Cesta de la compra más cara, gasolina disparada y frenazo al auge del PIB español: la crisis que puede venir si la guerra en Irán se eterniza

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya está pasando factura al bolsillo de los hogares españoles. Llenar el depósito, pagar la luz o hacer la compra son algunos de los gastos que acusan la tensión de un conflicto que va camino de su cuarta semana —la duración augurada en un inicio por Donald Trump— y cuyo impacto puede agravarse si se prolonga.

Ese es el escenario que anticipan numerosos expertos, con una advertencia clara: si la guerra se alarga, el shock energético puede extenderse al conjunto de la economía del país, encarecer el transporte, elevar los costes de producción y enfriar el consumo.

El primer impacto se nota en los carburantes. Un estudio de Funcas calcula que, entre finales de febrero y el 15 de marzo, llenar un depósito mediano de 60 litros se ha encarecido en unos 20 euros de media, mientras que la factura anual de combustibles ha aumentado en torno a 225 euros por hogar. La misma fuente advierte de que, si persisten las tensiones sobre el crudo, la gasolina y el gasóleo podrían acercarse a los 2 euros por litro, lo que elevaría el sobrecoste anual hasta unos 400 euros.

En electricidad y gas, el riesgo es más indirecto en España, pero también existe: el BCE contempla escenarios en los que el gas europeo podría acercarse a los 90 euros por MWh e incluso superar los 100 si la guerra sigue tensionando el suministro energético. Aunque España está más protegida que otros países europeos por su menor dependencia del gas, un conflicto más largo también puede acabar presionando las facturas si sigue encareciéndose la energía en Europa.

A ese riesgo se suma la incertidumbre política. El Gobierno ha aprobado una rebaja temporal del IVA de los carburantes y combustibles del 21% al 10% hasta el 30 de junio, dentro del paquete anticrisis, y mantiene también reducciones fiscales sobre la electricidad y el gas para contener el impacto energético en los hogares. Sin embargo, el decreto todavía debe ser convalidado por el Congreso el jueves 26 de marzo y, si ese escudo decae, el golpe para conductores y familias sería mayor.

Del surtidor al supermercado

Después, la presión se traslada a la cesta de la compra. Una energía más cara encarece el transporte, los costes agrícolas y productos básicos como los fertilizantes, por lo que el impacto acaba llegando a los alimentos.

La OCU ya ha detectado esa presión: la cesta analizada por la organización ha alcanzado en marzo los 320,78 euros al mes, el nivel más alto desde que comenzó a registrar estos precios en junio de 2024, tras subir un 1,53% respecto a febrero. Las frutas y verduras han tenido la mayor subida, del 5,78% en solo 20 días.

Este encarecimiento se produce además en un contexto en el que muchas familias todavía no han recuperado plenamente su poder adquisitivo tras las anteriores oleadas de inflación.

El IPC podría resistirse a la bajada

El gran riesgo macroeconómico es que el conflicto frene la desinflación y dificulte la moderación del Índice de Precios de Consumo (IPC). Funcas prevé que la inflación general llegue al 3,6% en marzo, supere el 4% en los meses posteriores y empiece a bajar a partir de junio, pero solo si el escenario energético no empeora más. Según su análisis, la media anual quedaría en el 3,6%, claramente por encima de lo que se esperaba antes de comenzar la escalada de tensiones en Oriente Medio.

La Cámara de España también ha revisado sus previsiones con la guerra como telón de fondo. En su escenario base, que parte de la hipótesis de un conflicto corto de semanas, la economía española crecería un 2,3% en 2026. Pero si la guerra se alarga entre dos y tres meses, el PIB avanzaría tres décimas menos y la inflación aumentaría medio punto.

Por su parte, BBVA Research mantiene una visión algo menos severa, con una previsión de crecimiento del 2,4% para 2026, aunque subraya que el contexto internacional es más incierto que hace solo tres meses y que el escenario está muy condicionado por la duración del conflicto.

Menos consumo y menos crecimiento

La lógica es sencilla: si suben la gasolina, la luz y la compra, los hogares tienen menos renta disponible para consumir otras cosas. Eso enfría la demanda interna, reduce márgenes empresariales y termina afectando al crecimiento. En otras palabras, una guerra más larga no implicaría solo pagar más por llenar el depósito, sino también una economía española con menos impulso.

En este sentido, el paquete anticrisis aprobado por el Gobierno intenta actuar como un amortiguador. Además de la rebaja fiscal sobre carburantes, el real decreto-ley incluye medidas sobre electricidad, gas y ayudas a sectores más expuestos. La intención es evitar que el shock energético se traslade con toda su intensidad a los hogares y las empresas, aunque el alcance real del escudo dependerá de dos factores: su convalidación parlamentaria y, sobre todo, cuánto dure la guerra.

Vivienda: un efecto más indirecto

La vivienda también podría verse afectada si el conflicto se prolonga. Si la guerra reaviva la inflación durante más tiempo, el alivio esperado en el coste de financiación podría frenarse, encareciendo hipotecas y enfriando parte de la demanda. Aun así, los expertos sitúan este efecto en un plano más indirecto y condicionado que el de carburantes o alimentos.

De hecho, expertos consultados por Infobae sostienen que una guerra corta no bastaría para abaratar la vivienda. Solo en un escenario mucho más prolongado, de alrededor de un año y medio o más, podría verse una caída de precios.

A corto plazo, en cambio, el mercado sigue tensionado por la falta de oferta y los analistas advierten incluso de que la vivienda nueva podría encarecerse si suben las materias primas de construcción.