
Durante décadas, el Día del Trabajador en España no siempre se celebró el 1 de mayo. Aunque la fecha fue proclamada internacionalmente en 1889 como Día Internacional de los Trabajadores, en el contexto español la conmemoración tuvo momentos de interrupción y cambios de sentido marcados por la política. Tras secundarse inicialmente en las principales ciudades, la dictadura de Primo de Rivera prohibió las manifestaciones públicas desde 1923, suspendiendo la cita obrera hasta la llegada de la Segunda República en 1931, cuando volvió a autorizarse.
Sin embargo, con el estallido de la guerra civil y la posterior llegada al poder del franquismo, la historia del Día del Trabajador en España cambió de rumbo. Durante la dictadura de Francisco Franco, el 1 de mayo fue considerado un riesgo por su vinculación con movimientos subversivos y nexos marxistas y republicanos. Desde 1938, el régimen sustituyó su celebración por la llamada Fiesta de la Exaltación del Trabajo, trasladada al 18 de julio, fecha emblemática para el franquismo, pues recordaba el inicio de la sublevación militar de 1936.
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En estos años, el régimen utilizó el aparato legislativo para reforzar su control sobre el mundo laboral. El Fuero del Trabajo de 1938 se convirtió en el texto que marcaba las directrices sociolaborales, suprimiendo la celebración del 1 de mayo e implantando la nueva fiesta. A partir de entonces, se aprobaron leyes que regulaban la seguridad, higiene y condiciones laborales, centralizando la mejora de derechos en el poder legislativo y desplazando cualquier capacidad reivindicativa de los trabajadores.
El 18 de julio: símbolo laboral y político del franquismo
Convertir el 18 de julio en la Fiesta de la Exaltación del Trabajo no fue solo un cambio de fecha, sino una forma de anular el contenido reivindicativo y contestatario original del Día del Trabajador. Se trataba de un llamamiento anual a la fraternidad y la armonía dentro de un marco donde toda discrepancia quedaba fuera de la ley. En este contexto, las mejoras laborales se presentaban como concesiones del régimen y no como fruto de la movilización obrera.
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El Estado promulgó normas como el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 1940, la Ley de Reglamentaciones de Trabajo en 1942 y la Ley de Contrato de Trabajo en 1944, que regulaban desde los salarios hasta las condiciones de seguridad, pero siempre bajo el estricto control de la dictadura.
Durante la posguerra, la aprobación de la Ley General de la Seguridad Social en 1963 agrupó las prestaciones sociales, médicas y de jubilación, pero el objetivo seguía siendo garantizar una base obrera fuerte y dócil, capaz de sostener la economía sin poner en cuestión la ausencia de libertades. La represión de cualquier voz discordante era constante: la protesta se consideraba incompatible con el modelo de Estado y las manifestaciones del 1 de mayo permanecían prohibidas. Los sindicatos verticales mantenían la calma en los centros de trabajo y el desarrollo de derechos laborales quedaba supeditado a las prioridades políticas del franquismo.
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Recuperación del 1 de mayo y transición a la democracia
La situación comenzó a cambiar a partir de los años cincuenta, cuando el Vaticano, por medio de Pío XII, instauró el 1 de mayo como festividad de San José Obrero dentro del calendario religioso. El régimen franquista aceptó esta celebración, pero mantuvo el control de la organización en manos de la Falange y la Iglesia. Las fiestas del 1 de mayo se convirtieron en actos de adhesión al régimen, donde la ciudadanía estaba obligada a participar y los logros del franquismo se presentaban como conquistas del pueblo trabajador bajo la tutela estatal.

Con el paso del tiempo, la oposición a la dictadura fue creciendo. En los años sesenta, los sindicatos no integrados en el Sindicato Vertical comenzaron a organizarse de forma clandestina, y en el norte del país aparecieron las primeras huelgas y protestas. Pese a este resurgimiento, el 1 de mayo no recuperó su carácter reivindicativo hasta la llegada de la democracia. Solo en 1978, tras la caída del franquismo, se autorizó de nuevo la manifestación libre e independiente del Día del Trabajador, devolviendo a la fecha su sentido original como jornada de reivindicación de los derechos laborales.
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