Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

El Gobierno y los sindicatos han dado un paso adelante muy esperado en el marco del diálogo social al alcanzar un principio de acuerdo que permitirá asegurar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral en las administraciones públicas. Este avance se ha producido este lunes, cuando se ha celebrado una nueva reunión entre representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Función Pública y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, en la que se han retomado unas negociaciones que llevaban semanas estancadas.

El encuentro, convocado tras casi dos meses sin avances, ha servido para desbloquear este asunto. Según han trasladado los sindicatos al terminar la reunión, el entendimiento alcanzado garantiza que los trabajadores laborales puedan acogerse a esta modalidad de jubilación, siempre que se cumplan determinadas condiciones relacionadas con el contrato de relevo.

En concreto, el acuerdo establece que el trabajador que sustituya parcialmente al empleado que se jubila deberá tener una relación laboral estable y a jornada completa. Esta incorporación podrá producirse bien a través de procesos selectivos ya superados o mediante una situación de interinidad hasta que la plaza se cubra de forma definitiva mediante oferta pública de empleo. Con este planteamiento, se busca dar seguridad jurídica al sistema y evitar situaciones de precariedad en los relevos.

Aprobar un real decreto-ley “sin más demora”

Este era un avance clave para reactivar el diálogo social, ya que la falta de consenso en este ámbito había paralizado el resto de negociaciones. Junto a esta cuestión, también se ha desbloqueado el mantenimiento del periodo transitorio fijado en la reforma de pensiones de 2021 para calcular las cuantías de las jubilaciones anticipadas voluntarias.

A partir de ahora, el Ejecutivo se ha comprometido a seguir trabajando en el desarrollo normativo de estos acuerdos. Desde el ámbito sindical se insiste en que estas medidas deben plasmarse cuanto antes en normas con rango suficiente. Por eso, CCOO ha reclamado que el Gobierno apruebe “sin más demora” un Real Decreto-ley que incluya todas aquellas cuestiones que ya cuentan con respaldo en la mesa de diálogo social, así como un Real Decreto para los aspectos de carácter reglamentario.

Además, el sindicato considera fundamental que el Ejecutivo garantice el respaldo parlamentario necesario para convalidar estas normas, con el objetivo de evitar retrasos en su aplicación. Entre los contenidos que, a su juicio, deberían incluirse en ese paquete legislativo figuran, además de la jubilación parcial del personal laboral, mejoras en la pensión de viudedad de las parejas de hecho y diversas medidas orientadas a optimizar la gestión de la incapacidad temporal.

Nuevas propuestas para las incapacidades temporales

Precisamente, la regulación de los procesos de incapacidad temporal ha sido otro de los temas abordados en la reunión. El Ministerio de Seguridad Social ha anunciado que remitirá próximamente una nueva propuesta a los agentes sociales con el objetivo de mejorar estos procedimientos y hacerlos más ágiles. Entre las iniciativas en estudio se encuentra la reorganización de los recursos de la Inspección Médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social para crear un equipo centralizado de valoración de incapacidades.

En paralelo, los sindicatos han planteado diferentes propuestas en este ámbito. Desde UGT se ha solicitado, entre otras cuestiones, la regulación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para determinados colectivos, como el personal del sector aéreo. Por su parte, CCOO ha planteado cambios más estructurales, como la transformación de las mutuas colaboradoras en entidades gestoras de la Seguridad Social o la introducción de mecanismos que refuercen el reconocimiento del origen laboral de determinadas patologías.

Cambios en la pensión de viudedad

Estas propuestas, sin embargo, no están exentas de discrepancias. El sindicato liderado por Unai Sordo ha mostrado su rechazo a la idea del Gobierno de ampliar las competencias de las mutuas para que puedan proponer incapacidades permanentes derivadas de contingencias comunes, al considerar que podría generar conflictos en la protección de los trabajadores.

Otro de los asuntos que están sobre la mesa es la posible modificación de los requisitos para acceder a la pensión de viudedad en el caso de las parejas de hecho. En este punto, se estudia la posibilidad de flexibilizar las condiciones para aquellas personas que no puedan acreditar formalmente su relación, pero sí demuestren convivencia prolongada o tengan hijos en común con el fallecido.

*Noticia elaborada con información de Europa Press.