Cómo funcionaría el reclutamiento militar obligatorio si España entrara en una guerra: empiezan los jóvenes y debe ser aprobado en el Congreso

El miedo a la guerra crece entre los españoles. El conflicto de Oriente Medio, con Estados Unidos como protagonista y bases militares europeas afectadas, ha hecho que muchas personas lo vean como una realidad mucho más cercana. Lo mismo ocurre con la guerra en Ucrania y la amenaza constante de Rusia a través de drones que entran en espacios aéreos europeos o buques y submarinos en sus aguas. Todo ello lleva al cuestionamiento de si uno mismo puede acabar en una trinchera o en los escombros que deja un bombardeo.

En un supuesto escenario en el que España entra en una guerra, algo todavía lejano e improbable, los militares, como es lógico, serían los primeros en tener que responder. No obstante, conforme la guerra escalase podría ir aumentando el número de personas que son llamadas a filas, sin necesidad de que tengan algún tipo de formación militar. La incorporación obligatoria de ciudadanos a las Fuerzas Armadas en España está regulada por una serie de normativas legales que fijan de manera precisa el orden, los criterios y los procedimientos en caso de movilización.

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El artículo 30 de la Constitución establece el derecho y deber de los españoles a defender España. La Ley 39/2007 de la Carrera Militar es la que determina que el llamamiento a filas sigue una cadena de prioridad, que parte de los reservistas voluntarios y solo contempla la movilización ciudadana tras agotar esa vía. El proceso, que afecta principalmente a los jóvenes de entre 19 y 25 años, requiere la intervención directa del Gobierno y la autorización previa del Congreso de los Diputados.

Voluntarios primero, obligatorios después

La legislación española regula la incorporación a filas. El artículo 123 de esta ley establece que los Reservistas Voluntarios y los Reservistas de Especial Disponibilidad —antiguos militares de tropa— tienen prioridad absoluta. Solo si estos dos colectivos resultan insuficientes para satisfacer la demanda de personal, el Estado puede activar la llamada Reserva Obligatoria. Este mecanismo asegura que la movilización ciudadana solo se utilice como último recurso y en circunstancias excepcionales.

La figura del reservista obligatorio queda definida en el artículo 136 de la Ley 39/2007. Los ciudadanos españoles que podrían ser reclutados son aquellos con edades comprendidas entre los 19 y 25 años. La medida no se dirige a un grupo profesional ni social, sino a la población general dentro de ese rango de edad y sin diferencia entre sexos. Si, tras reclutar a este grupo, siguiese existiendo una necesidad, se ampliaría hasta los 45 años.

La activación de la Reserva Obligatoria está sujeta a un control político estricto. El artículo 139 de la Ley 39/2007 establece que la incorporación de civiles solo es posible tras la aprobación de un Real Decreto por parte del Consejo de Ministros, que debe contar con la autorización previa del Congreso de los Diputados. Esta doble garantía institucional limita la posibilidad de movilización forzosa y otorga al Parlamento la decisión final sobre la activación del mecanismo.

El desarrollo reglamentario de la reserva queda recogido en el Real Decreto 383/2011, que regula los procedimientos relacionados con la incorporación. El decreto exige que los potenciales movilizados superen reconocimientos médicos que verifiquen su aptitud física y psíquica para el servicio militar. El sistema es una herramienta preventiva, alineada con la tendencia europea hacia ejércitos profesionales y reservas voluntarias.

Pena de cárcel por no defender al país

Negarse a acudir al ejército tras un llamamiento legal en España es un delito que puede llevar a penas de cárcel. Si eres un civil convocado como reservista obligatorio y no te presentas tras la autorización oficial, puedes recibir una pena de hasta tres años de prisión y quedar inhabilitado para trabajar en la administración pública.

La única opción legal para no combatir es la objeción de conciencia, que implica un servicio civil alternativo obligatorio, como ser destinado a protección civil o un hospital. Si ya eres militar, las sanciones son mucho más duras. La deserción o la desobediencia en tiempos de guerra pueden suponer de cinco a 15 años de cárcel y la ausencia injustificada más de 24 horas puede castigarse con entre tres y 10 años de prisión.