La Audiencia Provincial de Valladolid comenzó el pasado 2 de marzo un juicio que removerá a muchos en sus sepulturas. Perdone el lector esta expresión. Pero hay más de 6.000 posibles víctimas: las familias de los fallecidos que pagaron por un féretro nuevo y de una determinada calidad para la incineración de su ser querido. Pero antes de que el cadáver llegara al horno, los empleados de la funeraria lo sacaban y lo metían en otro ataúd mucho más barato. El original, por el que habían pagado, se volvía a vender en otro servicio. Un sistema que se prolongó durante 20 años, entre 1995 y 2005, y que los juzgados bautizaron sin ningún tipo de pudor como “reciclaje”. Esta historia tiene de todo. Se destapó porque uno de los trabajadores decidió guardar pruebas y extorsionar a los dueños de la funeraria. Con las flores se hicieron prácticas similares, pasaban de un fallecido a otro hasta que se marchitaban. Estas son las claves de un proceso que sienta en el banquillo a 23 personas.
Los detalles del juicio
El juicio se prolongará durante 35 sesiones, hasta el 9 de junio, según explica un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Por el juzgado pasarán 239 testigos y 17 peritos. Los 23 procesados se declaran inocentes, aunque se les acusa de los delitos de organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil. Los beneficios ilícitos ascendieron, presuntamente, a unos cuatro millones de euros. La Audiencia Provincial tiene dos objetivos: determinar si el sistema de “reciclaje” existió y, en ese caso, quién lo conocía y quién lo autorizó dentro de la empresa, la Agencia Funeraria Castellana, que gestionaba el tanatorio El Salvador, en Valladolid.
Los acusados
Principalmente, la familia Morchón. El patriarca, Ignacio Morchón Alonso, falleció en octubre de 2022. Conocido como el ‘rey de los crematorios’ en Castilla y León, empezó su aventura empresarial con una pescadería. Pero enseguida vio negocio en la muerte (los entierros) y en los problemas financieros de sus vecinos, gestionando embargos y subastas. Sí se sientan en el banquillo, su viuda María Rosario y sus tres hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario. Todos afrontan una petición de 20 años de prisión cada uno por liderar “la trama”. La familia empleó a muchos sobrinos y sus respectivas parejas.
¿Por qué se destapó el caso?
Porque Justo Martín Garrido, un exempleado, decidió guardar pruebas de las irregularidades cometidas y decidió extorsionar al jefe. En 2016, recién jubilado, Martín Garrido empezó a pedirle dinero. No estaba de acuerdo con la pensión que le había quedado, así que le amenazó con contarlo todo. Para dejar claro que iba en serio, envió a “través de la aplicación WhatsApp fotografías de diversos féretros abiertos con los cadáveres en su interior y un cartel manuscrito donde contaba el nombre del fallecido y la fecha”, señala el sumario, indicando que guardaba copias de los partes de defunción y que si no recibía una compensación económica, “entregaría las fotos a la prensa y familiares de los difuntos diciendo que los féretros los había sustituido por otros de menos valor previamente a la incineración”. Morchón no se amedrentó y el que denunció fue él a su exempleado por extorsión. En abril de 2018 fue condenado a un año de prisión. Falleció en 2024. Fuentes judiciales señalan a Infobae que se suicidó.
El registro en su casa
La denuncia por extorsión hizo que la Policía Nacional registrara la casa de Justo, que había trabajado para la funeraria vallisoletana entre abril de 1995 y febrero de 2015, primero en la recepción y luego en el horno crematorio. Los agentes se llevaron una sorpresa. En una bolsa de deportes había archivadores con 26 libretas con anotaciones manuscritas relativas a los años 1998 a 2015, así como dos sobres con fotografías, tres pendrives con 207 fotos, 44 videos y un texto en Word donde detallaba las operaciones de sustracciones de féretros. La contabilidad B de Justo. Los datos documentaban 5.308 cambios de ataúd y de 893 coronas de flores. Aunque se investigaba una extorsión, la Policía no tuvo más remedio que iniciar una investigación paralela. Estamos en diciembre de 2017. Justo también anotó el nombre de los empleados que participaron en las sustituciones de féretros, aunque quien se beneficiaba económicamente con ellas era únicamente Morchón y su familia.
El cambiazo o “reciclaje”
En algunas libretas la Policía encontró en detalle la forma en la que se realizaba el cambio de féretros para evitar que los familiares se percataran. Por ejemplo, cuando la incineración se llevaba a cabo en el Tanatorio El Salvador y los familiares deseaban ver el inicio de la operación, después de meter el cuerpo y simular el inicio de la cremación, “accionando un potente ventilador, lo que provocaba ruido pero no aumento de la temperatura, lo volvían a sacar, se trasladaba a otro cementerio, se cambiaba la caja y se incineraba”. Así ocurrió en 746 casos. Tras analizar todas las pruebas recabadas, la Policía Nacional lanzó oficialmente la Operación Ignis (ignis significa fuego en latín). Las familias que habían utilizado sus servicios empezaron entonces a denunciar. La Fiscalía pide 206 años de cárcel para todos los acusados.
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