‘Operación Columna’, la historia de los guardias civiles que fueron encarcelados y expulsados por querer un sindicato: “Lo que hicieron con nosotros fue un crimen”

En 1983, el cabo de la Guardia Civil Manuel Rosa viajó desde Alicante a la Comandancia de Sevilla para presentar la solicitud de permiso para la creación de la Unión Democrática de Guardias Civiles (UDGC), que quería ser la precursora de un sindicato dentro del Cuerpo. El oficial que estaba allí le dijo: “Qué cabo valiente. Así me gusta, que haya cabos valientes”.

“Al cabo de cinco horas fueron a su casa, tiraron la puerta abajo, lo detuvieron y se lo llevaron a Madrid”, relata José Carlos Piñeiro González, uno de los guardias civiles, amigo de Rosa, que durante los años 80 y 90 impulsó la creación de sindicatos dentro del cuerpo. La detención de Rosa fue la “llama” que lo originó todo. “A partir de ahí nos organizamos para ayudar al compañero y surgió un movimiento que extendimos por toda España. Nosotros éramos unos chavales demócratas que pensábamos que podíamos cambiar la Guardia Civil y España”, continúa Piñeiro.

Sin embargo, el cambio que buscaban no llegó. Frente a sus intentos de organizarse, la Guardia Civil respondió con dureza y, a través de la ‘Operación Columna’, persiguió y detuvo a los cabecillas de esta lucha durante los primeros años de la década de los 90, además de conseguir la expulsión del Cuerpo de cuatro de sus integrantes. “Utilizaron contra nosotros la élite que tenían contra el terrorismo, que era gente que solo se dedicaba a eso (vigilancia, detención y seguimiento de ETA), y los desplazaron para desarticularnos”, denuncia otro de los afectados, Alejandro Álvarez Borja.

La promesa incumplida del PSOE

Las primeras chispas de este movimiento venían de años anteriores. El 17 de diciembre de 1976, solo un año después de la muerte de Franco, 400 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se concentraron a las 11:00 de la mañana en la Plaza de Oriente de Madrid, escenario principal de las demostraciones de fuerza y “adhesión inquebrantable” durante el franquismo, para llevar a cabo una marcha hasta las puertas del Ministerio de la Gobernación. Entre las peticiones, como subida de sueldos, destacaba una clara: tener derecho a la Seguridad Social.

Esta manifestación acabó con 200 detenidos dentro de la Guardia Civil, lo que despertó la conciencia de muchos miembros dentro del Cuerpo. Sin embargo, la represión de esa marcha frenó sus exigencias durante años y no fue hasta 1982, con la victoria del PSOE, cuando nació de nuevo la ilusión entre los agentes, ya que este partido les prometió una de las puntas de lanza de su lucha: la desmilitarización del cuerpo. Pero esta nunca llegó, y con el enfado general, también motivado por la posterior detención del cabo Rosa, se aceleró todo el proceso para que nacieran los primeros sindicatos clandestinos.

Según el relato de Piñeiro, las primeras acciones en un principio se centraban en salir a la calle, hacer pintadas para denunciar los problemas a los que se enfrentaban y dar a conocer la situación. “Poco a poco se fueron creando las primeras células en diferentes zonas”, cuenta, siempre con la vista puesta en conseguir los derechos laborales que tenían el resto de trabajadores y una modernización de la Guardia Civil, acorde con la época que atravesaba España.

La democracia se estaba extendiendo, pero la Policía y la Guardia Civil mantenían las viejas costumbres y perseguían a todo aquel que se quisiera salir de estas. “Para comunicarnos, tomábamos todo tipo de precauciones, porque lógicamente, al ser guardias, conocíamos cómo se trabajaba en información”, cuenta José Morata Gargallo, otro de los guardias civiles que lideraron el intento de sindicalizarse. Por eso llamaban desde cabinas telefónicas o quedaban en sitios pactados para verse en persona. Así fueron creciendo hasta la creación clandestina del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) a finales de los años 80.

Con Piñeiro desde Navarra, Morata en Toledo y otros agentes como Alejandro Álvarez Borja o José Manuel León Sánchez desde Castellón y La Rioja, respectivamente, un grupo de agentes comenzó así la lucha para conseguir un sindicato real y efectivo dentro de la Guardia Civil. “No se quiere hablar de este tema, porque ahí se cometieron muchas ilegalidades y a la Guardia Civil no le interesa”, describe Borja.

