El nuevo registro horario de Yolanda Díaz no convence al Consejo de Estado: critica que no se tengan en cuenta las peculiaridades de cada sector

El proyecto del Ministerio de Trabajo para reforzar el control del registro horario ha recibido un duro golpe por parte del Consejo de Estado, que cuestiona tanto su diseño como su impacto real sobre empresas y trabajadores. Así, el órgano consultivo considera que la norma, impulsada por el departamento que dirige Yolanda Díaz, no está suficientemente justificada y presenta importantes carencias, entre ellas: la falta de adaptación a las particularidades de cada sector económico, el no haber calculado gastos, no tener en cuenta el impacto en las pymes ni la protección de datos personales.

El dictamen, aprobado el pasado viernes y al que ha tenido acceso El País, concluye de forma tajante que “no procede aprobar el real decreto proyectado”. Aunque este informe no es vinculante, su contenido supone un importante obstáculo para la tramitación de la norma y refuerza la posición de las organizaciones empresariales, que ya han anunciado su intención de acudir a los tribunales si el texto sale adelante.

La iniciativa de Trabajo busca endurecer el registro diario de la jornada laboral mediante la implantación de un sistema digital que permita a la Inspección de Trabajo supervisar con mayor eficacia el cumplimiento de los horarios. El objetivo es combatir las horas extraordinarias no remuneradas, una práctica que afecta a cientos de miles de trabajadores.

Este movimiento se produjo después de que el Congreso tumbara la ley para reducir la jornada laboral de 37,5 horas semanales. Tras este revés parlamentario, el Ministerio optó por rescatar uno de los elementos clave de la reforma, que fue el refuerzo del control horario, también recogido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.

Es “poco realista” que la medida no impacte en las empresas

Sin embargo, el Consejo de Estado considera que el planteamiento presenta deficiencias relevantes. Aunque reconoce que la finalidad de la norma es positiva, ya que pretende evitar las horas extra impagadas y mejorar el control efectivo de la jornada, advierte de que el texto no evalúa correctamente sus consecuencias económicas ni su encaje jurídico.

Uno de los puntos más críticos es el impacto sobre las empresas. El dictamen señala que la memoria de impacto normativo no valora adecuadamente el coste de implantar el sistema digital obligatorio, que afectaría a más de un millón de compañías. Según los cálculos recogidos en el propio informe, el coste inicial podría ascender a 867 millones de euros anuales, sin incluir gastos adicionales como formación o mantenimiento. Por esto, el Consejo considera “poco realista” la afirmación del ministerio de que la medida no supondrá una carga importante.

Además, el órgano consultivo recoge las objeciones de otros departamentos del Gobierno. El Ministerio de Economía ya había emitido informes desfavorables, en los que advertía de la necesidad de establecer un periodo transitorio más amplio y de diseñar herramientas que reduzcan el impacto en las pequeñas y medianas empresas. También subraya que imponer un modelo uniforme no tiene en cuenta las diferencias existentes entre todos los sectores.

Y precisamente esta es una de las críticas del Consejo de Estado, la falta de adaptación a las “peculiaridades” de determinadas actividades. El dictamen menciona expresamente casos como la hostelería, los trabajadores ferroviarios o los porteros de fincas, donde las condiciones laborales dificultan la aplicación de un sistema digital único. Por eso, el organismo sugiere que la norma no debería aplicarse a las jornadas especiales de trabajo.

Dudas sobre privacidad, legalidad y tramitación de la norma

Otro de los aspectos cuestionados es la protección de datos. En línea con el informe de la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo advierte que el proyecto no garantiza adecuadamente la privacidad de los trabajadores. “No basta con decir que no accederán a los datos las personas no legitimadas”, señala el dictamen, que reclama un mayor detalle sobre el funcionamiento técnico del sistema, incluyendo si se utilizarán datos biométricos y cómo se limitará el acceso a la información.

El informe también pone en duda la base jurídica del real decreto. A juicio del Consejo de Estado, el texto no se limita a desarrollar la legislación vigente, sino que introduce nuevas obligaciones, lo que podría exceder las competencias propias de un reglamento. En otras palabras, su contenido requeriría una ley aprobada por el Parlamento, tal como vienen defendiendo las organizaciones empresariales.

Asimismo, el órgano critica la tramitación urgente del proyecto, al considerar que no está debidamente justificada, y reprocha al ministerio no haber tenido suficientemente en cuenta las observaciones realizadas por otros organismos. “No se trata de acumular informes”, advierte, sino de integrar sus conclusiones para lograr una norma más completa.

Aun así, el Consejo de Estado reconoce que el objetivo de la iniciativa es legítimo y necesario. “La jornada de trabajo no debe extenderse más allá de lo previsto por las normas”, subraya, destacando que un control eficaz puede contribuir al bienestar de los trabajadores.