El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este lunes un paquete de medidas para proteger al sector agrario español frente al impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, en plena semana de protestas del campo y con nuevas movilizaciones y tractoradas convocadas en distintos puntos del país. El ministro ha defendido que el Gobierno activará mecanismos de protección específicos para evitar que el sector primario español se vea perjudicado por la apertura comercial.
Durante una entrevista en el programa La Mirada Crítica, de Telecinco, Cuerpo ha afirmado que el Ejecutivo es consciente del malestar del sector y ha subrayado que el campo “nunca va a ser una moneda de cambio en ningún acuerdo en materia comercial”.
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Las declaraciones llegan en un contexto de fuerte tensión social en el ámbito agrario, con organizaciones de agricultores y ganaderos movilizadas contra el acuerdo UE–Mercosur por el temor a una competencia desleal, la entrada masiva de productos extracomunitarios y la presión adicional sobre los márgenes de rentabilidad del sector primario español. Las protestas se concentran esta semana, entre el 26 y el 30 de enero, con convocatorias de tractoradas, cortes de carreteras y concentraciones en varias comunidades autónomas.
Medidas de protección anunciadas por el Gobierno
El ministro ha detallado un conjunto de instrumentos de protección que, según ha explicado, acompañarán la aplicación del acuerdo comercial. Entre ellos, ha citado el refuerzo de los controles fronterizos: “Hay un elemento de refuerzo de los controles en frontera para que los productos que entran cumplan con los mismos requisitos que les exigimos a los que se producen en España”.
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También ha anunciado mecanismos automáticos de protección del mercado interior: “Hay un elemento adicional de cuotas o de salvaguardias que se activan si es que los productos que están entrando afectan de manera negativa a nuestro sector primario”.
A estas medidas se suma un instrumento económico directo de compensación: “Además, se ha establecido un fondo de ayudas para aquellos productores que puedan verse perjudicados”, ha añadido.
Cuerpo ha insistido en que el Ejecutivo no contempla el sector agrario como una pieza negociable dentro de la política comercial europea y ha señalado que el objetivo es blindar la viabilidad económica del campo español ante el nuevo escenario de apertura de mercados.
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El acuerdo UE–Mercosur y el rechazo del sector agrario
Las declaraciones del ministro se producen en un momento de movilización creciente del sector agrario en España. Organizaciones profesionales agrarias como ASAJA, COAG y UPA han intensificado las protestas contra el acuerdo, con tractoradas, cortes de carreteras y concentraciones, alertando del impacto que podría tener la entrada de productos procedentes de países de Mercosur en precios, costes de producción y competencia en condiciones desiguales. Las movilizaciones se están produciendo también en otros países de la Unión Europea, donde el sector primario ha expresado su rechazo al pacto comercial.
El sector denuncia que los productores europeos están sujetos a normativas medioambientales, laborales y sanitarias más estrictas que las de los países exportadores, lo que, a su juicio, genera una competencia asimétrica que pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
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Negociación del presupuesto agrícola
Además de las medidas internas, Cuerpo ha situado el debate en el marco europeo y ha vinculado la protección del sector primario a la política presupuestaria comunitaria. “Estamos negociando en el marco del nuevo presupuesto de la Unión que incremente el presupuesto que la Unión dedica a un elemento fundamental para nuestra soberanía como es la agricultura y el sector primario”, ha asegurado el ministro.
El Gobierno busca así combinar instrumentos comerciales, mecanismos de defensa del mercado interior y financiación europea como parte de una estrategia de contención del conflicto agrario. El acuerdo UE–Mercosur se encuentra aún pendiente de ratificación definitiva en el ámbito europeo, en un contexto de debate político e institucional sobre su impacto económico y social.
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