
La Audiencia Nacional ha avalado la entrega de un ciudadano moldavo para que cumpla la pena de cinco años de prisión en su país por un delito de secuestro el pasado julio de 2012. El tribunal considera que se han cumplido todos los requisitos legales y ha desestimado los argumentos de la defensa sobre el posible riesgo de trato inhumano y la existencia de un recurso pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Este ciudadano fue detenido el 15 de septiembre de 2025 en Salou, Tarragona, tras una orden internacional de búsqueda emitida por las autoridades de Moldavia. La detención se produjo a las 21:12 horas por parte de efectivos de los Mossos d’Esquadra, como parte de un procedimiento de extradición iniciado tras la sentencia firme dictada el 22 de febrero de 2022 por el Tribunal de Apelación de Chisinau.
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Según la documentación remitida, los hechos atribuidos incluyen la privación de libertad de la víctima, su traslado forzoso en un vehículo y una agresión que resultó en lesiones leves acreditadas por peritaje forense.
Le subieron a un todoterreno
El detenido, acompañado de varias personas no identificadas, secuestró a un hombre y le subieron a un todoterreno para trasladarle hasta un bosque cercano a una gasolinera en la capital moldava. Una vez allí, el grupo obligó a Justino a confesar el robo de un teléfono móvil, empleando la violencia: la sentencia recoge que le propinaron golpes con las manos y los pies por todo el cuerpo, y que uno de los participantes, con apoyo de los demás, utilizó un bate de madera para golpearle en las piernas.
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El informe médico forense incluido en la causa documentó que la víctima sufrió hematomas en el pecho, el brazo izquierdo, la articulación del hombro, el codo izquierdo, la rodilla izquierda y el dedo derecho, lesiones calificadas como leves. La condena a Amador se fundamenta en su participación directa en estos hechos, tipificados en Moldavia como delito de secuestro agravado por haberse cometido en grupo y con uso de objetos peligrosos.
Amador fue inicialmente absuelto por el Tribunal de Chisinau en mayo de 2020, pero el Ministerio Fiscal recurrió la sentencia y, en apelación, el tribunal revocó la absolución y dictó la condena definitiva en febrero de 2022. Desde entonces, la pena está pendiente de ejecución. Tras la detención en Salou, la defensa de Amador intentó frenar su entrega alegando riesgo de tratos inhumanos en las cárceles moldavas y la existencia de un recurso presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, admitido a trámite en enero de 2023 pero sin resolución a la fecha del auto.
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El proceso judicial en España incluyó la prisión provisional del ciudadano moldavo desde el 16 de septiembre de 2025 y varias audiencias en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía y la defensa presentaron sus argumentos. La Sala de lo Penal determinó que los temores presentados no estaban justificados de manera individual y que el recurso europeo no detiene automáticamente la condena de Moldavia, por lo que se debe llevar a cabo su extradición.
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