La Seguridad Social ha registrado una disminución de casi 139.000 trabajadores afiliados en el Sistema Especial Agrario entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y consultados por Europa Press.
Las cifras absolutas del empleo agrario han pasado de superar los 811.000 afiliados medios en 2018 a situarse en 672.439 al cierre de 2025, lo que representa una pérdida acumulada de 138.842 trabajadores en este sector. Sólo en el último año, la reducción ha sido de 19.167 ocupados (-2,8%). La patronal CEOE relaciona esta dinámica con la evolución del SMI, que ha subido un 61% entre 2018 y 2025, creciendo de 735 euros a 1.184 euros mensuales en 14 pagas, y que en 2026 ha experimentado un nuevo aumento, hasta los 1.221 euros mensuales. Según el informe de panorama económico de la organización, la pérdida de empleo podría estar vinculada “a la notable subida del SMI en los últimos años”, incremento que cuantifican en un 83,5% desde 2014 hasta 2025.
Los sindicatos no creen que ese sea el motivo. El retroceso del empleo en el campo español responde, en gran medida, a factores estructurales y a transformaciones profundas del sector, que los expertos atribuyen a diversas causas. El encarecimiento de los costes, la escasa rentabilidad de los productos y el avance de la mecanización —que ha disminuido la demanda de mano de obra tradicional— se combinan con el envejecimiento de la población activa y la falta de reemplazo generacional.
Adicionalmente, las condiciones meteorológicas adversas, como sequías e inundaciones, junto con la presión competitiva derivada de importaciones y prácticas consideradas desleales por los productores nacionales, han afectado de forma negativa a los precios del sector agrícola. Todos estos elementos explican el declive de un sector que, año tras año, ha visto mermada su base laboral.
El empleo del hogar también retrocede
Los afiliados registrados en el Sistema Especial del Hogar también han caído en 67.600 en los últimos siete años.
La patronal destaca la paradoja que supone que, a pesar del creciente requerimiento de personal doméstico para el cuidado tanto de menores como de mayores y para labores domésticas, el número de afiliados ha continuado decreciendo. Según los empresarios, la revalorización del empleo doméstico, motivada tanto por la subida del SMI como por el refuerzo de los derechos laborales, ha supuesto un aumento de los costes de cotización para los empleadores. No obstante, los sindicatos recuerdan que se han implementado bonificaciones y reducciones en las cuotas para los contratantes.
Desde organizaciones como USO, se plantea que la reducción aparente podría no reflejar una caída real del empleo, sino un aumento del trabajo no declarado. Según recoge Europa Press, estos sindicatos consideran plausible que muchas trabajadoras del hogar continúen su actividad cobrando en dinero negro y, por tanto, sin alta en la Seguridad Social ni protección social asociada.
La reforma de 2022 ha supuesto avances normativos como el derecho para los empleados domésticos a percibir prestaciones por desempleo tras la extinción del contrato, con la consiguiente obligación de cotizar por este concepto desde octubre de ese año.
*Con información de Europa Press
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