
El Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno, cumple en 2026 medio milenio de vida. Miles de asuntos pasan por este organismo. Si un ciudadano o una empresa reclama una indemnización por el mal funcionamiento de la Administración, el Consejo de Estado debe emitir un dictamen, no vinculante pero que pesa mucho en la decisión final. También, por ejemplo, si una persona quiere rehabilitar un título nobiliario porque cree que le pertenece. El Consejo tiene un presidente elegido por el Gobierno (hoy es la ex ministra Carmen Calvo), nueve consejeros y un secretario. Los consejeros son nombrados de por vida, llamados “permanentes”.
La presidenta Calvo tiene una retribución bruta anual de 97.323,72 euros. Pero los consejeros tienen rango de Secretario de Estado, por lo que perciben un salario de 134.446,24 euros, según los últimos datos publicados de 2026. También cuentan con derecho a secretaria y coche oficial, con chófer. Todos tienen un reconocido perfil jurídico y una larga trayectoria. Forman parte del Consejo, por ejemplo, la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega o el ex jefe de la Casa del Rey Alberto Aza. Los nueve consejeros y la presidenta suman entre todos 789 años de edad, con una media de 79 años. Hay uno, José Luis Manzanares Samaniego, que tiene 96 años.
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Para ayudarles en su trabajo, principalmente reunirse y aprobar los informes, cuentan con un equipo de 32 Letrados del Estado, 64 funcionarios del Subgrupo A1, del Subgrupo A2, del Subgrupo C1 y del Subrgrupo C2. También con 13 funcionarios eventuales y nueve catalogados como personal laboral. Según la última memoria disponible, el organismo gasta 11,4 millones de euros al año en salarios.
El carácter vitalicio de estos consejeros es una excepción. “¿Cómo llegó la democracia a crear una figura vitalicia solo comparable a la monarquía?”, se pregunta el periodista y escritor Rafael Méndez, que disecciona esta institución en su libro ‘Los dueños del Estado’ (Península) y recuerda que fue en la Transición cuando se decidió que estos cargos fueran vitalicios, una condición que había eliminado Franco. Méndez señala que “hay consejeros que se han muerto en el cargo. Y además hay un dicho: jamás enferman y rara vez mueren, porque tienen una longevidad tremenda”.
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Para cuidar su salud, y la de todos los trabajadores de la institución, el Consejo está licitando actualmente un contrato para contar “con un servicio de asistencia profesional médica”, en concreto en la “especialidad de medicina general y de familia”. El servicio consistirá en la asistencia de un facultativo “que pasará consulta un día a la semana y durante tres horas, todos los martes del año, en horario de 10 a 13 horas. En caso de no ser posible alguno de esos días, se pasará la consulta a otro día acordado por el Consejo de Estado con la suficiente antelación”, explica la memoria justificativa del contrato.
60 euros por hora de consulta
El único mes en el que no habrá consultas será en agosto. El contrato, por un año, está valorado en 14.312 euros, aunque con las sucesivas prórrogas, tres, el coste se puede ir a los 57.200 euros. El Consejo de Estado está dispuesto a pagar un máximo de 60 euros por hora de consulta. “El adjudicatario realizará todas aquellas funciones que le habilita su titulación: consulta médica; valoración, diagnóstico y tratamiento de patologías comunes; seguimiento de enfermedades crónicas; control y seguimiento de factores de riesgo; programas de prevención de enfermedades prevalentes”, señala el pliego.
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El personal beneficiario de este servicio será todo aquel que desempeñe sus funciones en este organismo. “Asimismo, el adjudicatario deberá atender aquellas eventuales urgencias que se pudieran producir con personas que se encontraran en el edificio”. Un portavoz del Consejo señala a Infobae que este nuevo contrato es una renovación de un servicio que se viene prestando en la institución desde el año 2012, aunque en el portal del contratante del Consejo no aparece ningún contrato previo a este. Sí hay, en cambio, un contrato de servicio de enfermería que se formalizó en junio de 2025 por un año, y por valor de 12.722 euros, que no requería la presencia de un médico.
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