Los guardias civiles encapuchados

El 3 de octubre de 1988 se llevó a cabo la primera rueda de prensa de este recién formado sindicato en La Rioja, en la que participaron el cabo Manuel Linde, que era la cabeza más visible de esa célula, y José Manuel León Sánchez.

“Un día acordamos dar esta rueda de prensa junto con otro compañero y convocamos a los medios, con mucha precaución”, explica Sánchez. La llamada la realizó el secretario general de La Rioja de Comisiones Obreras en ese momento, Manuel Ruano González. Los medios no sabían para qué estaban siendo convocados, para asegurar la seguridad de los agentes.

“Nosotros quedamos una hora y media antes en una cafetería y llevábamos cada uno nuestra bolsita de deporte con nuestro uniforme y el tricornio. De allí fuimos a la sede de Comisiones Obreras, en Logroño, entramos en una habitación y nos cambiamos de ropa. Ya en la sala colgamos unos carteles y nos sentamos en la mesa”, relata.

Hicieron pasar a los medios y los periodistas se encontraron con tres guardias civiles de uniforme y encapuchados. “Se llevaron una impresión bastante fuerte”. Durante la rueda de prensa no les dejaron grabar las voces por seguridad; “solamente tomaron nota con el bolígrafo de lo que el portavoz, Linde, quiso decir”, recuerda Sánchez. Cuando terminaron, les pidieron a los periodistas que se quedaran diez minutos más para tener tiempo de irse. “Tuvimos la suerte de que, al día siguiente, la noticia salió incluso a nivel nacional porque las imágenes fueron muy impactantes”, añade.

El País escribió una crónica en la que describió cómo “tres agentes uniformados, sin anillos ni relojes —uno de ellos incluso con guantes blancos—, anunciaron la existencia de un comité regional del sindicato en la zona Norte”. La noticia agregaba que, al tratarse de un sindicato clandestino, no tenía afiliados, pero destacaba que en la zona del País Vasco, Navarra y La Rioja había formados hasta 33 diferentes comités que mantenían contactos personales. “Los guardias insistieron en que se sienten policías y no militares. (…) calificaron al director de la Guardia Civil, Luis Roldán, de ‘monigote’ e ‘inepto’, y pidieron la legalización del SUGC y la desmilitarización del cuerpo”.

Este tipo de escenografías se fueron repitiendo por todo el país para conseguir una mayor difusión, además de otras acciones como un boicot a la patrona el día del Pilar, que también tuvo mucha repercusión mediática. “Fue un éxito tremendo”, explica Piñeiro. Consiguieron llamar la atención de la gente… pero también de las autoridades. “Y la represión fue montar una operación que se llamó la ‘Operación Columna’”.

La ‘Operación Columna’

La Guardia Civil, bajo el director general de ese momento, Luis Roldán, decidió acabar con este movimiento bajo el beneplácito del Gobierno del PSOE, principalmente del ministro del Interior de esa época, José Luis Corcuera, según defienden los agentes afectados.

Así nació la ‘Operación Columna’, que se llevó a cabo entre 1989 y 1991. La primera fase consistió en la acumulación de datos, llevada a cabo por los agentes del servicio de información, que fueron apartados de sus trabajos investigando a los miembros de ETA para perseguir a los guardias civiles con ideas sindicalistas.

A través de pinchazos telefónicos, de seguimiento activo y entrevistas con compañeros, consiguieron identificar y marcar a los principales cabecillas del SUGC en las diferentes comandancias. Los documentos de esta operación siguen a día de hoy bajo secreto, pero gracias a una filtración realizada por el propio Roldán —que más tarde acabó en la cárcel por malversación de fondos durante su época como director general, tras protagonizar una sonada fuga y ser atrapado en Tailandia— se conocen unas pinceladas de ellos.

La “desarticulación del movimiento sindical clandestino se tenía que hacer de forma simultánea a nivel nacional”, reza uno de los documentos de esta operación, fechado el 24 de mayo de 1989, por lo que se constituyó un Dispositivo Operativo Especial. Un documento de unos meses más tarde, el 4 de agosto, establece que “como la tipificación plena y absoluta del delito de sedición militar resulta a veces difícil de conseguir, se estima conveniente fijar unos objetivos para la obtención de una prueba irrefutable”. Estos objetivos eran conseguir la convocatoria de un comité nacional del SUGC para que acudieran los dirigentes provinciales; la convocatoria de comités regionales; y, “de no poder conseguirse ninguno de los objetivos anteriores”, encontrar pruebas contra cada agente. Es decir, tenderles una trampa para tenerlos identificados y poder detenerlos.

