La baliza V-16 como elección y multas relativas a la renta: Vox y Sumar reabren el debate sobre la seguridad en carretera en el Congreso

Desde el 1 de enero de este año, la normativa de tráfico en España exige que todos los vehículos lleven en su interior la baliza luminosa V-16. Este dispositivo tiene la función de alertar de forma automática sobre un incidente en la carretera y transmitir la localización exacta del suceso.

El objetivo principal de la medida es sustituir los triángulos de señalización tradicionales con la intención de minimizar riesgos para los conductores y reducir el número de atropellos. Circular sin la baliza a mano implica una multa de 80 euros, idéntica a la que se aplicaba por no llevar los triángulos; pero puede ser mucho más elevada si el dispositivo se utiliza de forma incorrecta o con un fin distinto, pudiendo alcanzar los 30.000 euros en los casos más graves.

Tanto Vox como Sumar han aprovechado una ley impulsada por el PSOE que está siendo tramitada en el Congreso de los Diputados - y busca endurecer las sanciones por aparcar en plazas reservadas a personas con discapacidad - para presentar dos enmiendas relacionadas con elementos de señalización y el sistema de multas de tráfico.

Vox: defensa de los triángulos y críticas a la obligatoriedad

La enmienda de Vox propone que la señal V-16 se pueda utilizar como alternativa a los triángulos en lugar de sustituirlos completamente. El texto, difundido por Europa Press, especifica que los triángulos “podrán seguir utilizándose sin limitación temporal”, en contraposición al modelo de la Dirección General de Tráfico que, aunque permite el uso de triángulos siempre y cuando sea además de la baliza, apuesta por la conectividad y la digitalización como eje central.

Según la propuesta del partido, tampoco será obligatorio que la baliza incorpore conectividad con los sistemas de la DGT ni que disponga de geolocalización. Vox sostiene, en defensa de su posición, que “la baliza V-16 es obligatoria únicamente en España” y recuerda que su eficacia ha sido cuestionada por diferentes organismos expertos en seguridad vial. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) comparte esta perspectiva y “se inclina por la complementariedad en vez de la obligatoriedad”.

Vox expresa en su enmienda: “No se entiende por qué el Gobierno descarta la opción de que sea el conductor quien decida qué dispositivo utilizar”. El partido argumenta que levantar la obligatoriedad permitiría seguir investigando y evaluando otras medidas, siempre respaldadas por estudios técnicos y forenses independientes. El objetivo que defiende la formación es evitar “cargas adicionales a las familias y empresas” y priorizar soluciones cuya eficacia haya sido probada en condiciones reales.

Sumar: un modelo de multas según la renta

Sumar, por su parte, ha presentado una enmienda para modificar el régimen sancionador de tráfico y adaptarlo a la capacidad económica de cada infractor. El sistema actual fija las multas únicamente según la gravedad de la infracción, con importes de 100, 200 o 500 euros, sin distinguir la renta del sancionado.

La propuesta de Sumar introduce una escala progresiva: las multas se incrementarían un 150% para personas con ingresos entre 70.000 y 85.000 euros anuales, un 300% para quienes declaren entre 85.000 y 100.000 euros, y un 500% para los que superen los 100.000 euros al año.

El grupo parlamentario sostiene que “el efecto de disuasión no será el mismo” si la sanción recae sobre una persona con ingresos mensuales de 1.100 euros que sobre otra que percibe 10.000 euros en el mismo periodo. Sumar recuerda que este modelo ya se aplica en varios países europeos desde hace más de un siglo, con Finlandia como pionera en 1921. El principio fundamental es que la cuantía sea “razonable en relación con la capacidad de pago”. Entre los países que utilizan sistemas similares se encuentran Suiza, Dinamarca y Reino Unido.