Consumo ratifica la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por cobros irregulares a inquilinos

La inmobiliaria Alquiler Seguro deberá afrontar una sanción de 3,6 millones de euros por haber incurrido en conductas abusivas contra sus inquilinos, según ha confirmado este miércoles el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Con la resolución del recurso de alzada presentado por la compañía tras el anuncio de la sanción el pasado diciembre, la cartera de Pablo Bustinduy considera constatado que la empresa vulneró los derechos de los consumidores y aprovechó su posición dominante en el mercado. La resolución, ya definitiva, no admite más recursos por la vía administrativa.

La Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador a Alquiler Seguro en marzo de 2025 al detectar irregularidades en el comportamiento de la inmobiliaria a raíz de una denuncia interpuesta por la asociación de consumidores Facua, el Sindicato de Inquilinas y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Con esta resolución, Consumo concluye que Alquiler Seguro ha incurrido en una infracción grave, por la que se le impone una multa de 10.001 euros, además de otras seis muy graves, que se corresponden con una sanción de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros y una última de 100.001 euros. Además, el Gobierno obliga a Alquiler Seguro a eliminar las cláusulas consideradas abusivas y a hacer pública la sanción.

Cargos indebidos y gastos de gestión

Entre las infracciones atribuidas a la empresa inmobiliaria, se encuentra la obligación impuesta al arrendatario de contratar un Servicio de Atención al Inquilino, asumiendo gastos de gestión y formalización que no le corresponden. Esta práctica está prohibida expresamente en la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda. También se exigía la contratación de un seguro de hogar cuya cobertura beneficiaba únicamente al arrendador. Adicionalmente, la compañía trasladaba al inquilino los cargos derivados de reclamaciones de deudas, incluso si el propio arrendatario no era responsable de ellas. Se sumaban cargos por reclamaciones judiciales sin que existiera condena en costas.

Otra práctica sancionada consistía en incluir una cláusula contractual que permitía incorporar al arrendatario en registros de morosos por impagos, aunque no existiera deuda vencida o exigible. Finalmente, se detectó la eliminación del derecho de desistimiento del arrendatario en el contrato del Servicio de Atención al Inquilino, restringiendo garantías legales previstas para los consumidores.

El Sindicato de Inquilinas prepara movilizaciones

En paralelo a la multa de Consumo, Alquiler Seguro se enfrenta a una movilización sin precedentes tras el anuncio de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, que impulsará la primera huelga estatal de alquileres dirigida contra la inmobiliaria. La confederación acusa a la empresa de mantener prácticas que considera “sistemáticas y estructurales contrarias a la legalidad”.

La campaña surge después de años de denuncias a prácticas que recuerdan a las sancionadas por el Gobierno, conflictos y procesos judiciales. El sindicato sostiene que los inquilinos están cansados de los honorarios que consideran ilegales, la imposición de seguros y suministros gestionados por el propio grupo, así como la falta de mantenimiento y cobros de hasta 200 euros por visitar una vivienda.

Como primer paso, el sindicato recorre las casi 30.000 viviendas gestionadas por la empresa en toda España para informar y organizar a los inquilinos. Afirman que ya hay cientos de familias dispuestas a sumarse, decididas a dejar atrás los “abusos” y exigir cambios.