El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

El Consejo de Ministros ha presentado este martes el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, centrado en impulsar la construcción de vivienda pública y asequible, rehabilitar el parque residencial y facilitar el acceso al alquiler y la emancipación para jóvenes y colectivos vulnerables. El presupuesto asignado, 7.000 millones de euros, ha recibido críticas por parte de aliados del Ejecutivo, sindicatos y opositores, pese a ser el triple que en el anterior plan de vivienda.

Según ha detallado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el 40% del presupuesto irá destinado a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, mientras que otro 30% se destinará a la rehabilitación del parque con ayudas específicas y, el 30% restante, irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Tras el anuncio del Gobierno, las reacciones no se han hecho esperar. Desde el sector inmobiliario, varios operadores han considerado que el impacto del nuevo plan del Ejecutivo para la que, a día de hoy, es la primera preocupación de los españoles, según el CIS, tendrá una incidencia muy limitada en el mercado y en la reducción de precios. Incluso socios como Sumar y Podemos han señalado la insuficiencia del proyecto.

Un presupuesto “muy insuficiente”

Desde Sumar, el principal socio del Gobierno, han calificado el plan de vivienda como “muy insuficiente”, por el presupuesto y su contenido, donde han destacado que no incluya medidas regulatorias ni fiscales. Además, Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, ha indicado que el presupuesto es un 30% más bajo que el del periodo 2009-2012 (post boom inmobiliario), aunque ha aplaudido que el plan prohíba vender la vivienda protegida y evitar fraudes en las adjudicaciones.

En la misma línea ha ido la reacción de Unidas Podemos. En rueda de prensa, Ione Belarra ha criticado que el dinero que van a destinar las administraciones públicas en su conjunto -Estado central y comunidades autónomas-a la vivienda hasta 2030 es “el equivalente a lo que gasta España en gasto militar en apenas dos meses y medio”.

Feijóo considera el plan una “tomadura de pelo”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha reaccionado al anuncio del Consejo de Ministros, señalando que, en materia de vivienda, el Gobierno de Pedro Sánchez es “un absoluto fracaso”. “La política de vivienda, saquen los planes y prometan lo que quieran, es un absoluto fracaso”, ha considerado este martes durante un acto de su partido en Getafe (Madrid).

Feijóo ha destacado en su intervención que, cuando Sánchez llegó a la Moncloa, la vivienda era “el problema número 16 de España”, mientras que hoy ha escalado hasta el primer puesto: “Tenemos un récord histórico de precios, tanto en alquiler como en vivienda nueva, y es el síntoma de la precariedad vital en la que viven hoy millones de familias españolas”.

En esta línea, el presidente popular ha cuestionado cómo va a paliar el Gobierno el actual déficit de vivienda “sin presupuestos, sin ley del suelo, manteniendo las medidas ideológicas que han hundido la oferta”. “Digan lo que digan, prometan lo que prometan, hagan la propaganda que hagan, nadie va a creerles porque la realidad es que ocho años de gobierno socialista han convertido la vivienda en un lujo”, ha aseverado.

Buena dirección, pero impacto limitado

Por su parte, las asociaciones y sindicatos también se han pronunciado. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquilar (Asval) ha valorado que el plan supone “un paso en la buena dirección”, pero ha señalado que “su impacto será limitado si no se refuerza la ambición presupuestaria, se desarrolla un modelo sólido de alquiler asequible incentivado y se alinea plenamente con el nuevo marco europeo”.

En un comunicado, los grandes tenedores reivindican que “en muchas ocasiones” están “asumiendo de facto una función de escudo social que debería corresponder al Estado a través de un parque público suficiente y adecuado”, por lo que sostienen que “cualquier sistema de protección debe ir acompañado de mecanismos de compensación claros, efectivos y dotados financieramente, que garanticen un reparto equilibrado de responsabilidades”.

Para la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, el presupuesto del plan es “ridículo” y, en la práctica, “no permite ampliar de forma significativa el parque público de vivienda”. Además, han incidido en que este plan, junto con la creación de Casa 47, configuran un modelo basado en la “vivienda concertada, priorizando la gestión privada y externalizada”, que “no saca la vivienda del ciclo especulativo”.