Los funcionarios de prisiones incautan más de seis teléfonos móviles al día dentro de las cárceles: “Generan un mercado negro que provoca conflictos”

Durante el año 2025 se han incautado 2.466 teléfonos móviles en los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, una cifra, que según el sindicato ACAIP-UGT, confirma que “la presencia de estos dispositivos sigue siendo una realidad constante dentro de las cárceles españolas” y que supone la intervención de más de seis terminales cada día por los empleados públicos penitenciarios.

A esto añaden que en los últimos cinco años se han decomisado más de 13.000 teléfonos móviles, “lo que refleja la dimensión estructural de este problema y la presión permanente a la que se enfrentan los trabajadores penitenciarios para impedir su uso dentro de los centros”.

Desde el sindicato explican que estos dispositivos están prohibidos dentro de los centros para que los internos no puedan saltarse los controles de comunicación establecidos y así facilitar la continuidad de actividades delictivas desde el interior de las cárceles. Estos dispositivos pueden ser utilizados para coordinar redes criminales, mantener el control sobre actividades ilícitas o contactar con víctimas en casos de violencia de género, entre otras conductas que ponen en riesgo la seguridad de instalaciones críticas del estado.

Además, “su presencia genera un mercado negro dentro de los centros penitenciarios, provocando conflictos entre internos, deudas y episodios de violencia asociados a su posesión y control”, añaden.

El uso de drones para introducir los móviles

Para introducir los teléfonos se utilizan cada vez métodos más sofisticados. A parte de las clásicas técnicas de que un familiar o el propio preso lo llevé escondido en su cuerpo, se suma el uso de drones, que permiten lanzar paquetes al interior de los centros con gran precisión, “dificultando las labores de prevención y facilitando la entrada de dispositivos más sofisticados con acceso a internet”.

“A esta situación se añade la obsolescencia de muchos sistemas de inhibición de señal instalados en los centros penitenciarios, que no se han adaptado a las nuevas tecnologías de telecomunicaciones y que, en muchos casos, resultan insuficientes para impedir el uso efectivo de estos dispositivos”, denuncian desde el sindicato.

Por ello insisten “en la necesidad urgente de modernizar los sistemas de seguridad, actualizar los inhibidores de frecuencia y reforzar las plantillas de trabajadores penitenciarios, adaptándolas a las necesidades reales de los centros, para poder hacer frente a este fenómeno”.

Falta de trabajadores

ACAIP-UGT también pone “en valor el trabajo de los empleados públicos penitenciarios que, a pesar de que las plantillas ni están bien dimensionadas ni cubiertas todas las plazas, y de no disponer de medios técnicos adecuados, logran detectar y decomisar miles de estos dispositivos cada año mediante requisas, cacheos y controles constantes”.

“La seguridad en prisión es un elemento imprescindible para garantizar el buen funcionamiento del sistema penitenciario y el desarrollo de los programas de reinserción. La proliferación de objetos prohibidos como los teléfonos móviles socava el orden interno y pone en riesgo la seguridad de trabajadores, internos y de la sociedad en su conjunto”, agregan.

Finalizan reclamando a la Administración penitenciaria “una respuesta firme y decidida, con inversiones en tecnología de seguridad y un refuerzo real de los medios humanos disponibles en los centros penitenciarios”.