Un informe interno de la Brigada de Interior fechado el 18 de marzo de 1981 revela que la Policía llegó a estudiar un asalto armado al Congreso de los Diputados durante el golpe de Estado del 23-F y que los responsables de la operación calcularon que podría provocar entre 80 y 110 muertos. El documento, procedente de los archivos de la Dirección General de la Policía y desclasificado ahora por el Gobierno, recoge estos datos de forma indirecta al alertar de que los autores de un libro en preparación sobre el golpe pretendían divulgar información inédita sobre aquella operación.
El texto se refiere a un proyecto editorial impulsado por el entonces director de Cambio 16, José Oneto —cuyo nombre aparece tachado— y por el jefe de prensa del Ministerio del Interior, que no figura identificado. Según el informe policial, ambos preparaban una obra en la que proyectaban “revelar diversas facetas hasta ahora no divulgadas” sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Entre esas revelaciones figuraba la evaluación de una operación diseñada por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) para recuperar el Palacio del Congreso, ocupado durante horas por guardias civiles sublevados. La intervención fue considerada en los primeros momentos de la crisis, aunque finalmente no se ejecutó.
Un obstáculo decisivo para la intervención
Además del elevado riesgo humano, el informe menciona una circunstancia concreta que contribuyó a frenar la operación. El texto indica que “uno de los aspectos que lo frenó fue el hecho de que” una persona cuyo nombre aparece tachado “permanecería en un despacho inmediato a una de las vías de penetración estudiada”. Las tachaduras impiden identificar a esa persona y dificultan la interpretación completa del documento. La referencia apunta a que la proximidad de uno de los retenidos a una de las rutas previstas para el asalto supuso un riesgo adicional que influyó en la decisión de no llevar a cabo la operación.
El informe confirma que la Policía Nacional —entonces denominada Cuerpo Superior de Policía— llegó a diseñar un plan concreto para desalojar el Congreso por la fuerza, una opción que fue descartada finalmente en favor de la solución que permitió poner fin al golpe en la madrugada del 24 de febrero.
La alerta policial sobre el contenido del libro muestra también la preocupación de las autoridades por la posible difusión de detalles operativos apenas unas semanas después del intento de golpe. Un año más tarde, Oneto publicaría en solitario La verdad sobre el caso Tejero: El proceso del siglo, una obra centrada en el juicio del 23-F que no desarrolló los extremos citados en el informe.
La hipótesis de la ‘Operación Ariete’
El documento incluye además referencias a la interpretación que los autores del proyecto editorial manejaban sobre el origen del golpe. Según el informe, sostenían la tesis de que la intentona militar se basaba en la denominada ‘Operación Ariete’, un plan concebido en la etapa en que Luis Carrero Blanco ocupaba la presidencia del Gobierno.
De acuerdo con la comunicación policial, ese plan constaba de dos fases: la creación de un vacío de poder institucional y la generación de desórdenes de masas que sirvieran de justificación a una intervención militar. El texto añade que la segunda parte no llegó a materializarse plenamente.
En concreto, el informe señala que los desórdenes previstos fueron frenados en Barcelona “pasadas las seis de la madrugada”, cuando se anuló una convocatoria de movilizaciones promovida por Comisiones Obreras y UGT.
Los documentos desclasificados permiten reconstruir también el clima institucional posterior al fracaso del golpe. Los informes policiales reflejan que el Cuerpo Superior de Policía asumió un papel destacado en el seguimiento de los sectores de ultraderecha que justificaban la intentona y en la vigilancia de las iniciativas de apoyo a los militares y guardias civiles procesados.
La documentación revela asimismo tensiones entre cuerpos de seguridad y mandos militares en los meses posteriores al 23-F. Los informes mencionan recelos y desaires entre responsables del Ejército y del Cuerpo Superior de Policía, en un escenario marcado por la desconfianza tras el intento de golpe y por la disputa sobre el control de las investigaciones.
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