La isla de Lanzarote le quita el contrato que lleva el agua a 208.000 vecinos al Gobierno de Ayuso

El Consorcio del Agua de Lanzarote (integrado por el Cabildo de Lanzarote y el resto de ayuntamientos de la isla) ha decidido este lunes rescindir el contrato que tenía con el Canal de Isabel II, la empresa pública madrileña, para que no siga gestionando el servicio de abastecimiento y tratamiento de agua, que da servicio a 208.000 vecinos. Se pone así punto y final a un desencuentro que se venía fraguando desde hace meses. Lanzarote argumenta su decisión con un informe técnico que ha sido definitivo: desde que el tratamiento de aguas fecales es “habitualmente insuficiente” hasta que las pérdidas en el ciclo de abastecimiento pueden llegar al 55%.

Canal Gestión Lanzarote (empresa 100% dependiente del Canal) ganó la concesión en 2013 para gestionar el abastecimiento de la red que lleva el agua a los habitantes de siete municipios que incluyen a 75 pequeñas localidades. El periodo del contrato es de 30 años, dura hasta 2043. El Canal se comprometió a invertir 50 millones de euros. A cambio, la contraprestación que recibe es el derecho a cobrar las correspondientes tarifas a los abonados en función del grado de utilización de los distintos servicios públicos prestados.

¿Qué hace la Comunidad de Madrid gestionando el agua de dos islas que están a 1.577 kilómetros de Madrid? La respuesta es que, en 2013, el Gobierno regional presidido entonces por Ignacio González continuó con un proceso de expansión y líneas de negocio que ya había llevado al Canal a otros países de Suramérica. Esta aventura empresarial finalizó este lunes. El Consorcio ha decidido finiquitar el contrato tras no prosperar las negociaciones para ceder el servicio a una tercera empresa dentro de los plazos establecidos. De hecho, la firma Canaragua (filial de Aguas de Barcelona, que pertenece al grupo francés Veolia) había comunicado formalmente al Ejecutivo de Ayuso que estaba interesado en seguir gestionando este contrato, pero no ha habido acuerdo. El Consorcio también acordó la “intervención temporal del servicio público del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa como medida cautelar”.

El dueño de la red es el Consorcio, pero quien las opera es el Canal. Hay cuatro captaciones de agua marina que transforman en agua apta para el consumo mediante la explotación de cuatro plantas desalinizadoras. Luego, a través de 1.513 kilómetros de tuberías, se da suministro a los vecinos. El Consorcio ha argumentado su decisión tras conocer el último informe técnico que encargó para valorar la gestión del Canal. El citado documento concluye que los incumplimientos del contrato son “recurrentes” y “generalizados”. Además, señala que “causan lesiones graves” para los usuarios y acusa a la filial del Canal de desobedecer el mandato de conservar las instalaciones.

Pérdidas del 55%

El informe habla de “cortes estructurales” y asegura que la red de abastecimiento soporta pérdidas del 55,4% del agua que se desala. Son datos de 2025. Desde la privatización del servicio en 2013, cuando Canal Gestión Lanzarote asumió el contrato, las pérdidas se han situado entre el 50 y el 60%. El año con mayor porcentaje de pérdidas fue 2021, cuando se superó el 60% del agua perdida. El Canal, por su parte, recuerda que el Consorcio solo pedía una inversión de 15 millones, y que el Canal ha ejecutado más de 60 millones, reduciendo las averías en la red en un 30%. El Canal también asegura que el “Consorcio ha incumplido de forma reiterada, constante y consciente su obligación de revisar anualmente los precios del contrato”, es decir, las tarifas que pagan los vecinos.

El informe también asegura que este modelo “perverso” se está produciendo al tiempo en que el consumo del agua en la isla ha alcanzado su máximo histórico. En los últimos diez años, el consumo se ha incrementado un 40%. En 2025, por ejemplo, la demanda de agua alcanzó los catorce millones de metros cúbicos anuales, mientras que la producción superó los 32 millones de metros cúbicos. “Los cortes de suministro se han consolidado como parte del servicio en una normalidad estructural que no parece evolucionar hacia su resolución”, se lamentan desde el Consorcio, que vincula el deterioro del servicio a la reducción de la plantilla. El equipo destinado al control de fugas se ha reducido en un 50%, con solo dos operarios para toda la isla.

Por último, el informe señala que las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), las encargadas de tratar las aguas fecales que se producen en la isla, están al “límite” y su tratamiento es “habitualmente insuficiente”, lo que ha obligado al Consorcio a abrir “varios expedientes” al Canal Gestión y sancionar a la empresa. En las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid, se refleja que el Canal ha invertido 61,3 millones de euros en 209 proyectos. Los argumentos de la Comunidad de Madrid son claros: el Consorcio no ha ejecutado ninguno de los programas de inversión que ha presentado en los últimos nueve años.

Diego Cruz, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, acaba de registrar una serie de preguntas al Gobierno regional para que informe detalladamente sobre todo este “desastre en la gestión”. Para Cruz, “¿qué consecuencias económicas tiene para Canal de Isabel II la intervención del contrato de concesión?, ¿considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid que la gestión realizada por Canal Gestión Lanzarote cumple los estándares técnicos y de eficiencia exigibles a una empresa pública?, ¿mantiene la Comunidad de Madrid la voluntad de continuar con la presencia empresarial del Canal fuera de Madrid o considera necesario replantear esta estrategia?”. El parlamentario asegura que "estamos asistiendo a un embrollo en el que una administración pública puede acabar interviniendo a una empresa pública madrileña para garantizar el agua a los ciudadanos". Canal Gestión Lanzarote estudiará, por su parte, acciones legales contra esta decisión.