Alquiler Seguro recurrirá la multa de 3,6 millones de euros propuesta por el Gobierno que consideran “abusiva” y “desproporcionada”

La empresa Alquiler Seguro presentará alegaciones frente a la propuesta de sanción de 3,6 millones de euros del Ministerio de Consumo, insistiendo en que todos sus servicios “son transparentes, públicos y voluntarios”. Según ha informado la compañía en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, “la compañía rechaza la imposición de cualquier tipo de sanción y defenderá la legalidad de sus acciones en la fase de alegaciones”.

La compañía sostiene que cumple la normativa vigente y niega haber incurrido en prácticas abusivas dentro de la gestión del alquiler. En su defensa, subraya que todos los gastos de gestión y formalización del contrato recaen “exclusivamente en el arrendador, tal y como viene recogido en el contrato de prestación de servicios”.

Por su parte, la propuesta del Ministerio de Consumo señala diversas irregularidades en los servicios ofertados por Alquiler Seguro. Entre las más destacadas, figuran la imposición de un supuesto “servicio de atención al inquilino” empleado para encubrir el cobro de gastos que, según el Ministerio, deberían asumir directamente los propietarios; la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica; así como la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los costes asociados a demandas judiciales o procedimientos extrajudiciales.

Proceso administrativo abierto

La sanción, cuya cuantía ha sido calificada por Alquiler Seguro como “abusiva” y “desproporcionada”, se encuentra en fase de análisis y deberá ser valorada por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán. Según indica Europa Press, se prevé que la decisión definitiva se adopte tras la revisión y el estudio de las alegaciones que presenten las partes en los próximos meses.

Tres sentencias judiciales podrían demostrar la “legalidad” de los servicios de Alquiler Seguro

Alquiler Seguro destaca que hay respaldo judicial a la legalidad de sus servicios. Tal y como ha informado Europa Press, la compañía suma tres sentencias judiciales ganadas, la más reciente conocida el día anterior a la publicación del comunicado.

En la resolución aportada por la empresa, el Juzgado de Primera Instancia nº 104 de Madrid desestimó la demanda de un inquilino que reclamaba la devolución de los importes abonados por el servicio de atención al inquilino. La sentencia precisó que la empresa ofreció un contrato de servicio de atención al inquilino "sin ningún tipo de imposición, pudiendo optar la parte actora por arrendar directamente la vivienda sin intermediación de la demandada”.

Esta decisión judicial constata, además, que “las incidencias comunicadas por los arrendatarios fueron superiores a la media del resto de contratos de arrendamiento gestionados por la demanda, sin que pidieran la cancelación del contrato”. En este sentido, el juzgado estableció que “la pretensión de devolución del precio abonado por la misma carece de fundamento objetivo alguno”, según ha recogido la agencia de noticias.

La empresa valora estos fallos judiciales como un aval para sus prácticas, mientras que el expediente administrativo por la propuesta de sanción de Consumo sigue abierto a la espera de la decisión de la administración, tras la presentación de alegaciones.