El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Servicio Canario de la Salud (SCS) a indemnizar con 273.157 euros a la familia de una niña de dos años que sufrió la amputación de ambas piernas tras un error médico. La Justicia recuerda en su sentencia que a partir de ahora la menor deberá someterse a cirugías cada 12 o 15 meses para adaptar sus prótesis.
El caso se remonta a 2022, cuando la niña ingresó de urgencia con síntomas graves relacionados con una infección bacteriana. Según indica la sentencia difundida por la agencia Efe, la falta de administración del antibiótico adecuado en los primeros días derivó en un fallo multiorgánico. Posteriormente, fue trasladada a un hospital de Madrid, donde se le amputaron ambas piernas a la altura de los tobillos debido a la necrosis causada por la infección.
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El Consejo Consultivo de Canarias, que analizó previamente el caso, concluyó que se produjo una “pérdida de oportunidad”: los médicos podrían haber evitado el grave desenlace si el tratamiento antibiótico se hubiera administrado al tercer o cuarto día del ingreso. Los informes presentados por la familia señalaban que el antibiótico apropiado tenía una eficacia del 99% si se suministraba a tiempo, mientras que el SCS reconoció un 50% de posibilidades de evitar el resultado adverso, aunque los jueces consideraron relevante el criterio aportado por los especialistas de la parte demandante.
El fallo del TSJC considera que hubo deficiencias claras en el seguimiento clínico durante los primeros días, entre ellas, la falta de anotación de parámetros básicos como temperatura corporal, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. También destaca que la niña no fue atendida por un pediatra en el centro de salud donde se realizó la primera valoración médica.
La Justicia rebajó la indemnización que pedían los padres
Los padres de la menor solicitaron inicialmente una indemnización de 546.314 euros, aunque el TSJC aceptó solo parcialmente el recurso y estableció la cuantía en 273.157 euros. Esta cantidad incluye tanto los daños derivados del suceso, como los costes futuros de intervenciones quirúrgicas que la niña deberá afrontar periódicamente para adaptar sus prótesis a medida que crezca. El SCS, por su parte, había propuesto una indemnización de 151.233 euros.
Investigación interna a los profesionales sanitarios
Además de la indemnización, la Justicia también exige una investigación interna sobre las responsabilidades individuales de los sanitarios implicados en los hechos, de forma que destaca la importancia de que los profesionales rindan cuentas en situaciones de posible mala praxis. El tribunal sugiere que, en caso de detectarse negligencia grave o dolo, los funcionarios involucrados podrían responder con su propio patrimonio y no únicamente con recursos públicos.
Esto contribuye a delimitar las responsabilidades, favorece la transparencia y ayuda a prevenir casos similares en el futuro mediante la mejora de los procedimientos. Por último, el tribunal también reivindica la importancia de un protocolo clínico estricto en el tratamiento de casos graves pediátricos.
(Con información de la agencia EFE)
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