La economía española sufrirá las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reducido su previsión de crecimiento para este año hasta el 2,1%, atribuyendo este recorte principalmente al impacto del conflicto sobre los mercados energéticos y financieros mundiales. Esta revisión implica una disminución de dos décimas respecto a la estimación anterior y refleja el aumento de la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio, según el análisis publicado por el FMI.
El FMI, en su evaluación anual, ha identificado el encarecimiento de los precios del petróleo como el principal factor de riesgo para la economía española, que situó el crudo en unos 110 dólares por barril tras haberse incrementado en más de un 50% desde el inicio de las hostilidades. Además, el precio del gas natural ha experimentado un aumento del 98%, alcanzando los 60 dólares por megavatio hora después del ataque al campo iraní de South Pars y las sucesivas represalias en infraestructuras energéticas de Arabia Saudí, Kuwait y Qatar, especialmente la planta de Ras Laffan, donde se produce casi una quinta parte del gas mundial.
En el diagnóstico realizado por el organismo, se destaca que, a pesar de que España no es inmune a los efectos de la crisis energética global, presenta una mayor capacidad de resistencia en comparación con otros socios europeos. Los técnicos del FMI han subrayado que el impacto de la subida del gas se ve mitigado en parte por la elevada proporción de energías renovables en el sistema eléctrico español, fruto de una decidida apuesta durante la última década por aumentar la capacidad de generación solar y eólica.
El FMI pide que las ayudas sean temporales
El informe advierte que, si el conflicto en Oriente Medio se prolonga, podrían mantenerse altos los precios de la energía, endurecerse las condiciones financieras y aumentar aún más la incertidumbre, con efectos negativos directos sobre la inversión, el consumo y el crecimiento. Además, el FMI ha alertado del riesgo de que los salarios y la inflación se vean afectados por efectos de segunda ronda, perpetuando una inflación general superior al 3% durante un periodo indefinido.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado recientemente un paquete de medidas valorado en 5.000 millones de euros, incluyendo rebajas fiscales sobre carburantes y gas, ayudas directas a sectores perjudicados y protección contra desahucios. No obstante, el FMI recomienda que este tipo de apoyos sean temporales y estén focalizados exclusivamente en casos de choques graves, siempre y cuando los costes de financiación de la deuda estatal permanezcan bajos.
El FMI expone dudas sobre la capacidad de actuación del Ejecutivo español ante la fragmentación política y la debilidad parlamentaria manifestada en la dificultad para aprobar leyes y presupuestos. En este contexto, pone el foco sobre la necesidad de avanzar en la consolidación fiscal y las reformas pendientes.
La crisis de vivienda y las recomendaciones para atajar el déficit
La cuestión de la vivienda destaca como uno de los principales desafíos estructurales según el FMI, que exige “una acción más contundente del Gobierno para aumentar la oferta de vivienda”. El organismo con sede en Washington respalda la mayoría de las medidas impulsadas por el ministerio competente, pero expresa reservas sobre el control de precios del alquiler adoptado en Cataluña, afirmando en el informe: “A menos que una evaluación rigurosa refute la evidencia preliminar de que los controles de alquiler han reducido de manera significativa la oferta de vivienda en alquiler, dichos controles deberían suspenderse tras su período inicial de tres años”.
Desde la implementación de la regulación autonómica en Cataluña, la subida de los alquileres se ha contenido, aunque esto ha ido acompañado de una reducción de la oferta y un desplazamiento de pisos hacia usos alternativos, como la venta o el alquiler de temporada, apunta el FMI. Por ello, aconseja desarrollar políticas que incrementen la construcción y aceleren los procesos urbanísticos y de concesión de licencias, incluyendo la reactivación de la reforma de la Ley del Suelo para reducir la inseguridad jurídica y liberar más suelo edificable.
El informe también destaca el incremento del precio de la vivienda a ritmos de doble dígito y el auge en los alquileres, arrastrados por factores como la proliferación de viviendas turísticas, el crecimiento demográfico, la inmigración, los bajos tipos de interés hipotecario y la insuficiencia de nuevas construcciones. “La oferta de vivienda tiene que aumentar a un ritmo mucho más rápido para hacer frente al gran déficit existente, sobre todo en las zonas de gran demanda”, remarca el Fondo.
Pide una reforma de la ley de vivienda estatal
Entre las recomendaciones del FMI figura la reforma de la ley de Vivienda estatal, centrada en la declaración de zonas tensionadas de alquiler, acompañado de la imposición de compromisos concretos y medibles para estimular que las comunidades autónomas liberen suelo y fomenten la oferta residencial.
Aunque valora el ajuste fiscal realizado, situando el déficit en el 2,5% del PIB en 2025, el Fondo Monetario Internacional advierte que será más difícil seguir recortando deuda en los próximos años. Además, prevé un aumento “considerable” a partir de 2030 motivado por el envejecimiento de la población y la presión sobre el gasto público en pensiones, sanidad y dependencia.
Para lograr los objetivos de consolidación fiscal, el FMI propone la armonización de tipos de IVA, eliminando las tasas reducidas sobre numerosos productos y compensando con transferencias a los hogares de rentas bajas, lo que permitiría avanzar en el ajuste previsto. También sugiere profundizar en la reforma de las pensiones, planteando extender el periodo de cálculo de las prestaciones como alternativa a nuevas subidas de cotizaciones.
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