Por otra parte, se debía contactar con los jueces militares para “exponerles el problema existente y tratar, con él, las líneas generales de la acción”. En concreto, los pinchazos telefónicos, que se extenderían hasta que fueran necesarios. “Si se necesita provocar algún hecho para obtener una prueba, se solicitará del Servicio Central de Información (SCI). Ninguna Unidad emprenderá o realizará operaciones clandestinas por sencillas que se presenten”, finalizan en el escrito firmado por el coronel jefe del SCI, Pedro Catalán Jiménez.

En un anexo de comentarios del propio documento, se añade que la acogida entre los mandos ha sido de “gran interés”. “Prácticamente todos expresaron su satisfacción al comprobar que desde la Dirección General del Cuerpo se abordaba, coordinadamente, este problema”, se puede leer. Según estos escritos, el plan era localizar a 10 o 15 dirigentes del sindicato clandestino para hacer una “detención simultánea y procesamiento por Sedición”, sancionar con faltas graves o leves a otro grupo más grande y una “advertencia privada e individual a cada uno de los restantes”.

El 16 de octubre de 1989 comenzó la fase operativa y se abrió de forma oficial la ‘Operación Columna’. Al final, eligieron a 20 agentes de las diferentes comandancias para que fueran arrestados y encarcelados.

Objetivo nº 2: José Morata Gargallo

“A mí me detuvieron el 1 de junio de 1990 en Toledo”, relata José Morata, un agente de la Guardia Civil que en ese momento tenía 37 años y que dentro de los documentos filtrados aparece como el “objetivo número 2″. Se encontraba en un restaurante, tomando un aperitivo y un vino con un periodista que “andaba tiempo detrás de hacer una entrevista”. “Entonces veo que venían el teniente de información y seis guardias más. Llegaron a la mesa y me dijeron que quedaba detenido por delito de sedición militar”.

“Yo hacía tiempo que me esperaba que nos detuviesen, estaba mentalizado”, explica, pero con el lío que se montó en el restaurante, intentaron llevarse también al periodista, “pensando que era un compañero”, por lo que tuvo que demostrar que no pertenecía a la Guardia Civil para librarse.

De allí le llevaron a la comandancia y al tribunal militar, donde le instruyeron una diligencia y ordenaron su ingreso en prisión preventiva. Le enviaron a la cárcel de Alcalá de Henares, que recuerda como “una cárcel magnífica”. La habían hecho en unas dos semanas cuando condenaron a los militares y guardias civiles del 23-F, “por lo que fue un récord en España cómo la arreglaron”. “Teníamos habitaciones individuales, no como otros compañeros. Era como una habitación de hotel, más pequeñita, pero como si fuese un hotel. Fue agradable, no se metían mucho con nosotros”, asegura. A esto se añadió que tuvo la compañía de otros nueve compañeros que se encontraban internados por la misma razón. En la prisión estuvo 18 días, hasta su salida el 19 de junio de 1990.

Objetivo nº 5: Alejandro Álvarez Borja

“Morata y yo siempre hemos sido un binomio en el tema sindical, y en el momento de las detenciones yo estaba destinado en Castellón, Valencia”, explica Alejandro Álvarez Borja. “Cayó Morata, y el día que lo ponían en libertad, a las 00:00 de la mañana, a mí me detuvieron a las 6:00 para que no pudiésemos hablar, porque nos tenían muy controlados”.

Esa madrugada se encontraba comenzando el servicio en la comandancia, haciendo el relevo con los compañeros, cuando “vinieron los del servicio de Castellón” y cuando entraron “todos se miraron unos a otros”. Se dirigieron al comandante, le dijeron que tenían que hablar conmigo y ahí me dieron la orden de detención”. De ahí fue trasladado a la Comandancia de Castellón.

“Ahí tuve un poco de follón con uno de los compañeros que me detuvo, porque le pedí que me dejaran hacer la llamada, que en aquella época era obligatoria. No me lo permitieron. Les dije también que quería ropa de paisano porque iba mitad de uniforme, mitad de paisano para montar el servicio, y me dijeron que no. Entonces, ya dentro del despacho, me apalanqué contra la pared y me tuvieron que esposar para llevarme a Valencia”, recuerda.

