Los centros penitenciarios deberán informar a los reclusos extranjeros sobre el nuevo proceso de regularización

El procedimiento incluye apoyo lingüístico, registro de solicitudes y asistencia técnica para facilitar el acceso de los internos extranjeros a la regularización administrativa

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Migrantes esperan turno para gestionar su regularización administrativa (Europa Press)
Migrantes esperan turno para gestionar su regularización administrativa (Europa Press)

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha solicitado a todos los centros penitenciarios que informen a la población reclusa extranjera sobre el proceso extraordinario de regularización vinculado al Real Decreto 316/2026, divulgado el 14 de abril.

Según la comunicación de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, a la que ha accedido Europa Press, los centros deberán crear un registro estadístico de solicitantes, proporcionar la documentación relacionada “a la mayor brevedad” y ofrecer apoyo lingüístico cuando sea preciso, para facilitar la participación de todos los internos extranjeros.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior ha precisado que la información sobre el proceso debe estar accesible en tablones, bibliotecas o escuelas de los recintos penitenciarios, determinando para ello un profesional de referencia del equipo técnico.

Además, se indica que las solicitudes deben quedar anotadas en el expediente personal de cada recluso, tanto si la documentación existe en su totalidad como si falta parcial o completamente, con el objetivo de contabilizarlas exhaustivamente, de acuerdo a la instrucción distribuida. Este registro permitirá a las autoridades llevar un control detallado del proceso y evaluar su alcance en cada centro.

Integración de extranjeros

El Real Decreto 316/2026 forma parte de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar la integración y el acceso a derechos fundamentales de personas extranjeras en situación administrativa irregular.

Esta normativa, con carácter excepcional, busca responder a la realidad de numerosos internos que, tras cumplir sus condenas, enfrentan dificultades para regularizar su situación y, por tanto, para acceder a oportunidades laborales o residenciales fuera del centro penitenciario.

Las autoridades han subrayado la importancia de garantizar que la información llegue a todos los potenciales beneficiarios, especialmente teniendo en cuenta las barreras idiomáticas y la diversidad de nacionalidades presentes en los centros españoles. El objetivo es que ningún interno quede excluido del procedimiento por falta de información o por dificultades de comprensión.

Oficinas públicas reciben a numerosos migrantes interesados en formalizar su situación en España (Europa Press)
Oficinas públicas reciben a numerosos migrantes interesados en formalizar su situación en España (Europa Press)

La instrucción remarca que la colaboración de los equipos técnicos es esencial para identificar a los internos que puedan acogerse al proceso y para asegurar que reciben el acompañamiento necesario durante la tramitación de la solicitud.

El proceso contempla la posibilidad de presentar la documentación incluso si esta resulta incompleta, permitiendo así iniciar el expediente y evitar demoras en la inscripción de los reclusos interesados. Los profesionales de los equipos técnicos tendrán la responsabilidad de orientar y asistir a los internos a lo largo de todo el procedimiento administrativo.

Reclamos laborales sin respuesta

Por otro lado, la asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha criticado ante Europa Press la rapidez en implementar medidas para beneficiar a la población reclusa, cuestionando el “silencio” de la Secretaría General ante demandas laborales históricas de los trabajadores penitenciarios.

Entre ellas, mencionan el “retraso injustificado” en la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que supondría el reconocimiento del personal como agente de autoridad, así como la exigencia de medidas de concentración horaria orientadas a reducir desplazamientos.

El Gobierno ha aprobado la regularización extraordinaria de migrantes. "Son personas que conviven con nosotros. A partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones", ha asegurado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (Fuente: La Moncloa)

La asociación TAMPM, compuesta en su mayoría por funcionarios de prisiones, sostiene que la Administración muestra una respuesta más ágil ante cuestiones que afectan a los internos que ante las reivindicaciones del personal. Desde hace años, el colectivo reclama mejoras en las condiciones laborales, mayor seguridad en los centros y una mayor dotación de recursos humanos y materiales.

Además, insisten en la necesidad de que los funcionarios penitenciarios sean reconocidos como agentes de autoridad para reforzar la protección jurídica en el ejercicio de sus funciones. Estas demandas han sido trasladadas de forma reiterada a la Administración, que según el colectivo, no ha dado una respuesta satisfactoria hasta la fecha.