección contra la violencia sexual en Europa, aunque la organización también subraya que, para lograr una verdadera cultura del consentimiento en la Unión Europea, no basta con cambiar la definición legal.
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“Además de una definición de la violación basada en el consentimiento, el fomento de una cultura del consentimiento en toda la UE dependerá de la adopción de un enfoque interseccional y centrado en las supervivientes, de una educación sexual integral, y de campañas públicas de concienciación y prevención", sostiene Dinushika Dissanayake, directora regional adjunta para Europa de Amnistía Internacional. La organización también pide a la Comisión Europea que proponga cuanto antes esa legislación común.
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