Los constantes obstáculos a los que se enfrenta el caso Montoro: “Masivos” recursos de las defensas, documentos incompletos y archivos que no se pueden abrir

“Han transcurrido más de siete meses desde que se levantó el secreto y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación alguna”. Es una de las quejas que muestra en uno de sus últimos escritos la fiscal Anticorrupción, Carmen María García Cerdá, sobre el caso Montoro. Y es que la instrucción —que investiga las presuntas reformas legislativas realizadas desde el Ministerio de Hacienda para que empresas gasísticas recibieran beneficios fiscales a cambio de pagos millonarios al despacho de abogados de Cristóbal Montoro, Equipo Económico— sigue desde junio de 2025, cuando se levantó el secreto, en una situación de bloqueo en la que es cada vez más difícil avanzar.

Aunque la investigación en sí es de alta complejidad (estuvo en secreto desde 2018), los obstáculos que dificultan su avance son permanentes, entre un bombardeo constante de recursos presentados por las defensas, ahora centrados en poner en entredicho la declaración de secreto durante tantos años, y los problemas que están surgiendo con varios documentos aportados por diferentes entidades.

Sobre los recursos de los investigados, el Ministerio Fiscal ha emitido una respuesta el pasado 16 de marzo, a la que ha tenido acceso Infobae y en la que destacan “lo llamativo de las argumentaciones utilizadas en algunos casos”. “Es claramente apreciable que, en esta causa, además, vistas las actuaciones de los investigados en estos momentos, el secreto ha conseguido evitar esas manipulaciones que parece se están utilizando ahora, levantado el secreto, por las partes”, señala la fiscal. A su juicio, las defensas estarían intentando frenar la investigación mediante la interposición de recursos “masivos”, solicitando nulidades por indefensión sin concretarlas o impugnando actuaciones clave del proceso.

Los investigados aún no declaran

También critica que algunas de estas peticiones buscan cerrar la investigación o se oponen a la prórroga de la instrucción, pese a que aún no se ha tomado declaración a los investigados, quienes han solicitado aplazamientos para poder examinar la causa.

“Fíjese la Sala que casa mal el argumentar la causación de indefensión con la oposición a la prórroga de la Instrucción, que permitirá a las partes declarar cuantas veces tengan por conveniente, asistir a las declaraciones de testigos, proponer prueba, etc.”, agrega, en un intento más de demostrar cómo estos recursos tienen el supuesto objetivo de dilatar todo el proceso, porque el juzgado tiene la obligación de responderlos para no caer en la indefensión que ellos mismos alegan.

Sin embargo, para el Ministerio Público, la situación es clara y “no se ha privado a las partes de ningún medio de defensa”, a lo que se añade una crítica directa a estas defensas: “Los recurrentes no son capaces de señalar qué indefensión les ha producido la declaración de secreto, teniendo en cuenta que, aunque el secreto ha durado mucho tiempo, todas las partes están pudiendo proponer desde que se ha alzado el mismo las diligencias que tengan por conveniente”.

“Los recurrentes contestados en este escrito, al igual que otros que también han impugnado los autos de secreto, no han concretado qué diligencias habrían pedido, que el secreto les haya impedido su práctica”, finaliza de forma contundente.

Información “incompleta” aportada por los bancos

A este muro de contención creado por los propios imputados, se suma una serie de problemas con los documentos que se van aportando a cuentagotas en la causa. Esta semana pasada, el 25 de marzo, el juez instructor emitía un auto, al que ha tenido acceso este periódico, y en el que, basándose en un informe de la Agencia Tributaria, indica que “se pone de manifiesto la existencia de una serie de deficiencias en la información bancaria recibida, de manera que ésta se muestra incompleta, de ahí que solicite la emisión de una serie de mandamientos, con el objeto de completar la información recibida”.

Son unos datos, concretamente “información relevante respecto a cuentas pertenecientes a los investigados“, que fueron solicitados el 1 de junio de 2023, pero que ahora tienen que volver a ser solicitados ante esta problemática. ”A tal efecto, damos por reproducidos los argumentos expuestos en anteriores resoluciones, en cuanto a la necesidad de acceder a la información solicitada, y su relevancia para el curso de las actuaciones”, añade el instructor.

De hecho, el propio auto deja claro que “realmente se trata de una diligencia ya acordada y cumplimentada”, pero que, aun así, la información disponible no permitía completar el examen, ya que “la información remitida por algunas entidades bancarias resultó insuficiente”. Es decir, los investigadores trabajaron inicialmente con un mapa incompleto de las cuentas, lo que ha obligado a reabrir esta línea de investigación y ampliar los requerimientos.

En el mismo escrito destaca que, al empezar a completar esos datos, han aflorado indicios relevantes, como “una fragmentación de los pagos y un diferimiento de los mismos”, así como ingresos en distintas cuentas y transferencias a “exsocios y familiares” que no encajan con los porcentajes de participación, lo que refuerza esta necesidad de rehacer y profundizar en el análisis financiero, pero que se va a alargar más en el tiempo.

“Ciertos archivos no pueden reproducirse”

En paralelo, el juez ha escrito otro auto sobre un problema adicional que ha surgido con otra de las peticiones, esta vez al Ministerio de Hacienda. El 16 de diciembre de 2021, “se acordó librar varios mandamientos, entre otros organismos, a la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para que facilitasen copia del contenido de diversas cuentas de correo corporativo”.

El 26 de enero de este año, la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada pidió a los Mossos d’Esquadra que presentaran en el juzgado “la relación de documentos y notas adjuntas, por tratarse de un formato HTML que remiten a un servidor interno del Ministerio de Hacienda, y no pueden visionarse”. El requerimiento judicial también se amplió al Ministerio de Hacienda.

El magistrado, como en el otro auto, vuelve a remarcar que “realmente se trata de una diligencia ya acordada y cumplimentada si bien, al parecer, ciertos archivos no pueden reproducirse, ya que remiten a un servidor interno del Ministerio de Hacienda, por lo que se hace necesario remitir nuevo requerimiento a fin de que aporte el contenido de tales archivos”.