Bruselas se alinea con el paquete anticrisis de Sánchez y pide a los Estados bajar impuestos a la electricidad y evitar cortes de suministros por la guerra en Irán

La Comisión Europea ha urgido a sus Estados miembros a que adopten medidas análogas para proteger a los hogares ante el encarecimiento de la energía vinculado al conflicto en Oriente Medio. El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha defendido ante el Parlamento Europeo que los países reduzcan los impuestos sobre la electricidad y garanticen ayudas de emergencia, así como mecanismos que eviten cortes de suministro, una petición que va en línea con las 80 medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Jorgensen ha recordado este miércoles en Bruselas la exposición de Europa a la volatilidad de los combustibles fósiles, destacando que “si no aprendemos, estamos condenados a repetir nuestros errores del pasado, década tras década, crisis tras crisis”. El comisario ha subrayado la urgencia de medidas inmediatas para contener el impacto económico a través de la reducción de tasas e impuestos sobre la electricidad, y ha instado a que “los Estados miembro aseguren una imposición menor en la electricidad que en los combustibles fósiles”.

Entre las líneas propuestas por la Comisión Europea se encuentra el impulso a tarifas más bajas, mayor flexibilidad contractual para los consumidores y la facilitación del autoconsumo y producción de energía limpia a nivel doméstico. “Debemos permitir que los consumidores cambien a contratos más baratos, que utilicen la energía con más flexibilidad y empoderarlos para que puedan producir y compartir su propia energía limpia”, ha sostenido Jorgensen en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. Además, ha vinculado el reto actual con la urgencia de reforzar las redes eléctricas, avanzar en electrificación e independencia y consolidar una auténtica unión energética.

Bajar el IVA de la luz hasta el 10%

En esta misma línea, el Consejo de MInistros español aprobó el pasado 11 de marzo un paquete de 80 medidas económicas con un presupuesto de 5.000 millones de euros, orientado a aliviar el impacto de la guerra en Oriente Medio en los hogares españoles. El eje central consiste en la rebaja del IVA del 21% al 10% en gasolina, luz y gas, sumado a nuevos incentivos para el consumo energético y el refuerzo de la protección social. El acuerdo fue alcanzado tras una tensa negociación interna entre miembros del PSOE y Sumar.

El decreto aprobado supone que el IVA que se aplica a los carburantes, electricidad y gas natural pasa del 21% al 10%, el límite mínimo autorizado por la Unión Europea. La medida equivaldrá a una reducción cercana a 30 céntimos por litro en carburantes, con un ahorro medio estimado de 20 euros por depósito. También se bajan al 10% el IVA de pellets y se mantiene el precio máximo del butano y el propano. Además, se elimina el impuesto especial a la electricidad del 5% pagado por los consumidores y el tributo del 7% gravado sobre la generación eléctrica a las empresas, lo que en conjunto representa, según el presidente Pedro Sánchez, una disminución del 60% de los impuestos sobre la electricidad.

Medidas centradas en los hogares

El decreto también introduce cambios regulatorios para evitar prácticas especulativas en el mercado de la energía. Se refuerzan así las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para monitorizar a los operadores y vigilar la evolución de los precios. El Ministerio de Trabajo prevé prohibir los despidos objetivos en empresas receptoras de ayudas públicas relacionadas con la crisis, recomendando en su lugar la utilización de ERTE. Igualmente, el Ejecutivo recupera la deducción del 15% en IRPF por compra de vehículos eléctricos y suma incentivos fiscales para la rehabilitación energética de viviendas.

Otras medidas estructurales incluidas buscan acelerar la transición energética, simplificando procedimientos administrativos para proyectos renovables, impulsando sistemas de almacenamiento y fomentando el autoconsumo compartido en industrias y ciudades. Se activa además un programa de apoyo a cooperativas energéticas, reservando parte del cupo de futuras subastas de capacidad para proyectos comunitarios.

De acuerdo con la misma fuente, el decreto finalmente excluye la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga automática de contratos de alquiler que vencen en 2026, tras el desacuerdo parlamentario sobre estas cuestiones. La ausencia de estas disposiciones ha provocado tensiones con el grupo Sumar, que se ha negado a participar en el Consejo de Ministros si no se garantizaba la inclusión de límites a los márgenes empresariales y más medidas de vivienda. Tras negociar durante dos horas, el Gobierno ha optado por separar en dos decretos las iniciativas anticrisis y las referentes a vivienda, permitiendo así el consenso para aprobar el plan principal con medidas económicas y sectoriales.