Cuando le llevaron ante el juez, este le preguntó si le hacía falta algo. “(El juez) miró a los compañeros que me llevaban y le dijeron que sí, que ellos tenían la orden esa de que no podía hacer llamadas. Entonces, los hizo salir de su despacho y desde ese teléfono llamé a mi mujer. Como ya habían detenido a Morata, ya estábamos en guardia todos. Entonces, le dije que estaba en Valencia detenido, y a partir de ahí ella hizo las llamadas que tenía que hacer. Al día siguiente ya vino el abogado y ya me llevaron”, relata.

Después de que el juez decretara la prisión, “me dijo que abajo había mucha prensa y que dependía de las declaraciones que yo hiciese, a lo mejor estaría más tiempo o menos en la prisión militar”.

Fue trasladado a la prisión militar de Cartagena, donde era el único detenido de esta célula, por lo que, al contrario que Morata, no tuvo el acompañamiento de otros compañeros. “Dentro, yo estaba con un asesino, un guardia civil que había matado a su mujer; un sargento del ejército que había atacado a otro; y otro sargento que me parece que había violado a una mujer. Esos eran mis compañeros”, relata.

Pasadas dos semanas, se dio la orden de ponerlo en libertad. “Vino un soldado y me trajo un recibo diciendo que tenía que pagar la comida de los días que había pasado ahí y le digo: ‘¿Cómo?’”. La respuesta del oficial fue preguntarle si se negaba, a lo que respondió: “No es que me niegue, es que no pienso pagar. ¿Usted se cree que yo estoy aquí en un hotel o algo?”.

Objetivo nº 13: José Carlos Piñeiro González

Piñeiro llevaba tiempo esperando ir a prisión. No solo porque ya había compañeros suyos detenidos, sino porque la célula de Navarra que él lideraba era una de las más combativas. Destaca que fueron los primeros que se “presentaron con uniforme y a cara descubierta”. “Planificamos el boicot a la no presencia en los actos de la patrona y después se hizo la primera presentación pública de uniforme en todos los medios de Pamplona”, añade.

En esa época ya sabían que “había operaciones y que había una persecución”. “Lo sabíamos por los propios periodistas”, explica y cuenta un momento clave en el que fue a la sede del Diario 16 para hablar con los periodistas sobre el sindicato en Vigo y se encontró con uno de sus comandantes en un despacho “pidiendo los nombres” de todos los implicados, “nuestros nombres”.

Su detención se produjo la madrugada del 17 de octubre de 1990. “Me detuvieron a las 3:30 de la mañana en mi casa, acusado de sedición militar, y solamente por haber solicitado la inscripción de una asociación profesional”, denuncia. Estuvo en prisión preventiva más de un mes hasta que fue puesto en libertad.

Objetivo nº 10: José Manuel León Sánchez

“El día de la detención, yo me encontraba prestando servicio en turno de tarde en la comandancia rural, en mi tiempo de descanso, y a las 19:00 o así, sonó el teléfono. Lo descolgué y, tras identificarme, me dijeron: ‘¡Ah! ¿Eres tú? Pues haz el favor de subir a mi despacho”. Era el capitán de información”, recuerda José Manuel León Sánchez. Era el 14 de junio de 1991.

En el mes que pasó en prisión, lo que más recuerda es la “incertidumbre” y el calor que hacía en las instalaciones, ya que era pleno verano. Igual que Morata, tuvo la suerte de coincidir con un compañero que estaba acusado del mismo delito. “Lo llevé bastante bien gracias a él”, explica. “Recibí también los consejos de otro compañero de Tarragona al que habían detenido, José María Bonilla, con el que mantenía yo muy buena relación. Me mandó una carta a la prisión, la cual agradecí bastante, en la que me daba una serie de consejos del tipo de vida que tenía que hacer, que hiciera ejercicio y esas cosas, que tuviese un plan de una rutina todos los días para llevarlo mejor”, relata.

En su encierro, coincidió con el teniente coronel Antonio Tejero, que “estaba allí prestando también condena por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero”, y al que le dio curiosidad conocer. “Lo que pasa es que, hasta en estas situaciones, los que tienen cierta graduación tienen una serie de privilegios, porque él tenía incluso piscina, pista de tenis y nosotros esas cosas no teníamos. Yo más de una vez solicité la pista de tenis para jugar con otro compañero y nos la denegaron”. Aprovechó que Tejero era una persona “muy religiosa” y un día se apuntó a la misa de los domingos. “Ahí le conocí y me llamó la atención que se pasó toda la misa arrodillado el hombre. Es lo que se me quedó grabado del encuentro con él”.

