La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, al considerar que los hechos investigados no constituyen delito. El Ministerio Público solicita el sobreseimiento libre de la causa para los tres implicados y, de forma subsidiaria, el archivo provisional al no estar “debidamente justificada” la formación del delito que motivó la apertura del procedimiento.
El recurso, presentado tras el auto dictado el pasado 11 de abril, cuestiona directamente la decisión del instructor de continuar el proceso por los trámites del procedimiento ante el Tribunal del Jurado. En ese auto, el magistrado acordó el procesamiento por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
Recurso contra el procesamiento
La Fiscalía sostiene que no concurren indicios suficientes que respalden la continuidad del procedimiento penal. En su escrito de apelación, pide a la Audiencia que estime el recurso y acuerde el archivo de la causa “respecto de todos los delitos y de todos los investigados afectados”, insistiendo en que los hechos no son constitutivos de infracción penal.
De forma paralela, el Ministerio Público ha remitido un segundo escrito tanto al juez instructor como a la Audiencia Provincial en el que reitera su oposición a que el caso avance hacia la fase de juicio oral mediante un jurado popular. En ese documento, solicita que se tenga por cumplimentado el trámite procesal y vuelve a reclamar el sobreseimiento libre de las actuaciones.
Además, introduce una petición subsidiaria: en caso de que la Audiencia considere procedente la apertura de juicio oral y no estime el archivo, solicita que se le dé traslado para formular un escrito de conclusiones provisionales en el que anticipa que pedirá la absolución de los tres investigados.
La posición de la Fiscalía no supone un cambio respecto a su criterio mantenido durante toda la instrucción. Desde el inicio de la causa, el Ministerio Público ha cuestionado la existencia de base penal suficiente y ha recurrido varias de las decisiones adoptadas por el juez instructor, oponiéndose al avance de las diligencias.
Peticiones de las acusaciones
El procesamiento acordado por el juez Peinado se produjo tras el cierre de la instrucción, que ha durado cerca de dos años. En ese momento, el magistrado consideró que existían indicios para llevar a juicio a los tres investigados por cuatro delitos relacionados con el uso presunto de la posición institucional de Begoña Gómez.
Según la investigación, la esposa del presidente del Gobierno habría utilizado su posición para influir en decisiones públicas y obtener beneficios en el ámbito privado y académico, en particular en relación con actividades vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid. Entre los hechos analizados figuran la creación de una cátedra, el registro de un dominio web asociado a un máster y la firma de cartas de apoyo a proyectos empresariales vinculados a Barrabés.
Tras el auto de procesamiento, las acusaciones populares, encabezadas por la organización Hazte Oír, solicitaron penas de prisión que ascienden a 24 años para Gómez, 22 años para Álvarez y 6 años para Barrabés. También han interesado diligencias adicionales, como el análisis de los datos financieros de la principal investigada para determinar eventuales multas, así como la declaración como testigo del presidente del Gobierno.
Las defensas de los tres investigados han recurrido igualmente el procesamiento y han rechazado la existencia de delito. En sus escritos, sostienen que las actuaciones investigadas se enmarcan en actividades profesionales y académicas desarrolladas con anterioridad a la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno o dentro de funciones ordinarias sin impacto en fondos públicos.
En el caso de Gómez, se argumenta que su actividad en la universidad comenzó años antes de que su marido accediera al cargo y que la utilización de recursos o colaboraciones se produjo sin perjuicio de la actividad institucional. También se defiende que el apoyo a proyectos empresariales se realizó en calidad de directora de la cátedra y en un contexto en el que otras entidades también respaldaron iniciativas similares.
La Audiencia Provincial deberá pronunciarse ahora sobre los recursos presentados y decidir si confirma el criterio del juez instructor, permitiendo que la causa avance hacia juicio, o si, por el contrario, atiende la petición de la Fiscalía y acuerda el archivo total o parcial del procedimiento.
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