Los cuatro expulsados: Linde, Piñeiro, Rosa y Morata

En 1991, los 20 agentes que habían sido detenidos ya se encontraban en libertad, pero el objetivo de la ‘Operación Columna’ se había conseguido en gran medida. “Cuando los tribunales militares nos absolvieron y dijeron que no había ningún delito, la Guardia Civil nos abrió un expediente gubernativo. En ese momento hubo algunos compañeros que, tras las detenciones, abandonaron el tema y el sindicato prácticamente se deshizo”, explica Morata.

La mayoría de los expedientes que se abrieron estaban caducados en el momento de la entrega, por lo que la mayoría de los agentes pudieron quedarse en el cuerpo y salvarse de la expulsión. Sin embargo, los años siguientes no fueron fáciles.

Por ejemplo, en el caso de Alejandro Álvarez Borja, le presentaron el escrito de expediente cuando llevaba ya siete días caducado, pero “entonces insistieron en ver cómo me podían fastidiar” y estuvo unos siete años, hasta 1997, “entre expedientes y tribunales militares”. “Me pasaron por tres tribunales médicos, psiquiátricos-médicos, en los que dictaminaron que padecía distimia y me dieron de baja por enfermedad, más o menos por loco, que es la palabra de la depresión”, recuerda. En ese momento le dieron dos opciones: reingresar, y “al día siguiente me habrían cortado el cuello por cualquier tontería, o irme enfermo. Y opté por irme enfermo”.

En el caso de Sánchez, tras salir de prisión en julio de 1991, se presentó al capitán de su compañía a los dos días. “Me dijo que me fuera para mi casa, que ya me notificarían cuál es mi situación“. En octubre de ese año, el entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, acordó su pase a la situación de suspenso de funciones y cese en su destino. Estuvo en esa situación hasta mayo de 1994, cuando se reincorporó al servicio en su antiguo puesto en Logroño. “Tuve la sensación de volver a más de lo mismo. Lo que sí noté fue el rechazo de algunos compañeros porque tenían miedo de relacionarse conmigo, por si los mandos podían sospechar que estaban vinculados con el tema sindical”.

También le afectó al plano más personal. En la Comandancia tenía un compañero, al que describe como “muy amigo”. Cada uno había asistido a la boda del otro. “A los pocos días de haber salido de prisión, nos cruzamos con ellos [él y su mujer] y se cambiaron de acera. Se cambiaron de acera porque tenían miedo y el miedo es libre”, explica.

Y entre todos ellos, hubo cuatro que no pudieron regresar al Cuerpo y fueron expulsados: Manuel Linde, José Carlos Piñeiro, Manuel Rosa Recuerda y José Morata.

“Tenían que hacernos un homenaje”

Tuvieron que pasar más de 30 años para que los cuatro expulsados pudieran ser rehabilitados en la Guardia Civil. Fue en mayo de 2025 cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el documento. En ese momento, Manuel Linde ya había fallecido y los otros tres afectados entraron directamente en jubilación por la edad.

Piñeiro “cree” haber perdonado ya a todos los que les persiguieron y les llevaron a su expulsión, pero no olvida cómo fueron, durante años, “marcados y criminalizados”. “Hemos sido expulsados, nos han rehabilitado, pero tenían que hacernos un homenaje”, opina.

Sin embargo, su lucha no fue completamente en vano y, aunque a día de hoy la Guardia Civil sigue sin tener sindicatos, sí se consiguió la legalización de las asociaciones, que defienden condiciones laborales, salariales y profesionales, aunque no tienen capacidad para convocar huelgas y tienen que operar dentro de un marco de neutralidad política. La primera de ellas fue la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), fundada en 1994 como continuación del SUGC y reconocida en el registro específico de asociaciones profesionales de la Guardia Civil en 2008. Actualmente, sigue siendo la que tiene más representación dentro del Consejo del cuerpo.

“Lo que hicieron con nosotros fue un crimen”, denuncia Piñeiro. “Nosotros no hicimos nada más que ponernos de pie en defensa de los valores, de los derechos humanos y de la dignidad”.